Dos niños muertos de pobreza

No han trascendido sus nombres. Solo sabemos que eran un niño de 3 años y su hermana de 4 meses. Que el padre se llamaba V. D., tenía 40 años, era paquistaní y se pasaba los días recogiendo chatarra para alimentar a su familia. La madre se llamaba N. I., tenía 41 años y era rumana. Los cuatro han muerto por inhalación de humo por un incendio dentro de una oficina bancaria que habían ocupado hacía al menos un año en el Eixample de Barcelona. Vivían en la miseria, y sus derechos, como el de la vivienda digna o el acceso a agua potable, eran inexistentes. Los servicios sociales del ayuntamiento les ayudaban para conseguir comida, ropa, pañales... pero jamás pudieron tramitar su acceso a un piso social ni a una prestación económica. Ni por ellos, que hoy están muertos, ni por los 209 niños y 656 adultos que viven en las mismas condiciones en Barcelona.

Eran pobres, muy pobres. Tan pobres que el consistorio considera que no puede "dar respuesta a una pobreza tan compleja y estructural", en palabras de la concejala de Derechos Sociales, Laura Pérez. Tan pobres, que apenas hay quien supiera de dónde venían ni cómo habían sido sus vidas. Hasta que el pasado septiembre trabajadores de los servicios sociales dieron con ellos.

Comían gracias a la chatarra que vendía V.D. mientras que la madre, embarazada, cuidaba del pequeño en el local ocupado. Los trabajadores del Sisfam, un servicio municipal especializado para atender familias con niños que viven en chabolas o en naves abandonadas en la ciudad, siempre tuvo buena relación con ellos. Les daban ayudas para comprar alimentos, pañales, medicamentos... Les llevaron hasta los roperos sociales de la ciudad y las lavanderías. También lograron empadronarlos, que tuvieran tarjetas sanitarias y escolarizar al niño para cursar P3. Hasta 88 veces los trabajadores sociales se presentaron en el local. Y muchas otras veces era la familia, la madre o el padre, que andaban hasta las oficinas de este servicio para pedir ayuda.

No tenían papeles y vivían en un lugar sin cédula de habitabilidad. Los dos requisitos que les excluyen para acceder a un piso social de emergencia. Es lo mismo que les pasa a las 865 personas que viven en condiciones similares de la ciudad. Uno de cada cuatro son niños. Tampoco podían acceder a un contrato de trabajo, ni a una prestación social. Y se descartó que fueran a vivir en una pensión de forma temporal cuando el pasado 18 de octubre la Guardia Urbana visitó el espacio y catalogó que no había un grave riesgo para sus vidas.

Padres cuidadosos

Una mañana de agosto, N.I. rompió aguas. Tres meses antes de lo previsto para dar a luz, estaba aterrorizada por que su hija muriera antes de nacer. El parto fue bien, pero el bebé tuvo que permanecer en la incubadora del Hospital Sant Pau unos meses. La madre sufría por no poder ver a su pequeña. No tenía ni dinero para el metro, tampoco podía ir hasta la planta de neonatología con el niño pequeño, porque el padre no se lo podía llevar mientras recogía chatarra. Las pocas veces que logró ir al hospital a darle el pecho a su hijita fueron, para ella, auténticas victorias.

Los meses pasaron y el bebé se fue a vivir con sus padres en la oficina ocupada. Los profesionales de neonatología del Sant Pau se trasladaron también hasta esta infravivienda para hacerles las revisiones periódicas. También acreditaron que los niños estaban atendidos por sus padres.

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El problema es que vivían en la pobreza más extrema. Es lo mismo que dijeron los maestros de la escuela donde asistía el hijo mayor. Jamás faltó un día a clase y siempre llegaba aseado y con la ropa limpia. Sus padres lo duchaban a diario, sí. Pero con cazos de agua de la fuente de la plaza.

Ayer murieron los cuatro. Sus pulmones se llenaron de humo, víctimas de la pobreza. Como Rosa, en Reus, hace ya seis años. O las tres personas muertas en un incendio en Sant Roc hace casi dos años. O las cuatro que murieron en la nave abandonada de Gorg, en Badalona, hace apenas un año.