El fiscal insiste en que la incineradora de Tersa incumple la normativa medioambiental

La Fiscalía de Barcelona insiste en que la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa, incumple la normativa medioambiental al no operar los hornos de la planta siempre a más de 850 grados durante dos segundos, como está previsto en la ley. La acusación pública, que ha recurrido el auto de archivo dictado por un juzgado de Badalona, sostiene que no alcanzar la tempetura exigida para minimizar la dispersión de contaminantes es una "actividad potencialmente peligrosa" y "puede causar un riesgo para la calidad del aire y la salud de las personas". De esta manera, el ministerio público se une a la petición de la asociación Airenet para que la causa se reabra.

La juez justificó el sobreseimiento de la causa judicial por que no se había "constatado que la mercantil Tersa haya incurrido en ninguna conducta penalmente ilícita" y que tampoco se había "podido acreditar que las emisiones superan los límites legales". La resolución judicial que exime de delito a la empresa participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana choca con el último informe de la Guardia Civil, entregado al juzgado en enero y que detectó “temperaturas de trabajo anormales para la incineración de residuos”.

Es este aspecto sobre las temperaturas el que utiliza el fiscal Víctor Castells para recurrir el archivo. Considera que se ha cometido un delito contra el medio ambiente (326 bis del Código Penal) que castiga a "quienes contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa", de modo que "causen o puedan causar daños" al ecosistema y a las personas.

Para el fiscal, Tersa no realizaba la medición tal y como establece la normativa, sino que se efectúa con un algoritmo matemático que no ha sido validado por la administración, como así lo reconoce la Generalitat. La Fiscalía destaca que la Dirección General de Medio Ambiente no ha emitido ninguna autorización en relación con esa fórmula de cálculo, ya que en la legislación vigente no exige que las autoridades supervisen este sistema. Solo dice que es necesaria una autorización de la administración en caso de que la medida de la temperatura se efectúe en un punto que no sea próximo a la pared interna de la cámara de combustión.

Un algoritmo bajo sospecha

La Fiscalía precisa que este aspecto solo sería válido en el supuesto de que las mediciones fuesen siempre correctas y la trasmisión de los datos a la Generalitat se hiciera mediante el cálculo matemático del algoritmo, el cual debería garantizar que la temperatura se mantuviera superior a los 850 grados durante el periodo de dos segundos cuando la planta está en funcionamiento. En cambio, apunta, el informe de la Guardia Civil advirtió de que las temperaturas medias en los hornos que se comunicaron en continuo a la Generalitat fueron en ocasiones físicamente imposibles, tanto por defecto como por exceso.

Así, se registraron meses con más de 1.000 minutos por debajo de los 850 grados, lo que corresponde a casi un día al mes. En algunos casos, como marzo-junio de 2020, equivalen a más de una quincena. También se anotaron temperaturas máximas de cerca de 10.000 grados en los de Tersa, cuando no es posible justificar valores por encima de 2.400 grados con termopares (sensores) comerciales. Este exceso puede indicar, recalca el fiscal, una sobreestimación durante el cálculo de la temperatura, un mal funcionamiento o un deterioro de los termopares, en cuyo caso debería ser notificado o realizarse paradas para el ajuste correcto de las mediciones.

En opinión de la fiscalía, debido a la existencia de gran cantidad de datos anómalos encontrados en las temperaturas de las cámaras que han sido dados por válidos, "no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes", como las dioxinas o furanos, ambos cancerígenos. La Guardia Civil llegó a la misma conclusión en el estudio pericial que presentó en enero pasado. El Ministerio Público avisa que supone un riesgo de emisión de sustancias insalubres a la población, que puede perjudicar "significativamente" el equilibrio de los sistemas naturales y un posible perjuicio para la salud de las personas.

Recusación y humo rojo

El recurso de la Fiscalía se suma al presentado por la acusación ejercida por Airenet, la entidad ciudadana que informó al Ministerio Público en 2018 de los estudios de la Universitat Rovira i Virgili que detectaron acumulaciones desproporcionadas de dioxinas en las inmediaciones de Tersa. Los abogados de Airenet, Francesc Jufresa y Ferran Grasas, solicitan investigar a Tersa y también a la Generalitat por una supuesta falta de control de los datos que la planta envía minuto a minuto a la Dirección General de Calidad Ambiental.

A su vez, la acusación de Airenet ha pedido en su recurso que sea apartada la jueza que se ha encargado del caso en el juzgado de Badalona. Le achaca una pérdida de imparcialidad y ha planteado a la Audiencia que resuelva si la instrucción debe pasar a manos de otro magistrado.

A la espera de ver si la causa se reabre o se cierra definitivamente, Tersa prosigue con su actividad. Esta semana, vecinos del entorno observaron que la chimenea de la incineradora expulsaba un humo rojo en dos ocasiones este martes por la mañana. El color, inhabitual, ya fue visible en al menos una ocasión hace unas dos semanas.

Tersa responde que "el penacho rojizo que se ha podido ver últimamente no representa ningún riesgo para la salud y el medio ambiente". Según la compañía, "se trata de una situación temporal que se debe a tareas de mantenimiento preventivo". Asegura que se producen de forma "controlada y segura".

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Adrià ha pedido a la empresa pública que le avise antes de esos episodios para informar a la población y evitar que causen alarma. Airenet afirma que trabajadores de la planta advierten que "el humo rojo irá a más". "Los filtros instalados en 2020, que costaron casi 20 millones, tienen un defecto de materiales", asegura la asociación.

"Durante la limpieza de los conductos se pueden producir, de manera puntual, estos episodios que son de corta duración y que no representan ninguna incidencia en la operativa", añade Tersa. Durante el pasado domingo, se efectuaron unos trabajos también de mantenimiento, que levantaron una abundante humareda blanca, acompañada de un ruido penetrante durante algunos minutos. En ese caso, la compañía alertó con antelación y el Ayuntamiento solicitó que los trabajos no empezaran antes de las 10 de la mañana. El consistorio reclama el cierre y el traslado de Tersa fuera de Sant Adrià.

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