Reprimenda de la Antifrau al Ayuntamiento de Barcelona por los pisos de lujo en Can Raventós

Las obras para levantar dos bloques con 53 viviendas de lujo en el jardín de la última masía intacta de Sarrià, en Barcelona, están detenidas desde hace algo más de un mes. El Ayuntamiento ordenó paralizar los trabajos en que se han talado ya varios árboles en el terreno de Can Raventós, al constatar que era preciso un control arqueológico para vigilar si afloran vestigios de interés al remover el suelo. Mientras las labores están pendientes de retomarse, el movimiento vecinal que prefiere que la parcela se abra como una zona verde en vez de ser edificada intuye un “presunto caso de corrupción y prevaricación” tras los trámites para permitir la construcción. Frente al reproche, el gobierno de Jaume Collboni reitera que el procedimiento se adecuó a la legalidad. 

La plataforma Defensem Can Raventós basa su crítica en una resolución que ha recibido de la Oficina Antifrau de Catalunya, a raíz de una denuncia que los vecinos interpusieron hace tres años ante este organismo dependiente del Parlament. La entidad informó de un presunto trato de favor de cargos del consistorio al promotor de la reforma urbanística. Si bien la respuesta del órgano dice que “no se han observado indicios de influencias indebidas” en las gestiones para autorizar que los pisos se erijan, añade que “sí se ha constatado la existencia de conflictos de interés aparentes en responsables municipales”.

Según su propia definición, la Antifrau clasifica un conflicto de interés como aparente cuando se podría deducir que se produjo pero que, con la información debida, podría probarse que no existió. En cualquier caso, el ente señala que las presuntas incompatibilidades en la controversia por el solar de Sarrià "no han sido debidamente gestionadas” por el Ayuntamiento. 

Las conclusiones de la oficina no concretan quién habría podido incurrir en un conflicto de intereses. Defensem Can Raventós entrevé tras la alusión al teniente de alcalde Albert Batlle, que fue concejal de Sarrià-Sant Gervasi en el mandato pasado; a la gerente del distrito, Marta Català, y a Salvador Ferran, presidente de Bigdal 5000 SL, la empresa que impulsó el plan para edificar en el jardín. Batlle, Català y Ferran pertenecen a la ejecutiva de Units per Avançar, la formación heredera de Unió Democràtica que concurre dentro de las listas del PSC en las convocatorias electorales. 

Votos de comunes, PSC y Valls

El pleno del Ayuntamiento ratificó la promoción de viviendas en septiembre de 2020, con los votos de Barcelona en Comú, PSC y Barcelona pel Canvi, el grupo que el exprimer ministro francés Manuel Valls encabezaba. “Se aprobó a pesar de que se alertó de irregularidades en la tramitación y que, además, había un claro conflicto de interés entre Batlle y Català, ambos de Units per Avançar, con la empresa promotora que presidía entonces el secretario de organización de esa formación política”, alega Enric Capdevila, miembro de Defensem Can Raventós.

La plataforma planea llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción. “Hay suficientes indicios de que ha habido un conflicto de intereses y se deben depurar”, blande Capdevila. “La resolución de la Antifrau confirma nuestra sospecha de que hubo un trato de favor. Es imprescindible ir a Fiscalía”, postula Natàlia Botinas, integrante del colectivo vecinal. 

La Antifrau ha cerrado sus actuaciones sin trasladar los hechos a los tribunales. Defensem Can Raventós ya los elevó en 2021. La plataforma aguarda sentencia al contencioso que interpuso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La organización supedita la denuncia al Ministerio Público a conseguir antes un fallo favorable del alto tribunal. 

Protección patrimonial

Entre otras presuntas anomalías, la organización subraya que las obras prevén levantar parte de los edificios a cuatro metros de distancia de la masía, cuando no se permite que se hallen a menos de 10 metros por la protección patrimonial que ampara a la finca. También advierte supuestos incumplimientos en que se construya hasta 20 metros de profundidad y se erijan tres plantas de altura. 

La inmobiliaria Corp comercializa los futuros primeros 15 domicilios del recinto de la masía desde el verano. El más caro cuesta unos dos millones de euros. Defensem Can Raventós aboga por una permuta para que el constructor edifique en otro terreno y que el jardín se convierta en un refugio climático accesible y la masía, en un espacio que albergue a entidades del barrio. Recalca que las zonas verdes escasean en el núcleo de Sarrià.

La Antifrau recomienda al Ayuntamiento que motive de forma “más exhaustiva” las decisiones tomadas en torno al proyecto, por las “circunstancias e incidencias detectadas en la tramitación” del plan, apunta. A su vez, aconseja al consistorio que revise “la eficacia de los mecanismos para la detección de posibles conflictos de interés” de cargos y personal directivo y, de ese modo, “reparar las lesiones a la confianza pública”.