La precariedad de los jóvenes investigadores se enquista en Catalunya

Los doctorandos - jóvenes investigadores que se encuentran en fase de elaboración de su tesis doctoral - podrían quedarse con la miel en los labios en Catalunya. La Generalitat y las universidades se niegan a aplicarles algunas de las mejoras laborales que el Gobierno español aprobó en marzo del 2019, por medio del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

Son pequeños avances: una escueta subida de sus salarios mileuristas; menos horas de clase a impartir; y la prórroga de sus contratos de tres a cuatro años, para acabar la tesis sin tener que trabajar gratis.

Las primeras dos medidas se están aplicando de forma distinta en cada universidad, a veces con descuentos. En cuanto a la prórroga que les permitiría asegurarse 12 meses más de tiempo para la investigación, y de paso de sueldo, la Generalitat y casi todas las universidades catalanas se niegan a concederla.

Decreto sin presupuesto

El Gobierno promulgó el EPIF escasas semanas antes de las últimas elecciones generales. Eso es, ocho años después de la aprobación de la ley de la ciencia del 2011, que ordenaba la redacción de ese estatuto. El real decreto del EPIF explicita que su aplicación no debe suponerle al Estado ningún gasto adicional. Fuentes del Ministerio de Ciencia afirman que son las comunidades autónomas las que deben desembolsar los costes adicionales. La Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat afirma que, para los contratos vigentes, incurrir en estos gastos es asunto de las universidades y centros de investigación.

"El gobierno español no incrementa el gasto, la Generalitat tampoco y las universidades dicen: pues no lo aplicamos. Es cierto que hay infrafinanciación, pero esto no puede recaer en los trabajadores más precarios", denuncia Alejandro Ramos, doctorando en bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro de Doctorands en Lluita. Este colectivo ha protagonizado sonadas protestas en los últimos meses y ha empezado una serie de huelgas parciales, cada semana en una universidad distinta.

1.225 doctorandos

En Catalunya, hay al menos 1.225 doctorandos con contratos de tres años. De ellos, 92 los agotarán este 2019 y otros 295 lo harán en el 2020. Estos números son una estimación de mínimos, basada en el análisis de las principales convocatorias doctorales catalanas. La estimación forma parte de una demanda contra las universidades catalanas por incumplimiento del EPIF, que prepara Doctorands en Lluita, de la mano del sindicato CGT. Generalitat y responsables universitarios niegan el incumplimiento.

"Hay problemas en todo el Estado, pero probablemente en Catalunya haya más porque hay más contratos de tres años", afirma Ramos. Esta es la duración de las becas propias de la Generalitat (FI) y de las universidades catalanas. Las ayudas estatales (FPI y FPU) duran cuatro años.

¿Tres o cuatro años?

El EPIF reza que "cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente".

"El EPIF establece como potestad (no obligación) ampliar los contratos de tres a cuatro años", comentan fuentes de la SUR. "Desde el Govern de la Generalitat, defendemos el modelo de tres años, porque consideramos que son suficientes para hacer una tesis doctoral. Así está concebido desde hace mucho tiempo y así lo mantendremos", informan. Fuentes del Ministerio de Ciencia confirman que la prórroga es facultativa.

"Entendemos que eso es obtener el máximo reduciendo costos. Sale muy rentable que trabajemos un año más gratis", afirma Ramos. Doctorands en Lluita argumenta que en otros países los doctorados son de tres años porque les precede un año de máster dedicado al trabajo investigador.

Este colectivo mantiene que, según la ley de la ciencia, todos los contratos predoctorales son prorrogables. El colectivo consiguió una victoria en la UAB, que readmitió al cuarto año cuatro doctorandos cuyo contrato se había terminado tras acabar el tercer año después de la promulgación del EPIF.

Ahogo financiero

"Cada universidad ha hecho lo que ha podido o creído conveniente", afirma Joan Elias, presidente de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). "No tenemos una postura unitaria sobre este asunto. En general, respetaremos lo que está escrito en cada convocatoria", afirma Josep Samitier, presidente de la Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

"Prorrogar los contratos vigentes hasta un cuarto año le costaría 900.000 euros a la Universitat de Barcelona (UB)", prosigue Elias, que también es rector de esta entidad. "El dinero debería venir de la Generalitat o del Ministerio [de Ciencia]. Los hemos reclamado y nos han dicho que no", explica.

Elias afirma que varias universidades están aplazando las convocatoria de sus contratos doctorales, ante la duda de si deberán pagar cuatro años sin que la Generalitat destine un presupuesto adicional a ello. 

"Primero hay que ver si habrá presupuesto. Segundo, si lo hay, parece que no habrá incremento para las universidades. Las universidades están pidiendo 140 M para volver a niveles anteriores a la crisis. Eso no es nada dentro del presupuesto de la Generalitat", argumenta Elías. 

Descuentos en el salario

Si la prórroga al cuarto año es sujeto de controversia, el incremento salarial debería ser indiscutible. El estatuto fija un salario mínimo de 16.127 euros en el primer año de doctorado, que sube hasta 21.599 euros en el cuarto. Una nota del Ministerio de Ciencia afirma que hay que aplicarlo "tanto en los [contratos] actualmente vigentes como en los que se celebren en el futuro".   

Sin embargo,  el CSIC no está aplicando la subida, según Doctorands en Lluita. Y algunas universidades están aplicando incrementos inferiores a los debidos. 

A muchos doctorandos, se les está acabando la paciencia. "Las condiciones económicas de los predocs en el estado español están por debajo del promedio europeo, y de ciertos sectores de la industria, lo que implica una pérdida de talento", admite Samitier.