El sistema eléctrico registrará un déficit de tarifa de 1.500 millones en 2020

El sistema eléctrico registrará un déficit de tarifa en 2020 de 1.500 millones de euros, según las previsiones que recoge el anteproyecto de ley que da inicio a la tramitación de un fondo verde para financiar el sistema.

Será el segundo año consecutivo que se incurra en déficit, tras el año 2019 cuando se registró por primera vez desde el año 2013 unos ingresos inferiores a los costes que dejaron un saldo negativo de 527,7 millones de euros, según el último informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La explicación a este desequilibrio de 2019 y de 2020 se debe a la reticencia a una subida de los peajes eléctricos, congelados desde el año pasado, unidos a una caída de la demanda y el auge de las medidas de eficiencia que provocan menos ingresos en las cuentas pero los mismos gastos. Y hay uno especialmente notable: los más de 7.000 millones de euros por los incentivos a las renovables que se incluyen en el recibo de la luz.

Este año y parte del que viene, la diferencia en las cuentas se absorberá con parte del superávit acumulado en los años de bonanza eléctrica (de 2014 a 2018) gracias a una ‘hucha’ que asciende a 1.000 millones de euros. El superávit acumulado realmente es de 1687,5 millones de euros, pero hay que eliminar de esta cuantía los 650 millones de euros utilizados en procesos judiciales e inversiones renovables. 

La ley del sector eléctrico prohíbe destinar los excedentes acumulados a cubrir el déficit que se produzca cada año y solo permite utilizarlo para amortizar la deuda pendiente. Sin embargo, en junio el Gobierno modificó la ley para destinar ese remanente en los déficits que se generaran, tanto en 2019 como en 2020.

Pero el dinero de esa ‘hucha’ eléctrica es finito y no dará para cubrir ambos déficits. Esta es una de las principales razones por las que el Ejecutivo ha decidido dar un cambio a su financiación, eliminando del recibo eléctrico el pago de las primas a las renovables, esos 7.000 millones de euros, para que sean las empresas energéticas quienes abonen esta cuantía.

De esa manera, aligera el precio del recibo de la luz, y soluciona al menos temporalmente el problema financiero. Según el Ejecutivo, de mantenerse el sistema actual, la parte regulada del recibo de la luz se incrementaría el año que viene en cerca del 15% para las pymes, un 10% para la industria y los consumidores domésticos y un 7% para la gran industria electrointensiva.

15 años de déficit

No es la primera vez que España incurre en déficit eléctrico, ni mucho menos. En 2014 se abrió un periodo de cinco años de superávit hasta el 2018, pero fue después de 15 años consecutivos de déficit, desde 2000 a 2013, se llegó a acumular una deuda de 27.000 millones de euros que ahora forma parte de otro de las partidas incluidas en ese cajón de sastre en el que se ha convertido el recibo de la luz. A finales de 2019, todavía faltaban por pagar 16.602 millones de euros de esa deuda. Este año los usuarios españoles pagarán 2.721,6 millones para amortizarla. En concreto, 93,8 euros cada uno, ‘escondidos’ dentro de los cargos en el recibo de la luz.

La reforma realizada en 2012 y 2013 para abordar el déficit tarifario se basaba en la existencia de un contexto de altos precios de la electricidad en el mercado, una elevada participación de las tecnologías contaminantes en el mix de generación y crecimientos sostenidos de la demanda. Tres circunstancias que permitían obtener los recursos suficientes para equilibrar los ingresos y costes del sistema eléctrico sin necesidad de elevar los precios regulados de los peajes de acceso, pero que ahora han desaparecido con la transformación energética.

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