Los informes policiales denuncian el abandono de las residencias en Madrid en la primera ola de covid

Negro sobre blanco, los informes y atestados que la policía municipal redactó durante el confinamiento y la primera arremetida del covid muestran el horror que se vivió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En las peores semanas de la pandemia, ni los familiares ni prácticamente nadie pudo acceder a los geriátricos, pero la policía local sí y sus informes dan cuenta de lo que allí encontraron. Se trata de un testimonio tan directo y fidedigno que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para impedir que las actas sean públicas, como exige el Consejo de Transparencia. Pero, finalmente, no ha logrado frenar su difusión.

La 'Cadena Ser' ha accedido a 205 actas que muestran el abandono y las grandes dificultades con las que las residencias tuvieron que hacer frente a la pandemia, en su primer envite. Algunos documentos ya habían sido publicados y demuestran la existencia del llamado 'protocolo de la vergüenza', en referencia a la orden de la Comunidad de Madrid para que no se trasladara a los residentes contagiados y con dependencia o deterioro cognitivo a los hospitales. De hecho, de los 9.484 personas fallecidas en las residencias madrileñas en la primera ola de covid, 7.291 fallecieron entre marzo y abril de 2020 sin haber recibido previamente atención hospitalaria.

Y ahora la publicación íntegra de las actas policiales pone de manifiesto que los gerentes y trabajadores de las residencias tuvieron que enfrentarse al virus solos, con grandes dificultades para que las funerarias recogieran los cadáveres acumulados y sin espacios o material de protección que impidiera que el covid se extendiera e hiciera estragos.

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Funerarias desbordadas

Así, el 5 de abril de 2020 la policía local acudió a la residencia Ballesol, donde su directora señaló a los agentes que necesitaba, de forma urgente, que se llevaran a tres mayores fallecidos, uno de ellos 48 horas antes y los otros dos el día anterior. Las funerarias estaban desbordadas. Al día siguiente, en la residencia Amavir, la policía se encontró con una escena similar: tres fallecidos que había retirar. Y otras actas van en la misma dirección.

Además, los documentos dan cuenta de las dificultades que tuvieron los geriátricos para aislar a los contagiados del resto. El 30 de mazo, en la residencia Geriatel, los agentes anotaron que las zonas comunes se estaban utilizando para residentes con trastornos cognitivos y una persona sorda, muda y ciega que no estaban infectados.

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Falta de medidas de protección

Asimismo, varios atestados muestran que las peticiones de ayuda realizadas por los gerentes o directores no eran atendidas por las administraciones. Por ejemplo, en la residencia Rafael Alberti sus responsables pidieron "urgentemente equipos de protección" pero, según explicaron a los agentes, "no se ha personado ni la UME ni la Comunidad de Madrid". Y en el geriátrico Santísima Virgen y San Celedonio, el 3 de abril, había 34 fallecidos y, pese a lo abultado de la tragedia, los dueños no "habían recibido ninguna contestación" a sus solicitudes de ayuda.

En la misma línea, buena parte de la documentación muestra la falta de equipos de protección y mascarillas. El 6 de abril, en el centro Nuestra Señora de Montserrat la policía local constata que todavía usan "bolsas de basura" como equipos de protección y piden ser "auxiliados" con más personal.

Las actas han salido a la luz apenas una semana después de que el Gobierno de Ayuso haya interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para no cumplir la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al Ejecutivo regional a hacer públicos los documentos, alegando el "elevado volumen" de datos de "carácter personal" que contienen.