La acusación del caso Tersa pide investigar a la Generalitat por la falta de control en la planta

La asociación Airenet, que ejerce la acusación en el caso Tersa, ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que reabra la causa contra los directivos y encargados de la incineradora de la empresa pública Tersa, en Sant Adrià de Besòs, por la presunta emisión de sustancias contaminantes. En ese sentido, pide que se investigue no solo directamente a la empresa, sino también a la Generalitat por la falta de control de los datos remitidos por la planta minuto a minuto.

Los abogados de esta asociación, Francesc Jufresa y Ferran Grasas, han presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza instructora de Badalona de archivar el proceso judicial. Alegan que una pericial de la Guardia Civil arroja, a su entender, la presunta existencia de un peligro para el ecosistema y un riesgo para la salud de las personas.

El recurso recuerda que la actividad de incineración de residuos de Tersa debería, por ley, ser objeto de un doble control. Uno ejercido por la misma empresa, tanto de emisión de contaminantes como la temperatura de combustión, y otro por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat, que recibe información al minuto. Los abogados subrayan que la jefa de emisiones de la dirección general reconoció en el juzgado el pasado 18 de abril que la Generalitat no dispone de medios para efectuar tal control, tal y como avanzó EL PERIÓDICO en su día.

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La jefa de emisiones, que compareció en calidad de testigo, admitió que no se puede hacer la valoración exhaustiva que requiere la normativa en materia de control de emisiones de una instalación que mide en continuo. Añadió que ese tratamiento a nivel informático no es viable que se haga por parte de la Generalitat.

En opinión de los abogados de Airenet, esto demuestra que la Generalitat no controla las emisiones generadas por Tersa. Un informe pericial realizado por la Guardia Civil ahonda en la cuestión y destaca que no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera que aseguren la destrucción de contaminantes, como las dioxinas o furanos, ambos potencialmente cancerígenos.

En el recurso, los letrados defienden las conclusiones del dictamen del Seprona -la unidad de la Guardia Civil especializada en medio ambiente- y la labor de los agentes que lo elaboraron. A la vez, plantean que en el auto de archivo se refleja un criterio judicial de desprecio y desconsideración hacia estos peritos, a los que Tersa no les facilitó todos los datos relativos a las temperaturas de los hornos de incineración. En cambio, reprochan a la jueza que sí hiciera caso a un informe pericial de la defensa que no ha sido ratificado en el juzgado por quien lo elaboró y que, según los letrados, es un físico especializado en energía eólica, no en los procesos químicos propios de una incineradora.

Imputación de Tersa

Para los abogados, el auto de archivo no debe ser el resultado de una investigación sobre una cuestión grave como es la contaminación atmosférica en una zona tan poblada como el Área Metropolitana de Barcelona. Recalcan que prueba de la repercusión de este asunto es que el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, como publicó este medio, plantea el traslado de la incineradora.

Por esta razón, Airenet no solo solicita a la Audiencia de Barcelona que reabra el caso, sino que la empresa pública Tersa, como tal y como persona jurídica, sea citada como investigada, así como dos funcionarios que tuvieron asignados el control de los datos en el interior de la incineradora. Entre ellos, reclaman que comparezca un cargo de la Dirección General de Calidad Ambiental, que ya declaró en el juzgado como testigo y que reconoció que no se revisaban los datos.

En el procedimiento judicial únicamente figuraban como imputados el expresidente de Tersa y diputado por Sumar en el Congreso, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, F. R.. La jueza de instrucción de Badalona archivó el caso este mes de mayo y, por lo tanto, los exculpó. Consideró que "resulta obvio que no se ha producido ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas”. Además, agregó que "no se ha constatado que la mercantil Tersa haya incurrido en ninguna conducta penalmente ilícita", al no acreditarse "que las emisiones superan los límites legales". La resolución judicial que exime de delito a la empresa participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana choca con el último informe de la Guardia Civil, entregado al juzgado en enero.

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