Las cárceles catalanas ensayan un plan piloto de IA para controlar a los presos

Primero se ensayará en el centro penitenciario de Mas d'Enric, en Tarragona, y, dependiendo de su resultado, se extendera al resto de cárceles de Catalunya. La prueba piloto consiste en analizar a través de las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia interna y de la inteligencia artificial las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los reclusos. El objetivo es prevenir riesgos que puedan producirse, como una fuga o la introducción de droga en la prisión, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La implantación de este sistema ha sido adjudicada a la empresa Inetum, que desarrolla proyectos detección biométrica.

Esta compañia creará e instalará un sistema automatizado de identificación facial y control de movimientos de internos en zonas críticas del perímetro de seguridad del centro. El sistema servirá para realizar búsqueda de datos y su posterior análisis para clasificar los perfiles que presenten riesgo de violencia en el interior de los recintos penitenciarios. A través de esta tecnología también se podrá evaluar si algún interno introduce droga u objetos prohibidos en la cárcel. El reconocimiento gestual también pemitirá analizar expresiones, actitudes o comportamientos de los presos, incluso tras una comunicación íntima o con la familia (un vis a vis). En la actualidad, este contol dependía, en gran parte, del conocimiento que tienen los funcionarios. Desde la Conselleria de Justicia insisten en que se trata de una prueba piloto y que se pondrá en marcha "con respeto a los derechos fundamentales".

Las cárceles catalanas probarán aerosoles y cámaras en el uniforme de los funcionarios para evitar agresiones

Sin embargo, el uso del reconocimiento facial y gestual en el interior de las prisiones y la evalucación de los riesgos ha levantado polvareda entre las entidades sociales de derechos humanos. Un total de 35 asociaciones, entre ellas la Organización Mundial contra la Tortura, sostienen en un manifiesto hecho público este miércoles que este sistema "va más allá de la identificación de la persona", pues, mediante la utilización de la inteligencia artificial, se valorará las expresiones de los internos para traducirlas con el objetivo de prevenir riesgos. Este método, aseguran, "pueden tener incidencia en el tratamiento penitenciario" del preso, "en la linia de la decisisón automatizada de elementos de riesgo", al tiempo que puede "vaciar de contenido el derecho a la defensa y a la reinserción". La abogada Laia Serra ha denunciado, por su parte, la "opacidad de este sistema".

Según las entidades de derechos humanos, este sistema basado en la gestión de riesgos ('risk management') representa "una de las politicas más restrictivas de la penalogía y criminalogía contemporánea" y representa una inversión económica en seguridad "extrema", en lugar de apuestas medidas de carácter rehabilitador, como lugares de trabajo o educación. "Todo ello", recalcan, encamina al sistema penitenciario "en una dirección tecnocrática cada vez más alejada de los parámetros" de la Constitució.

Aislamientos y contenciones

En el manifiesto, las entidades también denuncian la vulneración de los derechos de los presos en Catalunya y el "abuso" de determinadas medidas, como el aislamiento penitenciario y el uso de la contención mecánica a los internos. Así, rechazan de plano la política penitenciaria de la Conselleria de Justícia, que califican de "opaca" y que, a su entender, "erosiona el sistema democràtico" y su "propia legitimidad". A la vez, recalcan la "dificultad" de acercamiento de posiciones en una material como es la privación de libertad, sobre la que existen "vigentes obligaciones internacionales que no se pueden dejar de cumplir". Entre las asociaciones que firman el documento figura Justicia i Pau, el centro de derechos humanos Iridia, el Institut de Drets Humans de Catalunya, la Comissió de Defensa del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, Alerta Solidària y el Obervatori del Sistema Penal de la UB.

Según estas entidades, "la opacidad de cuanto ocurre en el interior de las cárceles catalanas", donde aumentan las muertes por suicidio (el 34% más en el 2022 en comparación al año anterior), "está facilitando la progresiva adopción de medidas "incompatibles" con los "estándares internacionales por parte de las instituciones". En concreto, aluden al acuerdo firmado entre la Conselleria de Justícia y los sindicatos de funcionarios de prisiones para incrementar los sistema de seguridad. Las organizaciones sindicales, indican, "bajo el pretexto de reclamar derechos laborales legítimos", acaban "asumiendo que se implementen" medidas que "suponen retrocesos" en los derechos de los presos. Entre ellas, nombra las pruebas piloto para el uso de aerosoles, en contra de la advertencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo considera inhumano.