215 niños viven con sus familias en chabolas de Barcelona

Un total de 215 niños y adolescentes viven en chabolas en solares, locales, naves o edificios abandonados en Barcelona con sus familias. Representan el 24% de los chabolistas de la ciudad. En total, 885 personas viven en asentamientos urbanos, según datos de un informe del Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona con fecha de febrero del 2019, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El estudio constata que 88 menores vivían en solares, 119 pernoctaban en naves industriales o locales abandonados y otros ocho residían en edificios que "funcionan como un asentamiento".

Los datos no se pueden comparar con ningún otro período anterior porque nunca antes había trascendido cuántos menores vivían en asentamientos en la ciudad. También porque nunca antes se habían dado a conocer los datos de personas que viven en naves abandonadas. Sin embargo, todos estos niños van a la escuela, están empadronados y tienen tarjeta sanitaria. El problema es que tienen muy difícil acceso a la mesa de emergencia para conseguir una vivienda social, algo que exigen varias entidades y que ya han trasladado hasta a la ONU. 

Hace 15 años que Sabela (nombre ficticio) vive (o más bien malvive) en solares o en naves abandonadas de Barcelona, donde pensó que encontraría trabajo. Nació en Galicia, en una casa de propiedad, dejó el colegio en segundo de la ESO y ahora, a sus 34 años, tiene tres hijos. La menor, de un año. La mayor, de 13. Todos están empadronados, van a la escuela y al médico. "Vamos más al CAP que el resto de gente, seguro", sostiene esta madre que cree que vivir en sitios no habitables afecta directamente la salud de sus hijos. 

Ahora su vivienda son las oficinas de un local que había sido una fábrica de helados, junto a su suegra y otro sobrino. Y su empleo, la reventa de chatarra y cartones. "Yo quisiera que mis hijos estudiaran, fueran abogados o yo que sé. Pero, tal y como vamos, sé que que llevaran una vida como la mía", explica esta madre que prefiere no dar su nombre real. Llegó a Barcelona con 19 años, de la mano de su marido, que sí estaba acostumbrado a vivir en estas circunstancias, sobre todo en caravanas dentro de solares vacíos. "Mis hijos no son como los demás niños, esto es así", dice cabizbaja.

Desahucio inminente

Un año. Es el máximo tiempo que la familia de Sabela ha podido aguantar viviendo en el mismo sitio. Seis meses, el que menos. Algo que también afecta a los niños. "Nos dicen que somos nómadas, pero es que nos obligan a serlo, es un círculo del que nunca podremos salir", relata. Ella ha vivido en caravanas, en naves, en pisos okupas donde almacebana chatarra. "Incluso debajo de un puente en la Verneda". "He dormido en sitios, con mis hijos, donde había cucarachas. ¿Cómo crees que me siento? He pasado mucho miedo". Y ¿cómo se sale de la exclusión? "No hay viviendas para nosotros", se queja. El propietario de la nave ya les ha hecho saber que les va a expulsar. La fecha del desahucio es en enero. Uno más. "Se lo expliqué a la trabajadora social y me dijo que no había una vivienda alternativa; de hecho, fue ella quien preguntó: '¿A dónde irás?'", critica. 

Varias entidades sin ánimo de lucro llevan, desde principios del la década del 2000, tratando de ayudar a estas familias. Los padres cuidan de los pequeños, que no están desatendidos. Por eso no hay motivo para retirarles la tutela. Una de estas oenegés es Amics del Quart Món. "Estos niños son catalanes, han nacido aquí, van a la escuela aquí... Deberían tener todos los derechos garantizados", señala una de las responsables, Silvia Torralba, harta de oír que son "nómadas" y que "ellos prefieren vivir así". "No es verdad", critica.

