La entidad de víctimas del terrorismo UAVAT, en riesgo de cierre por "falta de apoyo" institucional

La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), la entidad que se creó a principios de 2018 a raíz de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, tiene previsto anunciar su cierre en una rueda de prensa convocada para el próximo jueves. No lo hace por voluntad propia, sino por la "falta de apoyo" institucional que viene denunciando prácticamente desde el inicio. Aunque los detalles los darán en la cita agendada para el 4 de mayo, en la que participarán también víctimas, las responsabilidades las dirigen tanto a la Generalitat como al Ministerio del Interior, así como a la falta de apoyo también de recursos europeos.

"No podemos continuar sin apoyo", lamentan desde la entidad, aunque apuntan que hasta el jueves aún esperan que alguien mueva ficha. El memorial de agravios que acumulan en los últimos años son varios. El principal: las quejas por el desamparo y el difícil reconocimiento de la condición de víctima por parte del ministerio, ya que está establecido que se tiene que estar en el lugar de los hechos para ser considerado como tal y quedan fuera los familiares de fallecidos y los que, pese a estar allí, no sufrieron daños físicos pero sí psicológicos.

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Además, cuando se cumplía el quinto aniversario del atentado islamista, la UAVAT levantó la voz porque hay 180 víctimas que, pese a constar en la sentencia, no han sido todavía localizadas. Esa cifra es aún vigente porque "por obstáculos e impedimentos legales" -la ley de protección de datos, principalmente-, no pueden seguir buscando. Y la incógnita es quién asumirá esa tarea si la UAVAT echa el cierre y llega la sentencia firme del atentado.

Oficina de atención a las víctimas

A pesar de que el verano pasado el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, prometió reabrir la oficina de atención a las víctimas del terrorismo en Catalunya que cerró por los recortes en 2010, un compromiso que acordó el Parlament en 2021, por ahora la UAVAT no tiene constancia de que se haya avanzado en este sentido pese haber insistido en la importancia de contar con este servicio para garantizar la imprescindible atención a los afectados por terrorismo.

Eso provoca que la ventanilla a la que tienen que llamar las víctimas sea la del ministerio, además de encontrarse a la intemperie a nivel de apoyo médico y psicológico por parte de la administración más próxima. Tampoco hay una ley catalana de asistencia a las víctimas como sí tienen otras comunidades. De hecho, las únicas que no cuentan con una son Asturias, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Catalunya.

La UAVAT ha suplido hasta ahora los déficits de atención por parte de la administración. Más allá de prestar atención psicológica, valoración de secuelas físicas y asesoramiento para solicitar las ayudas que por ley corresponde a las víctimas -deben solicitarse porque desde la administración no se busca proactivamente a los que tienen derecho a recibirlas-, la entidad atiende también a otras personas afectadas que no constan en la sentencia y a decenas que, a pesar de haber recibido indemnizaciones del Ministerio del Interior, no están en los informes sanitarios, por lo que solo cuentan con la asistencia de la UAVAT.

Sobre las indemnizaciones, el Ministerio del Interior hizo público el pasado agosto la destinación de 7,2 millones de euros para un total de 130 víctimas de los atentados, pero eso supone solo una tercera parte, puesto que hasta 355 víctimas figuran en la relación de hechos probados de la sentencia del caso, ratificada por la Audiencia Nacional en sus aspectos fundamentales el pasado julio. Sin embargo, solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización a Interior y a los que no se les ha otorgado por ahora, deberán abrir procedimientos para recibirla una vez la sentencia sea firme.

Según los datos de la UAVAT, durante el juicio de los atentados del 17-A hubo 238 víctimas representadas por la Fiscalía -y de ellas hay quien desconoce que aparecen en el fallo judicial-, 72 fueron defendidas por la asociación '11-M Afectados por Terrorismo' (en alianza con la entidad de raíz catalana) y 35 por acusaciones particulares.

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