Trabas judiciales dejan en vilo a 216 doctorandos en Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplazado hasta el 14 de abril el juicio sobre la duración de los contratos de doctorado en Catalunya, que estaba previsto para este martes por la mañana. Esta decisión deja en suspenso la continuidad laboral de unos 216 jóvenes investigadores, cuyos contratos se acaban el 31 de marzo.

Si el tribunal hubiera dictaminado a favor de los doctorandos, esos contractos -las denominadas ayudas FI de la Generalitat, que tienen una duración de tres años- se habrían extendido hasta un cuarto año. Así lo establece el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), una ley estatal que el Govern y las universidades catalanas consideran que no se aplica a sus contratos.

Falta de una prueba

El aplazamiento fue solicitado el lunes por Mireia Bazaga Laporta, la abogada de los doctorandos demandates, representados por el sindicato CGT. Bazaga ha explicado que las universidades y la Generalitat no han aportado una prueba que considera fundamental: la lista completa de contratos vigentes susceptibles de ser extendidos en los próximos años, que el sindicato estima en unos 1.200.

También se interpuso otra traba: una demanda de las universidades con el mismo objeto que la de la CGT (es decir, definir si el cuarto año de contrato es obligatorio o no). Las universidades no dirigieron esta demanda a la CGT, sino a los sindicatos con más representación, CCOO y UGT.

Fuera del tribunal, la CGT y el colectivo que representa, Doctorandes en Lluita, han acusado a las universidades y el Govern de entorpecer el juicio. "[El aplazamiento] es una medida para ganar tiempo, pero nosotros no pararemos. Tienen una oportunidad más para [hacernos caso y] no alargar el juicio", ha dicho Alejandro Ramos, joven investigador de Doctorandes en Lluita.

El abogado de las universidades catalanas, Paco Carretero, ha negado rotundamente esa interpretación. "Nosotros no hemos pedido la suspensión; lo ha hecho la CGT. Estamos interesados en que se aclare lo antes posible si la extensión al cuarto año es obligatoria y automática o no", ha afirmado Carretero.

Según el letrado, las universidades estarán en su derecho si se niegan a extender los 216 de contratos que acaban en marzo. En una vista previa del juicio, la sala negó la petición de la CGT de que se prorrogaran todos los contratos de forma automática durante la espera de la sentencia.

56 contratos en la UB

De hecho, el aplazamiento afectará casi seguramente a otros 56 contratos de tres años, propios de la Universitat de Barcelona, que se terminan el 30 de abril. Por otra parte, 40 contratos FI de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que terminan el 31 de marzo sí deberían extenderse porque esta universidad es la única que ha adoptado los estándares del EPIF.

El estatuto se aprobó en el 2019, casi una década después de la ley de la ciencia del 2011, que ordenabaa su redacción. Sin embargo, el Gobierno se blindó ante los gastos adicionales para cumplirlo, que corren a cargo de comunidades autónomas y universidades. Estas se niegan a pagar. Doctorandes en Lluita se constituyó para protestar ante esto en Catalunya, donde más abundan los contratos doctorales de tres años.

No está claro si la extensión al cuarto año es automática. Fuentes del Ministerio de Ciencia afirmaron que es facultativa, mientras el Síndic de Greuges recomendó que fuera obligatoria. 

El Govern ha cambiado de posición sobre el hecho de que los contratos catalanes duran menos que los estatales (los del Ministerio de Ciencia, llamados FPI, duran cuatro años). Al principio defendió su modelo de tres años pero luego alegó falta de recursos.