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La cifra de catalanes atendidos por entidades sociales crece un 22% tras el covid

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POBREZA INFANTIL

POBREZA INFANTIL / CARLOS MONTAÑÉS

Elisenda Colell

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Casi dos millones de catalanes dependen de las entidades sociales para subsistir o tener una vida mínimamente digna. Son 350.000 más respecto a 2017, fecha del último Barómetro, un aumento del 22%, según los datos que recoge el Barómetro Social elaborado por la Taula d'Entitats del Tercer Sector con datos de 2021 y que se ha presentado este martes. El sector atribuye este incremento a la pandemia del coronavirus, que aumentó la exclusión social y alerta de que la situación no ha mejorado.

"Vemos un aumento en problemas de salud mental y pobreza en jóvenes, así como de las personas mayores de 65 años", ha explicado la vicepresidenta de la Taula, Rita Grané. Por territorios, destaca el caso de Tarragona, la provincia con más vulnerabilidad y complejidad social y donde las oenegés son más endebles.

El barómetro de la Taula del Tercer Sector señala que la provincia de Tarragona es donde se concentra la mayor vulnerabilidad

Uno de cada cuatro catalanes (1,9 millones de personas) dependía de una entidad social para cubrir sus necesidades básicas y mantener una vida autónoma en 2021. Por colectivos, destaca el caso de las personas mayores o de edad avanzada, que ya suponen una de cada cuatro personas atendidas por las entidades sociales. Les siguen las personas con discapacidad (19%) y los menores (13%).

El Tercer Sector está sosteniendo las crisis superpuestas que estrangulan a los más vulnerables: desde el último barómetro de 2017, a la crisis de la pandemia le ha seguido la de la inflación. Las entidades encuestadas creen que esta situación está lejos de mejorar: el 65% calculan que en 2022 las personas atendidas crecieron un 30%.

Los tres colectivos más frágiles son las personas con discapacidad, los mayores y los niños

"Vemos una tendencia de aumento en patologías mentales: soledad en jóvenes y atención emocional, al igual que con las personas mayores", ha explicado Grané. De hecho, a la vicepresidenta le preocupa especialmente la situación de los jóvenes. "Estamos viendo jóvenes sin hogar. Son personas que a raíz de la pandemia han pedido el trabajo y sus redes de apoyo, y les está costando remontar. El coste de la vivienda no nos ayuda en las grandes ciudades", ha asegurado.

Otra de las problemáticas, ya conocidas pero que la pandemia elevó y destapó, es la relativa a los apoyos a las personas mayores, que ya se ha convertido en el primer colectivo atendido por las entidades sociales. En 2017 era el tercero.

Endeudados con los bancos

El gran problema que afronta el tercer sector es la financiación de sus proyectos. La mitad de los fondos que obtienen salen de las administraciones públicas, con las que tienen una importante deuda acumulada. El 36% de las entidades sociales en Catalunya tiene deudas con las administraciones, especialmente con la Generalitat (56%), y esto afecta al 26% de sus fondos económicos. "Es la enorme perversión del sistema: las entidades deben recurrir a pólizas de bancos para financiar sus servicios mientras esperan que las administraciones paguen. Estos intereses no se pueden imputar después, deben asumirlo las entidades, y es insostenible", ha señalado la presidenta de la Taula, Francina Alsina.

Casi el 40% de las entidades sociales están endeudadas con los bancos o entidades de créditos, un 12% ha pedido dinero a otras entidades sociales mientras que un 20% ha pospuesto actividades o ha dejado de pagar a sus proveedores. De hecho, la financiación privada de las entidades sociales se sostiene con bancos (49%), empresas (39%) u otras entidades sociales (29%). "Estamos negociando con la Generalitat para que las subvenciones y los pagos se hagan con mayor antelación, no puede ser que cobremos un año después de realizar las actividades", ha lamentado Alsina, que ha insistido en que se apruebe la ley del tercer sector social para que se organice y asegure una mejor financiación.

Tarragona, la provincia más vulnerable

Por territorios, destaca en especial el caso de Tarragona. Una provincia con entidades muy pequeñas y arraigadas en pueblos, y donde la complejidad social es la más elevada de toda Catalunya. Esto se explica porque hay una mayor proporción de familias monoparentales, numerosas y de personas que no pueden trabajar respecto al resto de Catalunya. También registra mayor paro en hombres y mujeres, una mayor presencia de prestaciones sociales y más expedientes de riesgo de desamparo de menores. "Es donde debería haber más inversión, porque es donde las entidades sociales son más 'micro' y no pueden hacer frente a toda la necesidad", ha señalado Oriol Alonso, coautor del estudio.

La segunda provincia con mayor complejidad es Girona, con más migrantes sin papeles y un empleo muy estacional centrado en la actividad turística. "Es la provincia que tiene PIB por cápita más bajo y con menos vivienda social protegida", ha destacado Patricia Casanueva, investigadora de la Taula del Tercer Sector y coautora del barómetro. En Lleida, en cambio, la ocupación se mantiene estable todo el año y en Barcelona hay una mayor presencia de entidades sociales y recursos. En este informe, las entidades sociales encuestadas reiteran que les faltan medios y recursos. "Es el principal reto y una de las demandas más recurrentes", ha apuntado Casanueva.