Doctorandos demandan al Govern y las universidades por no prorrogar sus contratos

El conflicto entre los doctorandos catalanes y la Generalitat sube de tono. El colectivo de jóvenes investigadores Doctorandes en Lluita y el sindicato CGT han presentado este jueves por la mañana una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En ella, alegan que el Govern y las universidades catalanas están incumpliendo la ley que regula sus contractos, el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

El nudo del conflicto es la duración de los contratos doctorales. El EPIF, aprobado por el Gobierno central en marzo, afirma que si un joven investigador no ha acabado su tesis doctoral dentro de los primeros tres años de contrato, este se debe prorrogar un año más. Sin embargo, los contratos de la Generalitat (FI-AGAUR) y la mayoría de los propios de las universidades catalanas tienen una duración máxima de tres años.

Govern y universidades se niegan a pagar un año más por falta de recursos. Además, alegan que el EPIF se aplica solo a contratos explícitamente prorrogables. Doctorandes en Lluita considera que esta posición obliga a centenares de doctorandos a acabar la tesis cobrando el parocobrando el paro durante el cuarto año.

La Universitat Autònoma de Barcelona es la única que está prorrogando los contratos. Por eso es la única que queda excluida de la denuncia presentada este jueves. El conflicto colectivo es un mecanismo jurídico para dirimir ante un juez las diferencias entre trabajadores y empresas.

Apoyo de Inspección del Trabajo

En julio, Doctorandes en Lluita presentó una denuncia ante Inspección del Trabajo por la misma razón. Esta empezó una actuación que resultó en la solución de algunos impagos, ya que algunas universidades regatearon incluso en la pequeña subida salarial prevista por el EPIF en los sueldos mileuristas de los doctorandos.

En cuanto a la prórroga al cuarto año, fue la propia Inspección del Trabajo quien sugirió a doctorandos y universidades acudir a un conflicto colectivo, ya que sus diferencias habrían acabado de todas formas en los tribunales.

No obstante, el inspector encargado del asunto dejó clara su posición a las partes. "En mi opinión, si la tesis no se ha finalizado y estos señores [los doctorandos] continúan con la investigación [durante el cuarto año], hay que prorrogar. En todo caso, hay muchísima casuística y hay que entrar en cada caso particular", afirma Ignacio Fernández, de la dirección general de la Inspección de Trabajo de Catalunya. Fernández sería quien redactaría el informe en el caso de que el TSJC pidiera la opinión de los inspectores.

El Govern da tumbos

La Generalitat ha dado tumbos ante las protestas de los doctorandos. En un primer momento, defendió su modelo de doctorado de tres años. Luego, accedió a modificar su convocatoria para que los contratos fueran prorrogables hasta el cuarto año, pero delegó el pago de la extensión a las universidades. Los rectores rechazan asumir este pago alegando ahogo financiero.

El 15 de noviembre, Doctorandes en Lluita ocupó durante una noche la sede de una agencia de investigación de la Generalitat. La 'consellera' de empresa, la posconvergente Àngels Chacón, accedió a reunirse con ellos el lunes pasado. Según los doctorandos, Chacón comparte ahora sus reivindicaciones. "Si hay presupuestos, esos fondos tienen que ir a las universidades", afirman fuentes de la 'conselleria'. De momento, Chacón se escuda en que el dinero está en manos del departamento de Economia, encabezada por el republicano Pere Aragonès. 

Fuentes de esta 'conselleria' replican que "la competencia en este ámbito la tiene el Departament d'Empresa" y remiten el problema a la "gestión interna de los recursos" de la propia Chacón. 

Sin embargo, la directora general de Presupuestos Anna Tarrach dejó abierta la posibilidad de encontrar el dinero en el fondo de contingencia de la Generalitat, o de acudir a una póliza de crédito, según los doctorandos que se reunieron con ella. Estos mecanismos se usaron en pasado para pagar los sexenios de los profesores universitarios. Doctorandes en Lluita estima que se necesitarían 13 millones de euros al año para financiar las prórrogas.