Alerta por el descontrol administrativo en las antenas de telefonía

Las antenas de telefonía móvil nos rodean y en algunos casos sufren falta de mantenimiento y de supervisión. Es lo que afirma la consultora especializada Tengo una Antena, que realizó una auditoría estimativa sobre el grado de conservación de las antenas en Barcelona y sus resultados encendieron todas las luces de alarma. De una inspección aleatoria de 71 antenas situadas en 30 instalaciones, constataron que ninguna de ellas estaba legalizada. Y en 21 el operador de telefonía o propietario de la instalación no había presentado nunca ninguna documentación. En 41 de los casos no se hizo ni tan siquiera un control inicial. El Gobierno central sí regula el censo de estaciones y sus permisos técnicos pero en el ámbito local en ocasiones las labores de inspección flaquean. En términos de contratos de instalación con la comunidades, permisos de obras, mantenimiento y e impacto visual empieza el descontrol.

Se presentaron denuncias en el Ayuntamiento de Barcelona por el estado o falta de permisos de antenas. Las denuncias presentadas eran sobre instalaciones de las cuatro operadoras principales; Telefónica, Yoigo, Vodafone y Orange. Las operadoras prefieren no comentar la situación y además la mayoría de las antenas o infraestructuras han pasado a ser propiedad de otras empresas, filiales o no de operadoras, denominadas en el sector como torreras. El 44,2% de los emplazamientos utilizados para ofrecer la cobertura de los servicios móviles en España no son propiedad de operadoras, sino de firmas 'TowerCo', según la CNMC. Este sería el caso de empresas como American Tower, ON Tower Telecom Infraestructuras S.A.U. , Red Eléctrica de España (REE) o Axion, las cuales en 2022 eran propietarias de miles de emplazamientos móviles en España (bien adquiridos previamente a operadores como Movistar, Orange o el grupo Masmovil, o bien construidos por estos mismos operadores neutros).

Cuestión de competencias

En consecuencia, una parte de los problemas se asienta en el galimatías de competencias. El responsable de los equipos de radio y las antenas es el operador o compañía telefónica, mientras que la infraestructura (soportes, tubos, torres, acometidas, accesorios de acceso, etcétera) corresponde al gestor de ese emplazamiento (torreras). Las operadoras se encargan del mantenimiento de la antena, pero cada propietario de la infraestructura debe responsabilizarse de los problemas estructurales o del suministro eléctrico, por ejemplo.

El Ayuntamiento de Barcelona analiza la situación pero mantiene dudas legales sobre las competencias que puede o no asumir. "En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, recientemente se ha aprobado una actualización de la normativa que regula las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, que entre otras medidas, establece que la instalación de antenas telefónicas y la tramitación de los permisos necesarios queden regulados por la ley estatal". Las denuncias sobre antenas están por tanto, en proceso de "valoración jurídica por si corresponde llevar a cabo alguna actuación teniendo en cuenta las normativas vigentes a nivel estatal y municipal".

El laberinto legal ha desembocado en un cierto vacío ejecutivo que debería solucionarse en poco tiempo. La idea es que las instalaciones han superado en muchos casos los 20 años de antigüedad y no contemplaban por aquel entonces que se añadirían equipos 3G, 4G y 5G que se han adjuntado a los postes de las terrazas, multiplicando el peso a soportar desatando un "riesgo de seguridad". 

Irregularidades en las antenas

Álex Molero, responsable técnico de la consultora Tengo una Antena, asegura que fruto del análisis de antenas en la ciudad se presentaron ante el Ayuntamiento de Barcelona 30 denuncias en el 2020 y otras ocho al año siguiente, pero no ha habido respuesta. Y la situación aseguran que ha empeorado y se requiere una solución a la obsolescencia de estas instalaciones. "Tengo la impresión de que hay un gran descontrol", explica Molero, que añade que en sus relaciones con el Ayuntamiento "si les indico que una antena es imposible que esté legalizada, me dan la razón, ya que evidentemente algo que no cumple con la ley es imposible que el Ayuntamiento de Barcelona la haya legalizado".

Tengo una Antena es una firma que asesora a las comunidades de vecinos que tienen una infraestructura de telecomunicaciones en su edificio de viviendas. Son por ello parte interesada en acentuar los déficits y problemas generados por estas instalaciones. Entre sus servicios figura desde la revisión de los contratos con los vecinos hasta la realización de mediciones radioeléctricas o de ruidos. Aseguran que "el 85% de las estaciones base tienen un operador oculto, una tecnología no legalizada o simplemente un mal mantenimiento que pone en riesgo a la estructura del edificio. La llegada del 5G implica, además, un aumento significativo de los niveles de radiofrecuencia". La ordenanza municipal (establece un catálogo de soluciones constructivas para este tipo de antenas, pero la falta de inspecciones puede hacer que en algunos casos exista un impacto visual de estas instalaciones no previsto. Entre esas prácticas habituales figura la ampliación de equipos en el mismo mástil de antenas y cambios en las estructuras, algo que si es competencia de los ayuntamientos. 