Este mismo año, Amics del Quart Món denunció en la ONU la situación en la que viven estas familias. En un informe remitido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla que estos menores carecen de derechos básicos. Por ejemplo, el de los suministros de agua y luz o el de un techo estable. "La inseguridad en la vivienda y el hecho de estar expuestos a sucesivos desalojos, así como la realidad de exclusión, afecta a su salud orgánica y emocional", apuntan.  También piden formación, especialmente para los padres y madres, que suelen ser analfabetos y que encuentran en la chatarra la única forma para sobrevivir.

Servicios especializados

Barcelona es el único ayuntamiento de toda España que tiene varios servicios especializados de atención a las personas que viven en asentamientos desde hace 10 años. Básicamente son dos: la Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI), cuando hay adultos, y el Servei d'Inserció Social de Famílies Romaneses (SISFA ROM) si se detectan menores. Los educadores y trabajadores sociales son quienes regularizan a las familias, las empadronan, hacen el seguimiento escolar, les facilitan ayudas y garantizan que están bien tratados. La inversión municipal por este servicio ha pasado de los 507.000 euros en el 2015 a los 641.000 en el 2019. Un aumento del 26%.

Los responsables municipales achacan la situación de las familias a la falta de documentación. Solo el 3,4% de los ocupantes de los asentamientos son de nacionalidad española. "El hecho de no tener documentación impide que puedan entrar en la mesa de emergencia de vivienda social", explica Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del ayuntamiento. Fuertes expone, además, que en muchos casos las familias sufren el racismo y la "estigmatización" porque los propietarios, aunque lo puedan pagar, no les quieren alquilar un piso. "Nuestra prioridad es que los niños estén escolarizados y puedan acceder al centro sanitario", aclara. Y además esto evita que nadie se aproveche de los menores para trabajar o pedir limosna. Sabela, que cobra una prestación social mensual, además añade que los propietarios de los immuebles les piden una nómina, que no tienen, para alquilar un piso.

Otras fuentes municipales asseguran que la mayoría de las familias, que proceden de otros lugares de Europa, necesitan disponer de un NIE a los tres meses de llegar a Barcelona, a pesar de que existe el derecho de la libre circulación. "Y con personas que han perdido los documentos de su país, o que se consideran apátridas porque sus países ya les han expulsado, es mucho más complicado", detallan. 

Sin embargo, fuentes de la OPAI y el SISFA ROM consultadas por este diario tienen otra opinión. "Como viven en espacios no habitables, no pueden acceder a la mesa de emergencia de vivienda social que sí existe para el resto de familias desahuciadas de la ciudad", relatan. También señalan que, a diferencia de las ayudas que facilitan a las personas que son atendidas en los servicios sociales, en estos servicios las ayudas a las familias son limitadas. El dinero para reparar gafas, abrigos o comida está contado. "Somos el hermano pobre de los servicios sociales, aunque las situaciones que vemos son extremas", se quejan.

De hecho, la carta dirigida a la ONU de Amics del Quart Món apunta en esta dirección. Entre varias propuestas, exigen que no se permita un desalojo de una nave o de un local hasta que las familias no cuenten con una alternativa efectiva. También proponen que las administraciones modifiquen la normativa de la mesa de emergencia para que las personas que viven en fábricas desocupadas y en solares en Barcelona puedan acceder a vivienda social de emergencia, como el resto de desahuciados.

Los mismos trabajadores del servicio SISFA ROM y OPAI llevan meses protestando frente el Instituto Municipal de Servicios Sociales debido a sus condiciones laborales. Pese a ser la cara visible del ayuntamiento y tener que soportar enfados por la falta de ayudas, quien les contrata es una empresa privada (en este caso ASISPA), que tiene el servicio subcontratado.

Protestan porque, según ellos, sus sueldos son más bajos que los del resto de trabajadores municipales y no cobran ningún plus pese que la actividad que realizan es de alto riesgo, ya que dedican su tiempo de trabajo a ir chabola por chabola. Hay al menos tres chabolas a los que ningún trabajador se ha desplazado por "el riesgo de su seguridad", según consta en el documento municipal. Algo que, según los trabajadores, supone una grave desatención de la familia o del hogar.

