Decreto catalán

Pisos turísticos: ¿qué cambia con la nueva regulación aprobada por el Parlament?

El Govern pacta con el PSC que cada municipio decida el tope de pisos turísticos

La presión de los pisos turísticos en el Pirineo: "Hay trabajadores viviendo en autocaravanas"

Los vecinos del edificio de la calle Tarragona 84 se manifiestan contra los pisos turísticos

Los vecinos del edificio de la calle Tarragona 84 se manifiestan contra los pisos turísticos / JORDI OTIX

Agustí Sala

Agustí Sala

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Una de las novedades de la regulación de los pisos turísticos aprobada por la Generalitat atañe a la licencia para ejercer esta actividad. Este permiso, que de mera comunicación pasa a licencia urbanística por cinco años prorrogables, dejará de ser permanente. La norma, que deberá aprobarse antes del 31 de marzo, establece un régimen transitorio de cinco años para los propietarios de este tipo de pisos ya existentes para pedir la licencia.

Un acuerdo in extremis del PSC con ERC ha salvado esta normativa, pero con algunos cambios y tramitación como proyecto de ley para incorporar modificaciones. Estos cambios son la supresión de la ratio que limitaba su autorización a 10 pisos por cada 100 y lo circunscribe a los municipios con precios de la vivienda tensionados, que bajan de los 262 iniciales a 140, donde, además los ayuntamientos tendrán más margen de actuación para establecer normas adecuadas a su modelo urbanístico y turístico.

La de los pisos turísticos es una cuestión que afecta especialmente a Barcelona, donde ya hace años que no se conceden nuevos permisos y hay unos 9.000. Pero no es solo en la capital catalana y alrededores donde estos pisos y viviendas han provocado malestar.

Clamor en el Pirineo

La Diputación de Lleida, junto a representantes de ayuntamientos, entidades como los sindicatos UGT y CCOO y empresarios del sector hotelero, presentaron un manifiesto que exige la "regulación efectiva de las viviendas de uso turístico" en los municipios del Pirineo. "Tenemos a trabajadores viviendo en autocaravanas, a familias arraigadas en el territorio que ven cómo no les renuevan el contrato de alquiler porque quieren transformar la vivienda en la que habitan en piso turístico", denunciaba el alcalde de Viella (Vall d'Aran), Juan Antonio Serrano. La localidad no está entre los municipios afectados por la nueva regulación pero se acogerá a ella, según el PSC, cuyo alcalde es del partido.

La nueva regulación provoca que los propietarios con viviendas con estos usos que no logren la nueva licencia deberán cesar la actividad y, a lo sumo, podrán reclamar una compensación en función de lo invertido para alquilarlo. El acuerdo al que el PSC ha llegado con ERC en el Parlament circunscribe el coto a las licencias solo a los municipios tensionados, que son unos 140, en vez de las 262 que estaban previstas; y de deja en manos de cada ayuntamiento el tope a este tipo de actividades para que pueda decidir en función del modelo turístico y urbanístico que desee. Esta era una reivindicación de las localidades costeras, que dependen más del turismo.

Salou, Cambrils, Santa Susanna y Palafrugell

Hay cuatro municipios costeros y turísticos que superan la ratio del 10% que ahora deja de ser un requisito. Se trata de Salou y Cambrils, en la Costa Daurada; Santa Susanna, en el Maresme; y Palafrugell, en la Costa Brava. En todo caso, los consistorios que no queden cubiertos por la norma y deseen aplicarla podrán hacerlo voluntariamente.

El Govern estableció que en 47 municipios se superaba el límite de 10 pisos por 100 habitantes, y que 28.000 pisos tendrían que perder la licencia para que se respete la restricción. Eso suponía 28.000 del total de 102.000 que hay en Catalunya y de los 95.000 que había en los municipios afectados por el decreto. Ahora se reduce sustancialmente el número de localidades, que baja a 140.

En principio, la nueva norma debía ser en función de dos criterios: presentar dificultad de acceso a la vivienda y contar con una concentración de pisos de uso turísticos de más de cinco por cada 100 habitantes. Ahora solo quedan los 140 que padecen la primera situación, es decir, los precios tensionados de la vivienda y que son en los que se pueden poner topes a los alquileres.

De los 262 municipios afectados inicialmente, 85 ya han aplicado algún tipo de regulación para frenar el incremento de licencias de piso turístico, cada uno a su manera: 54 con tramitación urbanística y 31 por la vía de las ordenanzas.

Competencia y sectores empresariales

La norma inicial había provocado controversia. Hace unos días, la Autoridat Catalana de la Competència (ACCO) dio un tirón de orejas al Govern pese a dar el visto bueno al texto. Por su parte, la patronal de apartamentos turísticos Federatur alertaba de que la normativa suponía un "un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas". Numerosas asociaciones empresariales se sumaron a una denuncia conjunta contra la regulación decidida por el Govern.

Recordaban que Catalunya cuenta con un total de 102.798 viviendas de uso turístico, lo que equivale a 574.591 plazas, cerca del 40% de las que tiene en total la comunidad. "Estas viviendas de uso turístico representan un 2,5% del parque total de vivienda de Catalunya, una proporción tan baja que en ningún caso puede tener incidencia en la falta de vivienda", denunciaban. Y detallaban con el ejemplo de la capital catalana: "El ejemplo más significativo es el caso de Barcelona, donde las licencias para nuevas viviendas turísticas están congeladas desde 2014, lo que hace imposible su responsabilidad en el actual incremento de precios en la ciudad".

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