Luz verde al nuevo modelo de subastas renovables que se celebrarán este año

El Gobierno sigue adelante con las reformas guardadas en un cajón cuando el coronavirus paralizó la actividad economía en todo el país. Una de las principales es su férrea apuesta por la transición energética. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo decreto ley de medidas energéticas con el que se dispone a pinchar la burbuja renovable, como adelantó el sábado EL PERIÓDICO. Una nueva norma con la que también da vía libre a un nuevo modelo de subastas verdes que permitirá trasladar al consumidor el ahorro de las renovables. 

En el nuevo sistema de pujas gana el que ofrezca el mejor precio fijo a largo plazo por la energía generada con el objetivo, no solo de fomentar la instalación renovable, sino también de reducir el precio de la electricidad y, así, bajar la factura. "Este sistema permite trasladar al consumidor de forma directa los ahorros que supone producir electricidad renovable y, además, garantiza previsibilidad y estabilidad de ingreso a los inversores", defendió la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su comparecencia tras la reunión de ministros.

Con este modelo, Ribera da carpetazo al sistema de Álvaro Nadal (anterior ministro de Energía) que fue "concebido y diseñado pensando que generar un kilovatio-hora de renovable costaba más que el precio con el que se vendía en el mercado". Pero la situación actual es justo la contraria. Las nuevas convocatorias "deberán estar orientadas a la eficiencia en los costes" y se podrá distinguir entre distintas tecnologías en función de sus características técnicas, tamaño, gestionabilidad, o madurez tecnológica, entre otros. 

No obstante, el Ejecutivo todavía debe sacar a consulta pública su regulación, para en los próximos meses aprobar la orden ministerial con las características específicas de la próxima subasta que prevé poner en marcha antes de finalizar el año, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Superávit eléctrico

La nueva norma también habilita al Gobierno a tirar de la hucha de alrededor de 1.000 millones  generada con los superávits acumulados por el sistema eléctrico. El objetivo es garantizar la liquidez de las eléctricas en los ejercicios del 2019 y el 2020, cuando se prevé que se produzcan déficits. Este año, la cuenta será negativa por el impacto del covid-19, con una caída de la demanda eléctrica del 20% durante el confinamiento. 

Además, está fórmula evita engordar más la deuda. El recibo de la luz es un complejo cúmulo de cuantías que incluye, además del precio de la electricidad, la deuda del sistema eléctrico acumulada durante 14 años (hasta 2014) y que se eleva a más de 16.000 millones. En el 2014 se inició una senda de superávit hasta el 2018 y se generó una hucha que debe servir para pagar la deuda, pero que ya en otras ocasiones ha servido a otros fines.  

El Gobierno no descarta modificar el sistema para que sea más eficiente en el futuro. "Creemos que con esto estamos haciendo una gestión responsable sin trasladar al consumidor el sobrecoste provisional mientras seguimos de cerca cómo funciona el sistema eléctrico y si es necesario ir incorporando medidas estructurales para la transformación del modo con el que cubrimos los costes fijos”, ha explicado Ribera.