Reconstrucción: Las 72 horas de vértigo que llevaron Catalunya a unas nuevas elecciones

"La legislatura dura cuatro años y, por lo tanto, habrá elecciones en febrero de 2025". Esta declaración es del president Pere Aragonès y sale publicada en una entrevista el domingo pasado. Una semana antes, en EL PERIÓDICO, expone lo mismo: "Serán en febrero de 2025". No es sorprendente, es su obsesión desde el principio de su mandato: ser el primer president en 15 años que consigue agotar una legislatura. Esa es la estabilidad que considera que Catalunya necesita. Sin embargo, el domingo 10 de marzo, Aragonès ya lleva unos días barruntando la idea de adelantar los comicios. Las negociaciones de los presupuestos de los Comuns están estancadas y en el Palau de la Generalitat empiezan a temerse lo peor. Sin cuentas, no tiene sentido agonizar hasta 2025. En este punto empiezan las 72 horas en las que Catalunya cambió unos presupuestos de 44.000 millones, los más altos hasta la fecha, por unas elecciones anticipadas. Las quintas desde 2010.

El domingo marca un punto de inflexión en la negociación, al menos en la plaza de Sant Jaume. El Govern ya es entonces pesimista, pero la sensación se agrava cuando escucha las palabras de la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, en un acto de partido: "Un presidente no se esconde en excusas, un presidente no centrifuga responsabilidad, un presidente lidera y ejerce la soberanía". Desde el principio de la negociación, el problema entre el Govern y los Comuns ha sido el futuro del complejo turístico del Hard Rock en el Camp de Tarragona. El lunes se reúnen los dos equipos negociadores. Los Comuns, tras consultar con abogados, han trasladado al Govern que poner fin al casino tendría un coste de entre 5 y 10 millones de euros por los derechos adquiridos hasta ahora de los promotores. Lo consideran asumible. El Govern descarta frenarlo porque cree que la indemnización sería mayor, y lanza una última oferta: que acepten el Hard Rock a cambio de subir su fiscalidad. De los impuestos depende parte de la viabilidad del proyecto.

Aragonès y Albiach se enrocan con el Hard Rock y dejan los presupuestos al borde del precipicio

Los Comuns reciben la propuesta por escrito el martes al mediodía. El Govern propone, fundamentalmente, dos cosas: un decreto para restringir el sector del juego -máquinas recreativas, apuestas y salones de juego-, y una ley para "modificar el tipo impositivo de los casinos". Es un compromiso para cambiar la norma de 2014 que estableció que el nuevo casino de Vila-Seca y Salou pagaría solo un 10% de fiscalidad, en lugar del 55%. Una fiscalidad a medida. Para el Govern la oferta es una "pista de aterrizaje" aceptable para la otra parte. Para los Comuns, una propuesta "inaceptable". El problema es que en los documentos no aparece ninguna cifra sobre cuánto aumentaría la fiscalidad, ni tampoco la garantía de que el PSC, el otro actor en la negociación y defensor del Hard Rock, acepte aprobarlo en el Parlament. El Govern, antes de trasladar la oferta, la consulta con los socialistas. El PSC da el visto bueno, pero tampoco concreta. "Estudiarlo podemos estudiarlo", traslada un interlocutor socialista a la Generalitat. Subir la fiscalidad, sí, asumir una cifra concreta, no. "No nos dais margen", replica una persona de los Comuns.

La llamada de Aragonès a Díaz

El martes por la tarde, Aragonès cita Albiach en la Generalitat. Su jefa de gabinete la convoca por mensaje. Última intentona. En el Palau, el president le entrega un último documento. Asume la creación de un "grupo de trabajo" que haga un "estudio independiente" y una "propuesta de fiscalidad del juego". Los Comuns siguen sin ver una cifra y mantienen la negativa.

Por la noche, el presidente aún hace un último movimiento: llama a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. "No le pedimos nada, pero le informamos de la situación", explica una voz de Palau. La esperanza es que la vicepresidenta interceda y convenza a los Comuns -su marca política en Catalunya- de que, sin presupuestos catalanes, tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado. Que la legislatura en el Parlament quedará tocada, pero la del Congreso también. Díaz informa de la llamada a sus compañeros catalanes, lo que empeora la decepción de los Comuns con el Govern. Todo está roto.

El botón electoral

El miércoles a las 9 horas hay pleno del Parlament y una hora antes se reúne la ejecutiva de ERC. Toman la palabra Aragonès, Marta Rovira y Oriol Junqueras y piden "todo el apoyo" para la decisión que tome el president. En el pleno, el acuerdo se da por imposible. Aún hay algún intercambio de 'whatsapps' entre la parte del Govern -Natàlia Mas, Laura Vilagrà y Núria Cuenca- y la de los Comuns -Jéssica Albiach, David Cid y Joan Carles Gallego-, pero todos en vano. En el despacho del president en el Parlament hay trasiego, entre ellos el viceconseller y estratega electoral de Aragonès, Sergi Sabrià. La decisión ya está tomada. Adelantar las elecciones nunca fue el plan a, pero se considera un buen plan b. Una voz republicana lo resume así: "Para nosotros no es lo ideal, pero sin presupuestos es el mejor escenario". Junts no tiene un candidato claro -Carles Puigdemont sigue en Bélgica- y se considera que el PSC, entre la amnistía y el caso Koldo, no está en su mejor momento.

Por la tarde, Aragonès convoca a los consellers a una reunión extraordinaria en el Palau de la Generalitat. De forma excepcional, concede un turno de palabra a cada uno de ellos. La reunión se alarga algo más de lo previsto -hay algún conseller que se extiende-, pero no hay vuelta atrás. A las 17.17 horas comparece desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat: "Para continuar mirando al futuro con toda la fuerza que necesita la ciudadanía de Catalunya, he decidido convocar elecciones al Parlament para el próximo 12 de mayo". Dos horas después Pedro Sánchez renunciaba a presentar sus presupuestos.

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