Uno de cada cuatro presos en Catalunya no tiene vivienda al salir de la cárcel

El 26,5% de los presos en Catalunya, cerca de 2.700 reclusos que cumplen hoy condena, no tienen una vivienda a la que ir cuando salgan en libertad. Son los datos más recientes facilitados por la Conselleria de Justícia de la Generalitat a EL PERIÓDICO. "Si encuentran un hogar, este es muy precario: en condiciones pésimas, por ejemplo sin cédula de habitabilidad", explica Rosa Maria Martínez, jefa del servicio de medio abierto y servicios sociales de la dirección de asuntos penitenciarios de la Conselleria. En total, Justícia ofrece un centenar de plazas para los presGos sintecho. Las entidades que los gestionan señalan que son del todo insuficientes y advierten de que la falta de vivienda "lastra su reinserción: es una doble condena".

"Las personas que salen de la cárcel están en tierra de nadie: la cárcel ya no se hace responsable de ellos, y los servicios sociales tampoco porque no están empadronados en ningún lugar. Es un círculo vicioso de exclusión que no termina nunca", se queja Betlem Román, trabajadora social de la Fundación Obra Mercedaria, una entidad con más de 200 años de historia atendiendo a presos. Román trabaja en la Llar la Mercè, uno de los únicos recursos en Catalunya para presos sin techo que ya son libres.

Este hogar cuenta con 18 plazas, pero solo 6 están ocupadas. La Conselleria de Justícia financia tres de ellas. El resto se cubren con los donativos que consigue la fundación. "El año pasado rechazamos el 51% de las solicitudes que nos hacían los trabajadores sociales de las cárceles", explica Román. "Debemos escoger los casos menos graves, los más recuperables, porque si no, no tendríamos rotación", añade.

¿Y los más graves donde terminan? El silencio habla por sí solo. "El problema es que no tenemos dinero para financiarlo, nos faltan muchos recursos... pero la necesidad existe: mucha gente sale de la cárcel y no tiene adónde ir y termina en la calle. ¿Cómo quieres que empiecen una nueva vida así?", lamenta la directora de la entidad, Núria Ortín.

"Las personas que salen de la cárcel están en tierra de nadie: la cárcel ya no se hace responsable de ellos" 

Volver a la 'mala vida'

A los mercedarios les llegan solicitudes de todo tipo que no pueden asumir. Lo mismo le ocurre a la fundación Sant Antoni Abat, que gestiona el otro centro para presos que ya han cumplido su condena y no tienen vivienda. "Solo tenemos seis plazas... cada vez que digo que no a alguien pienso ¿dónde acabará esta persona?", lamenta Alba Aguilà, trabajadora social del centro. "Esto no favorece la reinserción, claro. Mucha gente ha roto con la familia o sus redes de apoyo y solo les queda el entorno de la 'mala vida', que les llevó a consumir drogas, a delinquir. Si se ven con una mano delante y otra detrás no les queda otra que volver allí", cuenta. "Es muy importante que tengan un lugar donde dormir, comer... nosotros les ayudamos con las prestaciones, a buscar trabajo, piso... esto ayuda a que puedan rehacer su vida de cero", subraya Aguilà.

Según cuentan ambas entidades, cada caso es complejo pero suele haber dos perfiles muy diferenciados. Uno, jóvenes migrantes sin papeles. "Es un problema gravísimo. En la cárcel sí trabajan, pero salen y no pueden acceder a una prestación social ni les pueden hacer un contrato. Y su familia está lejos", sigue Aguilà.

El otro perfil es de los españoles, que suelen ser mayores de 50 años, con historial de consumo de drogas, trastornos de salud mental y una familia completamente rota que no quiere saber nada de ellos. "El principal delito que cometen son robos para consumir. El problema es que la paga de excarcelación es de menos de 500 euros al mes, y tardan varios meses en cobrarla. Tienen muchos problemas para encontrar trabajo y con la burocracia de las ayudas sociales cuesta muchísimo, no les da para empezar de nuevo", explica Román.

¿Quién es responsable?

