PRECARIEDAD EN LA CIENCIA
Jóvenes investigadores impugnan la convocatoria de doctorados de la Generalitat
Michele Catanzaro
Periodista
Michele Catanzaro
Representantes de los jóvenes investigadores catalanes siguen con las espadas en alto tras una reunión celebrada el martes con miembros del Govern para abordar sus discrepancias sobre los contratos que financian la elaboración de tesis doctorales. El pasado 11 de octubre, el colectivo Doctorandes en Lluita y el sindicato CGT presentaron un recurso contra la convocatoria de ayudas al doctorado de la Generalitat (FI-AGAUR), publicada en septiembre.
En la reunión de esta semana, representantes de la Secretaria d’Universitats i Recerca reconocieron que no disponen de los recursos para atender sus demandas. Por eso los doctorandos solicitaron y obtuvieron otra reunión, con representantes del Departament d’Economia, el 14 de noviembre.
Tres o cuatro años
El origen del conflicto es la duración de los contratos. Estos deberían ser de cuatro años, según la recomendación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), aprobado por el Gobierno en marzo del 2019.
Sin embargo, las nuevas ayudas de la Generalitat mantienen una duración de tres años, como en las convocatorias anteriores al EPIF. Doctorandes en Lluita lleva meses protestando por la resistencia del Govern a adecuarse a los estándares del EPIF. En julio, el grupo presentó una denuncia a Inspección del Trabajo contra las universidades catalanas.
Reunión inconcluyente
El colectivo expuso el martes sus quejas en la reunión, celebrada en la dirección general de Universitats. Durante las tres horas de encuentro, un grupo de apoyo protestó delante de la sede del área, en Via Laietana.
"Los contratos de tres años […] habitualmente llevan a que los trabajadores en cuestión, no habiendo finalizado su tesis doctoral en dicho plazo, sigan realizando sus tareas laborales mientras reciben la prestación del paro. Esta práctica, que sería inaceptable en cualquier sector productivo, resulta muy habitual en el mundo científico", afirma el comunicado de Doctorandes en Lluita, sobre la impugnación de la convocatoria catalanas.
Este colectivo estima que en la comunidad autónoma hay al menos 1.225 doctorandos con contratos de tres años, de los cuales 92 los agotarán este año y 295 el siguiente.
Según el grupo, los representantes del Govern, encabezados por el secretario de Universitats i Recerca, Xavier Grau, afirmaron en la reunión que no disponen de la capacidad negociadora para conseguir los recursos necesarios. A petición de los doctorandos, se pusieron en contacto con el Departament d’Economia y concretaron la nueva reunión.
Decreto sin recursos
La elaboración del EPIF estaba prevista en la ley de la ciencia del 2011. Sin embargo, el Gobierno no aprobó el estatuto que despliega la norma hasta el 2019, poco antes de las elecciones. Este real decreto prevé algunas mejoras laborales: una subida en los salarios mileuristas de los jóvenes investigadores, menos horas de clase a impartir y la prórroga de los contratos a cuatro años, para aquellos que tengan que no acaben su tesis en tres.
No obstante, el Gobierno no desembolsó un céntimo para financiar estas medidas. Por su parte, el Govern mantiene que los gastos son asunto de universidades y centros de investigación. Y las universidades, donde se concentran la mayoría de los doctorandos, afirman que es impensable asumirlos en la situación de ahogo financiero que padecen.
Modelo catalán
Catalunya ha concentrado la protesta de los doctorandos, debido a los grandes recortes aplicados por la Generalitat a las universidades y porque el Govern defiende su modelo de doctorados de tres años. La Generalitat considera que el EPIF no la obliga a modificarla.
Según el EPIF, "cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente".
Fuentes del Ministerio de Ciencia confirman que la prórroga es facultativa pero Doctorandes en Lluita mantiene que, según la ley de la ciencia, todos los contratos predoctorales se deben considerar prorrogables.
"La Generalitat va siendo consciente que está en una situación comprometida. Saben que no pueden mantenerla, pero quieren ganar tiempo. Vamos a seguir con las movilizaciones", dijo Alejandro Ramos, representante de Doctorandes en Lluita, al salir de la reunión.
Ahora el grupo está a la espera de los resultados de la investigación de inspección del trabajo. En cuanto al recurso, si recibe respuesta es negativa, el colectivo piensa ir al contencioso administrativo. Asimismo, prepara denuncias contra cada una de las universidades y centros que, en su opinión, están incumpliendo el EPIF.
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