El Síndic de Greuges de Barcelona denuncia que el ayuntamiento dificulta el empadronamiento de los sin hogar

La Síndicatura de Greuges de Barcelona, encabezada por David Bondia, ha denunciado en un comunicado que le ha llegado un número significativo de quejas de entidades sociales que afectan a cerca de 50 casos y que indican que el Ayuntamiento de Barcelona está dificultando el empadronamiento de personas sin hogar por la vía de retrasar un informe previo preceptivo para recibirlo.

Ese retraso se da por una circunstancia que hasta ahora no se registraba. Lo habitual es que una persona sin hogar se dirija a la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas del Ayuntamiento de Barcelona para iniciar el proceso de su empadronamiento.

Derivación desde este verano

Allí, hasta el verano pasado, se le empezaba a hacer de inmediato el informe de conocimiento de residencia (ICR), imprescindible para contar con el empadronamiento. Pero según esas denuncias recibidas por Bondia, hace unos meses que se indica las personas solicitantes que deben acudir al Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), sin son extranjeras, o al Servicio de Inserción Social (SIS), si son locales, a solicitar el informe.

En ambos casos, eso supone entrar en una lista de espera de cerca de tres meses. Si antes el proceso de elaboración del informe se prolongaba unos tres meses, ahora hay que sumarle otros tres, los de la espera, al proceso.

Lograr que el solicitante desista

La consecuencia es que se retrasa el acceso de los solicitantes a ayudas que sin el empadronamiento no se pueden recibir, lo que las deja en una situación de desamparo: entre otros aspectos, les impide acceder a la salud pública y escolarizar a sus hijos si los tienen. Y otro efecto frecuente es que algunos solicitantes acaban desistiendo.

Por ejemplo, que un marroquí que intenta empadronarse y no logra acaba optando por irse a su país. Aunque el Síndic no concreta esta sospecha, ese desenlace tiene un resultado material claro que podría ser buscado para reducir los recursos públicos invertidos: menos gente empadronada, menos gente que atender. En sí misma no es una medida inaudita: en todos los países ha habido recortes en tiempos de austeridad. La particularidad del sistema denunciado, si se confirma, es que el recorte se hace de tapadillo.

La versión del ayuntamiento

Por ahora, la Sindicatura solo habla de “preocupación por dificultades en el empadronamiento de personas sin hogar”. No cuenta con datos de que demuestren que hay un veto buscado y nuevo. Ha pedido información al Ayuntamiento de Barcelona para determinar si es o no una realidad. De hecho, la solicitó el pasado 2 de agosto sin que haya recibido respuesta. Preguntado por este diario, el consistorio ha replicado que el sistema de concesión del empadronamiento “no ha cambiado”.

Algo que no casa con las quejas de las entidades. Una de ellas ha indicado a la sindicatura que la Oficina de Prestaciones Sociales ya modificó en los últimos meses su manera de actuar. Hasta entonces, un solicitante recibía una llamada telefónica o una visita para comprobar que residía en la dirección indicada por cada persona, que sin ser un domicilio legal sirve de referencia para el consistorio. En ocasiones, las propias entidades aportan su dirección para los solicitantes. Pero de un tiempo a esta parte, lo que le llegaba, 24 horas después de su visita a la oficina, era un mensaje indicándole que no había podido corroborarse su domicilio, lo que es imprescindible para la aprobación del informe.

Posteriormente, llegó el momento en el que la oficina comunicó a una entidad que atiende a personas sin hogar, y que les asiste en sus solicitudes, que había dejado de emitir los informes de conocimiento de residencia.

El cambio de criterio

Lo que parece más significativo del caso es que por ahora es más difícil de demostrar: que la modificación en el proceso responde a un cambio de criterio, como representantes de una de las entidades escucharon la semana pasada de personal del consistorio.

Un cambio de criterio que no necesariamente tiene que estar vinculado con el cambio de gobierno que hubo en Barcelona tras las elecciones del 28 de mayo y la investidura del 17 de junio, cuando Jaume Collboni y el PSC pasaron a dirigir la ciudad en solitario, aunque de entrada esa sea una de las sospechas más lógicas. Uno de los desenlaces del análisis que hará la Sindicatura de Greuges debería ser si se confirma ese cambio de criterio y a quién corresponde haberlo dictado.