Gemma Ubasart: "Las prisiones catalanas tendrán un equipo de psicólogos para prevenir suicidios"

Gemma Ubasart (Castellar del Vallés, 1978) es desde octubre del año pasado 'consellera' de Justícia, Drets i Memòria, tras la salida de Junts del Govern. Su trayectoria es meramente académica y hasta su nombramiento fue una de las analistas habituales de la política catalana. En su currículo destaca el liderazgo de Podem Catalunya en 2015, proyecto al que llegó de la mano de Pablo Iglesias. En sus manos tiene ahora una cartera complicada y que requiere avances, no solo en el mundo de las cárceles, sino en el seno de la administración de justicia, cuya lentitud es un problema endémica.

El 60% de los reclusos tienen problemas de salud mental. Es una cifra alta y preocupante. ¿Qué planes tiene para atender a esos presos?

Es un tema que nos preocupa. En la pospandemia han aumentado los problemas de salud mental en la sociedad y las cárceles son un reflejo. Estamos hablando con el Departament de Salut para la creación de unidades específicas intermedias que no sean ni el tradicional tratamiento psiquiátrico ni hospitalario ni el que se hace actualmente en los centros penitenciarios.

Los suicidios se han incrementado.

También hay un aumento de suicidios en el conjunto de la población, pero Catalunya tiene una tasa de suicidios penitenciarios inferior. Ninguna de estas cuestiones puede esconder que cualquier muerto bajo custodia es un drama y que tenemos que actuar. Tenemos un convenio firmado con Salut para prevenirlos y una experiencia pionera en la prisión de Quatre Camins con psicólogos penitenciarios especializados en el tratamiento de los suicidios. Esta prueba piloto ha funcionado y ahora la replicaremos a todas las prisiones. Estos psicólogos hacen un seguimiento específico y cercano para los que tienen riesgo de suicidio. Probablemente el Govern aprobará en junio un acuerdo para incorporar personal. Una tercera cuestión es que tiene que volver la vida a los centros porque se pararon actividades, desde la formación a la participación de los internos. Solo con este clima podremos actuar sobre la salud mental y el drama de los suicidios.

"Estamos trabajando es la de creación de una Escuela de Ejecución Penal parecida a la Escuela de Mossos"

Gemma Ubasart

En algunos casos, los funcionarios han recurrido a contenciones mecánicas, algo que algunas critican.

Como dictan los organismos internacionales y las instituciones europeas tenemos que caminar hacia un objetivo de contención mecánica cero. En el sistema penitenciario, pero también en el ámbito de la salud. Hay que trabajar sobre las causas, sobre la salud mental, la disminución de la tensión y la atención de los perfiles más vulnerables. Y, por otro, explorar alternativas. Tenemos una celda acolchada que estamos evaluando y hemos mirado las que utiliza el hospital Sant Joan de Déu para enfermos mentales.

Otra de las cuestiones que están sobre la mesa es el incremento de las agresiones a los funcionarios de prisiones. Hace poco, se firmó con los sindicatos un compromisos.

Firmamos un compromiso que refuerza y pone en papel las líneas de trabajo del Departamento. Hay dos componentes: el redimensionamiento de la plantilla (hemos encargamos a Función Pública una auditoría y hay un mínimo de 350 efectivos que han de ser incorporados) y las medidas para incrementar la seguridad. Hay propuestas arquitectónicas en los departamentos especiales de régimen cerrado y una prueba piloto con los Mossos para evitar que entre drones en las cárceles. Si funcionan, la extenderemos a otros centros. Otro ámbito es la inteligencia penitenciaria de seguridad interior: unidades que conocen e investigan lo que pasa en las prisiones y en ocasiones actúan preventivamente evitando conflictos. No está en el compromiso, pero estamos trabajando para la de creación de una Escuela de Ejecución Penal parecida a la Escuela de Mossos.

¿Y respecto a la crítica de entidades de derechos humanos a las medidas seguridad?

Todas las medidas se aplicarán con respeto a los derechos humanos, como no puede ser de otra manera. El trabajo que hacen las entidades de derechos humanos es importante porque aportan conocimiento y una mirada que enriquece el debate público

La 'conselleria' apuesta por el tercer grado penitenciario o de semilibertad.

Un modelo de referencia sería el de menores, donde hay un internamiento del 10%. Por tanto, es un ámbito donde la legislación apunta a reducir al máximo el internamiento, porque se entiende que el tratamiento y la reinserción es más fácil desde el medio abierto. ¿Por qué esto no puede ser los adultos? Este es el espíritu.

Otra asignatura pendiente son las medidas alternativas a la prisión. Hay una lista de espera abultada.

En el presupuesto de 2023 se ha incluido un plan de choque en el que invertimos 1,4 millones de euros para reducir una parte importante de la lista de espera. Esta ha sido una de las prioridades presupuestarias. Se desarrollará en lo que queda de este año y de 2024. Ampliaremos los servicios. 

Desde algunos sectores se considera que el compromiso es una cesión a los funcionarios. Es decir, existe un temor a que puedan controlar las prisiones.

La política pública penitenciaria se ha de decidir desde el poder político y, por lo tanto, es el Govern quien la diseña. Es evidente que es bueno que podamos escuchar y trabajar con colectivos sociales y con los sindicatos. No estoy de acuerdo con que se hable de cesiones.

"Sin más jueces difícilmente podremos desencallar la saturación de nuestros juzgados"

La justicia sigue siendo lenta y hay juzgados que están rozando el colapso.

