Catalunya impulsa el régimen abierto y las pulseras GPS para evitar la prisión provisional

Descongestionar las cárceles y conseguir una más rápida reinserción a la sociedad de las personas que delinquen. La Conselleria de Justícia ha anunciado este viernes un plan estratégico con 15 medidas para reducir los ingresos en los centros penitenciarios, apostando por el régimen abierto (por ejemplo, solo ir a dormir), la justicia restaurativa (reparación del daño a la víctima) y la rehabilitación. Dos de las medidas estrellas son dos planes piloto: el uso de pulseras GPS de control como alternativa al ingreso en prisión provisional a la espera de juicio y la creación de equipos penales que asesoraran a los jueces y que estarán compuestos por asistentes sociales, psicólogos y criminólogos.

El Govern presenta un plan para descongestionar las cárceles y lograr una más rápida reinserción

El 42% de los presos (3.338 internos) que conviven en las cárceles catalanas en la actualidad son preventivos a la espera de juicio o cumplen una condena menor a los dos años de prisión. Es una cifra muy elevada y de ahí que se impulse el régimen abierto para esta población reclusa, más cuando está demostrado que la posibilidad de que el preso no pierda el contacto con la calle o con su trabajo reduce la reincidencia. Para la Conselleria de Justícia, el ingreso en un centro penitenciario en régimen cerrado debe ser la última medida a aplicar.

El 42% de los reclusos catalanes están en prisión preventiva o cumplen una pena de menos de dos años

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha asegurado en el acto celebrado en el Palau Robert de Barcerlona que la denominada Estratègia Nacional d'Obertalitat Penitenciària es un proyecto ambicioso, cuyo objetivo es “avanzar en la cohesión social y la seguridad ciudadana”. Es, ha precisado, “una estrategia de país que debe poner las bases para dar un nuevo impulso a la apuesta catalana por el medio abierto y la reinserción”.

Un impulso, ha añadido, “que contribuye a dar forma al modelo de sociedad que queremos: una sociedad más cohesionada, más segura y sin víctimas”. Y ante el alto índice de presos preventivos y con una condena menor de dos años, la responsable de Justícia ha apuntado que como responsables políticos deben "tener la obligación de poner la mirada, los recursos y las herramientas necesarias para reducir el internamiento”.

Los tres ejes del proyecto

La iniciativa se construye sobre tres ejes: el impulso del medio abierto y la transición en la comunidad; el principio de proporcionalidad e ingreso a prisión como último recurso y el refuerzo de los mecanismos de reinserción dentro de los centros penitenciarios. En este sentido, un último estudio apunta a que el 26% de las personas que acaban la condena en segundo grado (régimen cerrado) reinciden, ante un 10% de los que lo hacen si evolucionan a medio abierto. 

Un equipo técnico formado por asistentes sociales, psicólogos y criminólogos que asesorará a los órganos judiciales

Entre las medidas más destacadas que figuran en el plan es el impulso del medio abierto. El porcentaje de internos clasificados en tercer grado o libertad condicional ha sufrido un descenso en los últimos tres años (del 31,5% al 25%). Por ello, el departamento trabaja en el objetivo de llegar en tres años al 30%. Para conseguirlo, se trasladarán nuevos criterios de progresión de grado a los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios, que son quienes deciden sobre las clasificaciones de los reclusos. También se ampliarán los requisitos para que más personas puedan acceder a la clasificación en tercer grado (régimen abierto) en el momento de inicio del cumplimiento de la pena.

Justicia restaurativa

Una de las medidas más innovadoras es el plan piloto para introducir el uso de pulseras GPS como alternativa en el ingreso en prisión preventiva. En Catalunya, un 20% del total de personas privadas de libertad se encuentran en situación de prisión provisional a la espera de juicio (1.663). El resultado de este plan piloto permitirá comprobar si es eficaz y si los jueces lo incorporan como una alternativa. En esa misma línea de dar herramientas a los jueces para tener elementos de valoración, se desarrollará un segundo plan piloto con un equipo técnico penal que asesorará a los órganos judiciales ante la toma de decisiones respecto las suspensiones ordinarias y extraordinarias de la pena de prisión.

Otras iniciativas recogidas en ese plan tienen por objetivo fomentar la justicia restaurativa, tanto en la fase de instrucción e investigación como de ejecución de la pena. Para conseguirlo, la Conselleria de Justícia reforzará los equipos de justicia restaurativa y la interlocución entre el departamento y los operadores jurídicos para derivar más casos antes de que se ejecute la pena de prisión. Es decir, se intentará que se llegue a un acuerdo entre la víctima y la persona que ha cometido el delito. De esta manera, los jueces podrán suspender la pena privativa de libertad. A través de esta vía la víctima puede obtener la reparación deseada y el imputado evitaría el ingreso en un centro penitenciario siempre que cumpliera el pacto.