Una decena de entidades rechazan el uso de aerosoles en las prisiones catalanas

Una decena de entidades de derechos humanos y de apoyo a presos han mostrado su "rechazo frontal" al acuerdo de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat con los sindicatos de prisiones que incluye una prueba piloto para el uso de aerosoles o espráis para defenderse y reprimir acciones violentas de los reclusos. Las asociaciones, reclaman la retirada de esta iniciativa que todavía no se sabe, sin embargo, cómo se realizará. 

Tras protestas de los funcionarios, Conselleria de Justícia y sindicatos alcanzaron el 22 de marzo un acuerdo para aumentar las plazas en las próximas oposiciones y que la inclusión de medidas de seguridad en las cárceles ante el incremento de las agresiones a los empleados. Entre ellas se especificaron dos pruebas pilotos: la implementación de cámaras en los uniformes de funcionarios, como llevan los Mossos, y también el ensayo para el uso de aerosoles para reducir a los presos conflictivos.

La utilización de aerosoles en los centros penitenciarios ha enervado los ánimos de las entidades de derechos humanos. De hecho, el Comité Europeo por la Prevención de la Tortura ya ha alertado de los efectos nocivos y ha subrayado que, en todo caso, las instrucciones de uso han de incluir expresamente que no se pueden utilizar en espacios cerrados. Además, existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo considera un trato inhumano y degradante.

Sin transparencia ni diálogo

En un comunicado este jueves, una decena de entidades han criticado que el acuerdo se ha hecho sin consultar con los presos, "sin informar previamente al Parlament y sin que se haya informado ni tenido en cuenta los posicionamientos de las entidades de derechos humanos y de apoyo a personas presas". Las asociaciones reprochan que la 'conselleria' haya tomado estas medidas "sin transparencia, ni diálogo” y sostienen que el uso de un nuevo instrumento o medio de uso de la fuerza debe estar sometido a control y autorización parlamentaria.

Por esta razón, reclama a la Conselleria de Justícia y a su Secretería de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima "una reunión amplia" sobre este asunto, a la vez que instan a los grupos parlamentarios a convocar una sesión monográfica en la Comisión de Justicia del Parlament para analizar las medidas planteadas, en la que también quieren participar.

Las entidades han mostrado su preocupación porque "las reivindicaciones sindicales de índole laboral en el sistema de prisiones de Catalunya se mezclen con decisiones estructurales sobre las prisiones que afectan a los derechos fundamentales" y la “deriva que se está produciendo con la incorporación de medios de uso de la fuerza en el ámbito penitenciario”. Y advierten que los aerosoles de defensa "ha generado en otros países incluso la muerte de personas privadas de libertad, siendo especialmente peligroso para personas con problemas cardiorrespiratorios". El Observatori del Sistema Penal i Drets Humanos, además, ha presentado una denuncia contra la Conselleria de Justícia ante el Comité de la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

Firman el comunicado la Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH), Alerta Solidària, Associació de Famílies de Presos a Catalunya, la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), IACTA, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Irídia, el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Observa y la Xarxa Antirepressió de Familiars de Persones Detingudes.