Hay muchos factores, aunque hay uno evidente: en Catalunya y en el Estado tenemos una media de 12 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa, 22. Por el contrario, hay otro dato: ¿cuántos trabajadores acompañan a esos jueces, que es competencia de la Generalitat? 8,5 trabajadores por cada juez. Somos la comunidad junto con el País Vasco que tiene la ratio más alta. Hay otras cuestiones, pero sin más jueces difícilmente podremos desencallar la saturación de nuestros juzgados.

Huelga de funcionarios, letrados de la administración de justicia y convocatoria de fiscales y jueces. ¿Qué está pasando?

Los retos son tan importantes que hace falta un gran acuerdo. Hay cuatro elementos que explican el porqué de esta situación: las competencias fragmentadas (CGPJ, Ministerio y 'conselleria') que son una fuente de ineficiencia, la infrafinanciación crónica, la organización todavía poco eficiente y una demarcación judicial decimonónica. Los fundamentos del mapa judicial se dibuja la primera mitad del siglo XIX, cuando íbamos a pie y en carro.

Los abogados del turno de oficio también están en pie de guerra.

Con el servicio de justicia gratuita hay dos objetivos: calidad y eficiencia del sistema. Este año el Departament destina 74 millones de euros a la justicia gratuita. De todas las comunidades, es la que más invierte en justicia gratuita. Catalunya destina 7,5 euros en justicia gratuita por cada habitante y Andalucía, que sería la comunidad comparable, 5,05 euros. Este año el incremento es de un 10,21% (6,6 millones de euros). Es un aumento histórico.

Bruselas dice que hay que armonizar el delito de malversación. ¿Cree que la regulación actual, con la reforma del Código Penal, es suficiente para perseguir la corrupción?

Las armonizaciones que se producen en la UE tiene sentido. En este caso específico, lo desconozco. No sé si por deformación profesional o por el ámbito sectorial que ocupo, difícilmente me oirá pidiendo penas más altas.  

La ley del ‘solo sí es sí’ ha provocado revisión de sentencias y una reforma que ha generado división. ¿Fue un error?

Esta ley aporta elementos muy positivos en la protección y acompañamiento de las víctimas y me sabe mal que el debate haya quedado reducido a una subasta de penas.

"Me sabe mal que el debate sobre la ley del solo sí es sí haya quedado reducido a una subasta de penas"

¿El acuerdo de claridad es una forma de poner en práctica el aprendizaje del 1-O pero también de reconocer los errores que hubo y que no tenía legitimidad?

El ejercicio del 'president', con un impulso personal importante, es un ejercicio muy valiente e inteligente. Es ir a la esencia de lo que comparte una mayoría social de Catalunya, ese 80%, y es que los conflictos políticos se resuelven políticamente. El propio comité de expertos que se crea para sacar adelante este acuerdo de claridad es muy plural en el que se encuentra este 80% del que hablamos. Esta apelación al acuerdo de claridad tiene la resonancia a la vía canadiense y este el valor añadido: se tienen que encontrar las vías practicables para poder resolver el conflicto político. 

"Se tienen que encontrar las vías practicables para poder resolver el conflicto político"

Le planteo una de las cuestiones que deberá responder el grupo de expertos. ¿Qué características debería cumplir un referéndum sobre el futuro político de Catalunya, u otros mecanismos análogos, para gozar de la máxima legitimidad e inclusión y asegurar su validez e implementación?

Las características de un referéndum debe ser materia de acordarse entre las partes, esta sería la gracia. Los requisitos concretos, realmente me importan relativamente poco, lo que me importa es que las partes lleguen a un acuerdo y puedan definirlos. Si las partes llegan a un acuerdo, los requisitos serán válidos. Lo importante es hacer valer la idea del acuerdo, de la negociación, de consensuar entre todos unas reglas de juego.

¿Usted votaría que 'sí' a la independencia de Catalunya en un referéndum?

Depende de qué estuviera sobre la mesa. Yo no hago política ficción. En el momento en que se planteara una posibilidad, la valoraría.

¿Es un condicionante que fuera pactado?

No.

¿Votaría 'sí' en un referéndum? "Depende de qué estuviera sobre la mesa. No hago política ficción"

¿Cuándo se aprobará la ley de memoria?

Ya está en el Parlament y debería iniciar el trámite parlamentario en junio. Pensamos que puede ser una ley de país, que un amplio espacio social y político se la haga suya.

El Gobierno cierra la puerta a la Via Laietana. ¿Ha hablado de ello con los ministros Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska?

La resignificación de la Via Laietana será un hecho en un momento u otro, es un espacio donde se produjeron brutales torturas durante el franquismo y terminará sucediendo como en Buenos Aires o Berlín, donde espacios similares han sido resignificados. Los organismos internacionales lo entienden no solo como un acto simbólico, sino como un acto de reparación. Entendemos que con mayor o menor dilatación se irá hacia aquí y la resignificación terminará siendo un hecho que interpele al Gobierno, al Govern y al gobierno municipal. Estas tres instituciones tienen que ser protagonistas y los canales deben estar abiertos. 

¿No supone un fracaso de la institución que se disuelvan entidades como la UAVAT por falta de apoyo institucional?

Es una entidad que ha tenido un papel muy importante en algunos momentos de la historia, además atesora una experiencia en terrorismo y en gestión de catástrofes y, por lo tanto, nosotros desde nuestra competencia sí que queremos contar con su experiencia a la hora de revisar protocolos y circuitos en la atención de las víctimas. Pero la vida de una entidad no depende de nosotros. Contaremos con este asesoramiento a la hora de revisar protocolos y circuitos que tenemos, pero más allá tampoco me corresponde.

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