La oposición de Barcelona insta a Collboni a facilitar el padrón a personas sin hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una proposición que, a petición de Barcelona en Comú, insta al gobierno del alcalde Jaume Collboni que facilite el registro en el padrón municipal a personas sin techo y que carecen de domicilio fijo. La propuesta ha venido al caso por las recientes quejas de entidades sociales que aseguran que, tras el retorno del PSC al mando del consistorio, trabajadores municipales han recibido indicaciones para restringir los criterios para empadronar, imprescindible para acceder a servicios básicos de salud, educación y atención social. El Síndic de Greuges de Barcelona ha recibido quejas por una cincuentena de casos que apuntan a dificultades recientes en la inscripción, en que la lista de espera para resolver solicitudes ha aumentado de unos tres a seis meses.

En la comisión de Derechos Sociales del consistorio, el PSC ha optado por respaldar la propuesta, que Junts y ERC también han secundado, mientras que el PP se ha abstenido y Vox se ha opuesto. En todo caso, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ha negado la mayor y ha desmentido que se veten peticiones. “El Ayuntamiento no ha cambiado el modelo de empadronamiento ni se obstaculiza el proceso. Que se diga que, desde la llegada del PSC al gobierno se dan ciertas constataciones, carece de rigor”, ha rebatido. 

La teniente de alcalde ha esgrimido que, con Collboni en la Alcaldía, “se han empadronado más de 4.000 personas en tres meses”. Gay sí ha reconocido que se estudia “revisar y reforzar” los criterios de acceso a personas sin domicilio fijo, si bien ha señalado que el derecho se mantiene y no se piensa limitar, sino “optimizar la gestión” e implantar “un refuerzo del equipo” encargado del cometido. “No empadronamos por empadronar, sino para garantizar todos los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad”, ha postulado la concejal del PSC. 

La teniente ha señalado que el grupo de trabajo que examina posibles modificaciones se formó bajo mandato de la exalcaldesa Ada Colau. Además, ha afirmado que las críticas transmitidas al síndic de Barcelona, David Bondia, están fechadas en mayo pasado, aún con la líder de los comunes al frente del consistorio. 

Condiciones de penuria

La concejal Jess González (Barcelona en Comú) ha enfatizado que, en época de Colau, se articuló un circuito para agilizar el empadronamiento de personas en “vulnerabilidad habitacional”, como las personas sin hogar, pero también quienes viven en habitaciones realquiladas o inmigrantes sin estancia regularizada en España. La edil se ha preguntado “cuáles serán los cambios” que el gobierno monocolor del PSC planteará.

“Es una política de derechos humanos”, ha recalcado González. A su vez, ha aprobado que se efectúen inspecciones para formalizar el padrón, aunque ha avisado que “pueden vulnerabilizar a personas extracomunitarias con situación de infravivienda y que viven con otras familias en un mismo piso”. Ahora ya es necesario un informe del personal municipal en el caso de las personas que no disponen de un título que acredite la posesión o el alquiler de la vivienda.

Asimismo, González ha reclamado consensuar “criterios comunes” para el padrón con las entidades sociales, así como también con la Generalitat y ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona. La edil ha esgrimido que hay consistorios “donde gobierna el PSC, Junts y ERC que ahora no cumplen la obligación de empadronar a sus vecinos”.

Por su parte, ERC y Junts han instado al gobierno municipal a ser “referente” para otras alcaldías, mientras que el PP ha sospechado que la medida “puede encubrir el empadronamiento de personas que ocupan viviendas y locales de forma ilegal”. Gay ha respondido que el ayuntamiento “hace gestiones” con otros municipios para que “conozcan sus obligaciones con las personas que viven en sus municipios, independientemente de su situación habitacional”.

Por su parte, el presidente de la comisión, el republicano Jordi Castellana, ha llamado la atención al concejal de Vox Liberto Senderos, al que ha cuestionado que estigmatizara a los inmigrantes sin papeles. Por otro lado, el partido de extrema derecha ha propuesto que se traslade el centro de atención de adicciones de personas sin hogar situado en el Baix Guinardó. El resto de fuerzas ha desechado la petición y la ha recriminado. El gobierno municipal la ha atribuido al "desconocimiento" y la "ignorancia".