La Conselleria de Justícia admite la situación. "Somos muy sensibles y estamos ampliando plazas", cuenta Martínez. Pero considera que atender a los presos una vez son libres no es su responsabilidad. "Nosotros estamos elaborando programas, pero en realidad no nos corresponde. Les deberían atender los servicios sociales municipales. Son personas libres vulnerables y el sistema debe atenderles como otro ciudadano. Hay ayuntamientos que no quieren empadronarles, y ahí tenemos problemas", insiste Martínez.

En Barcelona existe un convenio con Justícia desde 2019 por el que trabajadores sociales de ambas administraciones trabajan conjuntamente para encontrar una salida caso por caso. "Hemos atendido a 103 personas, pero esta colaboración se debe extender a más municipios y territorios", subraya Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona. El Govern quiere implantar este sistema de colaboración con más ayuntamientos, a través de la Estrategia Catalana de Sinhogarismo, que lleva años encima de la mesa del Departament de Drets Socials sin apenas desplegarse.

"Necesitamos circuitos institucionales. Lo que no puede ser es que la Administración genere sinhogarismo que luego tenemos que asumir los ayuntamientos. Nos pasa con las cárceles, pero también con los centros de menores de la DGAIA y las altas de los hospitales", insiste Fuertes.

La comisionada reconoce que la red de colaboración no llega a todos los afectados. "Claro que tenemos peticiones, y claro que vemos personas en la calle que acaban de salir de la cárcel", añade Ferran Busquets, director de la fundación Arrels.

El 5% de personas que duermen en la calle de Barcelona provienen de un centro penitenciario, según Arrels

Según su censo, un 5% de las personas que duermen en la calle de Barcelona provienen de un centro penitenciario. "Después de perder la libertad vuelven a estar condenados. Justícia tiene una responsabilidad en ellos, y la condena sigue cuando se quedan en la calle. Tienen derecho a empezar de cero con plenos derechos", se queja Busquets.

Pisos para permisos

La Conselleria de Justícia sí admite su plena responsabilidad en la gestión de los pisos para permisos. Hay presos que tienen derecho al segundo o tercer grado, a salir de la cárcel algunos días, pero no lo pueden hacer porque no tienen dirección a la que acudir. Ahora hay 90 plazas en pisos de esta tipología, pero el Govern quiere ampliarlas hasta las 100. Y en cuanto finalizan la condena solo se pueden quedar allí tres meses.

La fundación pel Suport Social Solidari gestiona una veintena de plazas de esta tipología en Tarragona. "Hemos hecho virguerías pero hemos podido atender todos los casos aquí", comenta Laura Andreu, trabajadora social. "Se pueden quedar tres meses máximo... ¿y después qué?", lamenta. Algunos encuentran una salida. "Con otros, hacemos lo que podemos, llamamos a entidades sociales, ayuntamientos... Es imprescindible que haya alguien que les ayude, sino es imposible", señala.

Cáritas también gestiona dos pisos de permisos en Barcelona. "Tenemos más tiempo hasta que terminan la condena, pero el problema lo vemos igual. Con algunos logramos recuperar el vínculo con la familia, pero otros acaban en locales, habitaciones sin condiciones higiénicas, en casas ocupas, coches...", cuenta Lourdes Ginesta. "Ellos en la cárcel imaginan una vida en libertad pero se dan de bruces con un mundo que no les ayuda nada", señala.

El estigma

La Fundación Cedre, en Barcelona, está especializada en atender jóvenes, menores de 30, que cumplen condena. "La mayoría son migrantes sin papeles y esto pone muy difícil su reinserción: les niegan todo, trabajo y ayudas sociales. ¿qué quieres que hagan? ¡Claro que reinciden, no hay alternativa!", exclama la gestora de la entidad, Gemma Font. Segi Fortià, de la cooperativa Suara, también ve el problema desde un piso con siete plazas en Figueres. "El sistema les estigmatiza. Nosotros les derivamos a los servicios para personas en exclusión y algunos nos dicen que no", se queja.

También apunta a las listas de espera para acceder a tratamientos de salud mental, citas con los servicios sociales y vivienda social. "Yo no creo que esto sea competencia de Justicia, sino de los servicios sociales: estas personas ya han cumplido su condena, son como cualquier otro ciudadano, pero tienen un estigma que les lastra y no debería", zanja.