Ingresos para las comunidades de vecinos

Para los vecinos, lo que se paga a las comunidades por la instalación oscila mucho, entre 5.000 y 20.000 euros al año en un entorno urbano. En los últimos años se ha generalizado una reducción de las retribuciones a las comunidades de propietarios. Las operadoras han subrogado las estaciones y los intermediarios han reducido los costes previstos para los vecinos. En fuentes del sector aseguran que la suma de nuevos equipos a una instalación puede suponer del orden de 2.000 euros para las arcas municipales en el caso de Barcelona entre licencia de obras, permisos ambientales y certificados de compatibilidad urbanística. Pero esos trámites no se hacen y se ha creado un perjuicio económico para el ayuntamiento. La situación puede ser similar en otros ayuntamientos de toda España. 

Contratos de larga duración

Los contratos firmados por los vecinos son de larga duración al suponer normalmente inversiones respetables. Suelen constar de un periodo inicial de 15 o 20 años, para después afrontarse renovaciones por cinco años. "Uno de los problemas con los que nos encontramos son las causas de rescisión de contratos, muchas para las operadoras y ninguna para las comunidades de vecinos. La falta de mantenimiento no es ninguna causa de rescisión, ya que ningún operador contempla que no va a mantener una instalación potencialmente peligrosa y menos ponerlo en un documento firmado", dice Molero. El problema puede ser mucho mayor de lo previsible.

El peso de las antenas 5G

Con la extensión de la tecnología 5G los problemas de peso excesivo de las instalaciones urbanas se han agudizado. Así, el 5G supone tres antenas nuevas para este sistema por instalación, nuevos equipos de radio y el incremento de la potencia eléctrica necesaria. Generalmente, estas antenas se fijan a viejos casetones de ladrillo. 

Molero calcula que el Ayuntamiento de Barcelona ha "perdonado" del orden de más de un millón de euros a las operadoras o propietarias de antenas. Otros ayuntamientos, como el de Sant Cugat, sí impusieron sanciones, por lo que no existe un problema competencial generalizado. Las sanciones podrían oscilar entre los 3.000 y los 60.000 euros.

Número de antenas instaladas según la CNMC

El número de estaciones de telefonía móvil en Barcelona puede ser próximo a las 4.000, según los últimos cálculos. Telefónica dispondría de unas 1.366 antenas; Vodafone, 1.364; Orange, 843 y Yoigo, 390. En diciembre de 2022 ya había activas en España un total de 16.649 estaciones base que proveían cobertura de tecnología 5G; más otras 62.158, 4G; 61.944, 3G; y unas 50.000, 2G, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Existe un mapa virtual en el que es posible comprobar la ubicación de todas las antenas de España y qué servicios ofrecen. Los equipos o estaciones base utilizados para dar cobertura de las distintas tecnologías móviles se instalan en emplazamientos físicos distribuidos a lo largo del territorio en espacios como azoteas o torres. En 2022, se declararon en España un total de 41.948 emplazamientos en los que los operadores de telecomunicaciones tenían instaladas 192.915 estaciones base, promediando entre cuatro y cinco estaciones base por emplazamiento. 

En los últimos años, los operadores móviles han firmado acuerdos de compartición de infraestructuras con el objeto de reducir sus costes de despliegue. En este sentido, los operadores declararon tener instaladas estaciones base en 33.169 emplazamientos físicos que eran propiedad de otro operador. La compartición de infraestructuras físicas se intensificó a raíz del despliegue de la tecnología 4G a partir de 2013. Se espera que esta tendencia se mantenga durante el despliegue de la tecnología 5G, actualmente en marcha. 

Venta de torres a terceros

Solo el 15,5% de los emplazamientos activos en el año 2022 eran propiedad de un solo operador, que los explotaba en régimen de exclusividad. En zonas urbanas esta exclusividad es compleja por lo que en muchos casos los emplazamientos son compartidos. El 44,2% de los emplazamientos utilizados son ajenos a las operadoras. En los últimos años, los operadores móviles de red han traspasado sus activos de torres de telefonía móvil a una empresa torrera de su propio grupo. Movistar fue la primera de las operadoras en llevar a cabo esta práctica, traspasando un porcentaje importante de sus emplazamientos móviles a su filial de infraestructuras Telxius. Estos activos fueron finalmente vendidos en agosto de 2021 a la compañía American Tower. Se trataría de otra forma de obtener una rentabilidad sobre dichas inversiones y ya ha sido empleada tanto por Orange como por Vodafone al crear Totem y Vantage Towers, respectivamente. En 2022, estas dos empresas concentraban el 40% de todos los emplazamientos móviles que había disponibles en el territorio español.

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