Más del 60% de los presos catalanes sufren trastornos de salud mental

Más de la mitad de los presos catalanes, en concreto más del 64% de reclusos, tiene diagnosticada una patología o enfermedad de salud mental. La prevalencia es siete veces mayor si la comparamos con la población que no está privada de libertad. Son datos que recoge un estudio elaborado por la oenegé Justícia y Pau y que se ha hecho público este miércoles. La entidad denuncia que muchos presos no deberían entrar en las cárceles debido a sus patologías, que dentro de las prisiones no se les atiende correctamente, y que peor se ejecuta su salida a la calle, sin continuidad ni apoyo en el tratamiento. "Es absolutamente cierto y vamos a intentar resolverlo. No podemos estar satisfechos", ha asumido sin ambages la directora general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, Paula Montero, en el acto de presentación del estudio, que ha avanzado que la 'conselleria' trabaja en un plan de choque para revertir el aumento de los suicidios.

Más del 84% de reclusos ven empeorar su salud mental, casi un millar sufren castigos en módulos de aislamiento y hay una media de un suicidio al mes

"Los presos con patologías de salud mental sufren una vulneración de derechos humanos". Así de contundente se ha mostrado Núria Sastre, abogada especializada en derecho penal y justicia restaurativa, miembro de Justícia y Pau y coautora del estudio 'Salud Mental en el Sistema Penitenciario Catalán'. El informe expone la desatención que sufren centenares de personas privadas de libertad con importantes problemas de salud mental. Según los datos aportados por la oenegé, más del 84% de los reclusos han empeorado el estado de su salud mental en la cárcel, cada año se castiga a cerca de mil personas en módulos de aislamiento, y que, en los últimos dos años han aumentado el número de suicidios en las cárceles catalanas: se registra cerca de uno al mes.

Medidas penales alternativas

La entidad estructura los problemas con el trato de estos reclusos enfermos en tres fases: el antes, el durante y el posterior a la cárcel. Lo más grave se refleja, dicen, en la entrada a prisión. "¿Como puede ser que los jueces no tengan, y no valoren, un examen médico psicológico de los detenidos?", se pregunta Sastre. La entidad señala que éste es uno de los principales problemas del sistema penitenciario, que muchas de las personas internas no deberían entrar en una cárcel, sino que los jueces deberían apostar por medidas penales alternativas: tanto psiquiátricas como sociales o comunitarias.

"A diferencia con los menores, que es obligatorio, con los adultos no sucede, no se valora la discapacidad intelectual ni las patologías mentales de forma obligatoria", ha criticado Sastre. Unas apreciaciones que la Conselleria de Justícia comparte al 100%. "El problema es que las cárceles no son el lugar para estas personas, debemos trabajar con los jueces", ha reconocido Montero.

Una vez dentro de la cárcel, el informe explica que se agrava el trastorno de los ya diagnosticados y aparecen nuevos trastornos para otros. "La cárcel es un lugar estresante que genera angustia solo pisarla. Los presos tienen miedo de que nadie les recuerde, de que no les vengan a ver, tienen miedo de salir... tienen miedo de todo. Es un factor de riesgo que les hace sufrir", ha explicado Roser García, médica jubilada y voluntaria de Justícia y Pau. La tasa de ansiedad afecta al 40% de internos, más del doble del resto de la población. El trastorno de personalidad afecta al 12%, ocho veces más que el resto y la presencia de la esquizofrenia es seis veces mayor.

Aislamiento e hipermedicación

La oenegé ha puntualizado que en los últimos años el Govern ha empezado a abordar el tratamiento mental de los internos, pero de forma incipiente e insuficiente. En las cárceles catalanas hay 200 camas en unidades psiquiátricas, más de 230 profesionales y cada cárcel tiene un centro de referencia. "Pero es evidente que hay más personas necesitadas de las que podemos atender", ha admitido Álvaro Muro, coordinador del los Servicios de Psiquiatría Penitenciaria de Barcelona.

Muchos de los reclusos están en módulos ordinarios a pesar de necesitar permanecer en módulos especializados en salud mental. "El centro penitenciario no es el medio adecuado para atenderles", ha insistido Muro, pidiendo un cambio en la orientación de condenas por parte de los magistrados. Según la entidad, esta desatención pasa factura. "Los trastornos desatendidos les llevan a tener conductas disruptivas y más conflictos. Esto se resuelve con sanciones, como el aislamiento o la regresión de condena, que agravan más los pacientes, y sobre todo con medicación. Los presos están hipermedicalizados", ha lamentado García. Según el informe, el 49% de los presos toma, almenos, un psicofármaco.

Reinserción imposible

Otro tema es la salida de la cárcel. "No hay alternativas. No se garantiza la reinserción ni el tratamiento posterior", ha criticado Sastre. También ha incidido en que las penas para estas personas son cada vez más largas, teniendo en cuenta que los internos con problemas de salud mental gozan de menos permisos porque tienen más conflictos y porque suelen desconocer sus derechos. El informe señala, además, que al salir de la cárcel el choque es muy importante porque se enfrentan a nuevas rutinas, unido a que en muchas ocasiones no tienen ingresos ni apoyo de la familia. "Eso agrava su situación personal, favorece la exclusión social extrema y repercute en la salud mental", concluye el informe.

Ante todo esto, los responsables de la 'conselleria' no han agachado la cabeza. Han asumido que todo lo expuesto es cierto y verídico, y que hay cierta preocupación dentro del Departament por esta situación, especialmente ante el aumento de los suicidios. "Estamos trabajando en un plan de choque para revertirlo", ha anunciado Montero. Sin embargo, también ha pedido la colaboración social. "Una vez las personas salen de la cárcel necesitan el apoyo de la sociedad, y muchas veces reciben el rechazo", ha lamentado.

Lo corroboran también los activistas de Justícia y Pau, sirviéndose, por ejemplo, del caso de Miguel Ricart, el único condenado por el crimen de Alcàsser y que fue detenido el martes en un narcopiso del Raval. "Este hombre ya cumplió su deuda con la sociedad cuando salió de la cárcel. Cuando salió, se fue a varios pueblos de Catalunya y nadie quiso contratarlo, los vecinos protestaron, no le querían allí. Ahora ha vuelto a delinquir. La reinserción atañe a las administraciones, pero también a toda la sociedad", ha insistido García.