Este año, los trabajadores han demandado al ayuntamiento porque consideran que la subcontratación de este servicio a terceros es ilegal. La primera vista para el juicio está prevista para octubre del 2020. Mientras tanto, seguirán trabajando para otra empresa privada que este año ha ganado el concurso. El ayuntamiento dice que escucha sus demandas y expone el aumento de la inversión municipal y el aumento de dos personas más en la plantilla. "Es un ejemplo de colaboración público-privada que existe en el sector", explica Fuertes. 

"No le llamamos casa"

¿Cómo defines el sitio en el que vives? "Pues no sé. Naves, chabolas… Pero nunca le llamamos casa", responde Sabela. Sus tres hijos han nacido en hospitales de Barcelona. "Los médicos lo sabían, claro que lo sabían, pero tampoco nos ofrecieron nada mejor". Están empadronados sin domicilio fijo en dependencias municipales. Los dos mayores van al instituto, a primero y segundo de la ESO. Y la pequeña, de un año, substituye la guardería por un centro de rehabilitación por "problemas de movilidad".

Los dos mayores han ido siempre a una escuela del barrio de Poblenou. "Mis hijos no son como el resto de la clase, y ellos lo saben". Un ejemplo de esta exclusión son las fiestas de cumpleaños. "Nunca les dejo ir a otras casas, porque sus amigos no pueden venir a los sitios donde vivimos". Ni ellos mismos, los niños, quieren mostrar a sus amistades el sitio donde residen. Otro ejemplo, la comida. "Mis hijos no saben qué es el pescado, no lo han probado nunca, vamos a lo barato". El menú habitual: salchichas y pasta. "A mi hijo le gustan las latas de atún, pero es que no nos las podemos permitir". Y el tercero, la salud. "No siempre tenemos calefacción, tienen más resfriados, y están más en contacto con virus y cosas que el resto de niños que viven en un piso". Recuerda cuando nació la mayor, que vivía en una caravana en un descampado. "Nos aseábamos con cubos de agua".

Vivir en una chabola, además, implica absentismo escolar per se. "Cuando nos desahucian ya avisamos a los profesores de que los niños no van a ir a la escuela durante dos semanas". Hay que acondicionar la nave, traer los muebles... Y no se puede estar por todo. Si la nueva chabola está lejos de la escuela, el transporte también se convierte en otra preocupación. "No quiero cambiarlos de cole porque sé que para ellos será peor". Los niños lo pasan mal. "Yo sé que esto les afecta. Mi hija a veces, por la mañana, dice que no quiere levantarse, que no tiene ganas de nada".

Y en cuanto algunos niños de la clase se enteran de la situación, entra en juego el 'bullying'. "A mi hijo cuando tenía nueve años le decían que la ropa que llevaba yo la había recogido de los contenedores". Al explicarlo, sus ojos se vuelven vidriosos. "No se lo merece".

En rendimiento escolar, la madre también sabe que no están al nivel. Lo raro es que no haya suspendido. "Yo en catalán soy analfabeta. Y, si ni me acuerdo de dividir, ¿cómo les voy ayudar?". Muchas veces no tienen ni tan siquiera un sitio para hacer los deberes. Por eso los niños, junto a unos 30 en su misma situación, asisten un día a la semana a clases de refuerzo escolar que organiza la fundació Amics del Quart Món con varios voluntarios. Es la única extraescolar que hacen, si se le puede llamar así.

El pasado viernes 13 de diciembre solo cinco niños asistieron a estas clases, aunque cuentan con 15 apuntados. Algo habitual, según los voluntarios. Al tener que cambiar de asentamiento por un desahucio, su movilidad se complica. De los cinco, muchos estaban preparando el regalo del amigo invisible que entregaban el lunes. Uno de ellos, que estudia quinto de primaria, trataba de montar un campo de fútbol con piezas de plástico. Orgulloso y junto a un voluntario, iba colocando las piezas. Pero no pudo terminar. No le dio tiempo. El niño se fue cabizbajo. "En casa no lo puedo hacer", dijo. Un ejemplo más.