Querella en Igualada
La fiscalía acusa a un empresario agrícola de destruir dos yacimientos arqueológicos en Anoia
Unos movimientos de tierra para cultivar provocaron también el derribo de tres masías catalogadas en las poblaciones de Jorba y Argençola
Cae una banda que 'blanqueó' 71 piezas arqueológicas expoliadas para venderlas en una galería de Barcelona
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella en los juzgados de Igualada contra el administrador de una empresa agraria, propietaria de una finca, por destruir dos yacimientos arqueológicos y provocar el derribo de tres masías catalogadas en los municipios de Jorba y Argençola (Anoia), a causa de los movimientos de tierra que se efectuaron al arar y labrar por primera vez una zona para cultivar (roturaciones), según el escrito al que ha podido acceder EL PERIÓDICO. La acusación pública le imputa un delito continuado contra el patrimonio histórico y otro de expolio de yacimiento arqueológico. No es habitual que se presenten querellas de estas características.
Los yacimientos del Poblat d'Albarells y del Fornot de Cal Riquer han sufrido "daños irreversibles"
La finca del querellado, L. R. T., está gestionada mediante la regulación sostenible de los terrenos forestales. El Centre de Propietat Forestal en 2015 autorizó una serie de actuaciones de roturación, aunque dos años después las disminuyó. Como existían en esa zona dos yacimientos arqueológicos, el de Poblat d'Albarells, donde hay restos de un poblado de la Edad de Bronce y del Hierro, y el del Fornot de Cal Riquer (necrópolis medieval), en Jorba, el Servicio de Arqueología y Pa leontología de la Generalitat consideró “imprescindible” la realización de un estudio de afectación al patrimonio cultural para valorar la viabilidad de las actuaciones programadas en su entorno. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat, por su parte, estableció condiciones adicionales para proteger esos yacimientos y tres masías, dos de ellas en Argençola, protegidas por razones históricas.
El fiscal sostiene que el querellado "tenía conocimiento fehaciente de las condiciones impuestas por la Administración para llevar a cabo la roturación de las tierras"
Estas dos comunicaciones fueron recibidas en la empresa del querellado y, por lo tanto, y según la fiscalía, este "tenía conocimiento fehaciente de las condiciones impuestas por la Administración para llevar a cabo la roturación de las tierras". Sin embargo, en febrero de 2021 se llevó a cabo una prospección arqueológica superficial en los dos yacimientos, en cumplimiento de la resolución de la Generalitat, y se descubrió que ambos "han quedado destruidos por el movimiento de tierra y actualmente hay campos de cultivo". Y las masías de Gardell (Jorba) y de Can Galí y Cal Joan Jepet (Argençola) estaban derribadas.
Daños irreversibles
Según la fiscalía, los trabajos forestales que llevó a cabo el querellado "se han ejecutado sin previa y preceptiva intervención arqueológica preventiva". Las labores realizadas, subraya, han afectado a ambos yacimientos, habiendo "desaparecido" en el de Fornot de Cal Riquer los restos de tres tumbas excavadas en la roca y alterado los márgenes de la finca, donde podían quedar restos de las edificaciones del poblado.
La querella precisa que los movimientos de tierra ejecutados por el querellado "han comportado daños irreversibles para el patrimonio cultural de carácter histórico-arqueológico y arquitectónico". Los estropicios causados en los yacimientos, incide el fiscal, "implican la pérdida de contexto histórico", con la consiguiente "imposibilidad de acceder a los datos científicos que podrían haberse obtenido a través de un estudio técnico". Los costes para reparar los daños a esos yacimientos se han cuantificado en 14.000 euros.
Sobre las masías catalogadas, recalca que su destrucción "supone una pérdida irreparable para el patrimonio cultural, al imposibilitar el estudio histórico de las mismas y de sus elementos singulares"
Para la fiscalía, el querellado "incumplió consciente y deliberadamente" las condiciones impuestas por el Departament de Territori, ejecutando movimientos de tierra sin "esperar al previo y preceptivo estudio de afectaciones al medio cultural".
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