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LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

Catalunya ingresaría 10 millones al mes si regularizara a inmigrantes sin papeles y el resto de España, 50

Las personas que llegan en situación irregular deben esperar tres años para tener permiso de trabajo

Centenares de inmigrantes se ven obligados a trabajar sin pagar impuestos ni estar asegurados en su trabajo

Elisenda Colell

En la imagen, Paola, Jonathan y Erikson.

En la imagen, Paola, Jonathan y Erikson. / FERRAN NADEU

La Seguridad Social podría estar perdiendo decenas de millones de euros por no regularizar a los inmigrantes sin papeles. Teniendo en cuenta los datos oficiales de recaudación y el dato aproximado de personas que están en esta situación, en Catalunya el monto sería de 10 millones mensuales, que en el resto de España ascendería a 50 si todas tuvieran un empleo completamente legal. La realidad es que hay centenares de personas viviendo en la inseguridad jurídica y poniéndose en riesgo al menos durante tres años. Como Erikson, que estuvo varios meses limpiando cristales en rascacielos de Barcelona con un sueldo en negro y sin seguro médico.

De media, cada trabajador en España aporta 102,50 euros al mes a la Seguridad Social teniendo en cuenta los datos del mes de abril. Según la Generalitat, hay aproximadamente 100.000 inmigrantes sin papeles en Catalunya, que suponen el 10% del total de extranjeros. Si todos trabajasen con contrato, la Seguridad Social podría ingresar alrededor de 10 millones de media al mes. Y si esta correlación fuera la misma en todo el Estado, serían unos 51 millones de euros que engrandarían, cada mes, las arcas públicas. Unos datos, sin embargo, que son aproximados, porque se desconoce cuántas personas en situación irregular viven y trabajan en España. Y aún menos cúal podría ser su sueldo.

Según los expertos, el problema radica en la legislación. La ley de extranjería solo permite regularizar al inmigrante que consiga un trabajo de un año a jornada completa aceptado por el Estado. "Estos criterios no ayudan, serían necesarios instrumentos más flexibles", indica Sònia Parella, profesora de Sociología a la UAB y coordinadora del CER-Migracions UAB-UB, un grupo de investigación que estudia las migraciones.

Hay quienes buscan como alternativa el matrimonio con nacionales

Y es que, en realidad, la mayoría de las personas que llegan a España sin una oferta laboral y sin ser refugiadas están prácticamente obligadas a trabajar en negro durante tres años. Es el tiempo por el que se pueden lograr permisos de residencia y de trabajo, a través del "arraigo social". Muchas veces, confirmado a través del padrón municipal. Otras alternativas son los matrimonios con nacionales.

Parella indica que hay varios perfiles de migrantes que acaban en esta situación. En primer lugar, los que entran por "sitios no habilitados", bien cruzando el Estrecho en patera o bien superando las fronteras de Ceuta y Melilla. 

En segundo lugar están las personas que han llegado a España como turistas y a los 90 días se convierten en irregulares. "Suelen venir de países centroamericanos, como Honduras", explica la socióloga. Por último, están los migrantes que, de repente, se quedan sin nada, la conocida "irregularidad sobrevenida". Algunos no pueden renovar la residencia por haberse quedado sin trabajo. Otros porque su solicitud de asilo ha sido denegada y dejan de estar protegidos.

Mientras, las entidades sociales siguen viendo personas inmigrantes extorsionadas debido a su situación administrativa como "irregular". "Es prácticamente imposible ayudarles a encontrar trabajo sin el permiso de la administración", señala Laura Candelario, responsable de inserción laboral de la Asociación Educativa Ítaca de L'Hospitalet de Llobregat.

Erikson: "Limpié cristales en rascacielos sin seguro médico"

En la imagen, Erikson, de 31 años y natural de la República Dominicana. / FERRAN NADEU

Tiene 31 años y a finales del 2016 dejó su país, la República Dominicana, para aterrizar en España junto a su mujer y su hija. No tiene permiso para poder trabajar, pero esto no evita que haya tenido varios empleos a lo largo de estos años. "Te agarras a lo que sea, de algo tienes que comer, no?", explica.

Uno de ellos, peón de obras. Sin embargo, las horas que le dedicaba a su empleo no constaban en ningún registro, no podía reclamar nada ni tener seguro médico. "Tú trabajas y punto, es lo que deseas, no estás por reivindicar nada", reflexiona. ¿Cuántas horas seguidas? "15, 16 o infinito, las que haga falta".

Erikson era miembro de la Brigada Paracaidista de su país. "Se lo dije a un patrón, y me dio trabajo para limpiar rascacielos colgado de un arnés", dice con una sonrisa. El trabajo le gustaba, pero el riesgo era elevadísimo. Si una cuerda se hubiera destensado y hubiera sufrido algún daño, no tendría derecho a nada. Ni seguro médico, ni posibilidad de indemnización.

Aunque él lo que peor recuerda es el trabajo en una pollería de su barrio. "Trabajaba de las 10 de la mañana a las nueve de la noche, sin parar, y además aguantando un calor insoprtable. ¿Sabes cuánto cobraba? 600 euros al mes". Tampoco tiene la opción de formarse de forma reglada en cursos de formación profesional o oficios. "Es frustrante, no puedes hacer nada", se queja. Para poder, no puede ni abrir una cuenta corriente en el banco. "Estamos fuera del sistema, pero somos personas", dice.

Paola: "Te tragas el orgullo y te dedicas a sobrevivir"

Paola, colombiana y con dos hijos de 6 y 4 años. / FERRAN NADEU

Paola es colombiana, aunque la mayoría de su vida la ha pasado en Venezuela. Es graduada universitaria en gestión de empresas y toda su vida ha trabajado en oficinas. El 2 de febrero del 2018 huyó de su país. "Las medicinas eran carísimas y si alguno de mis hijos enfermaba, sabía que se iba a morir allí", explica. Tienen 6 y 4 añitos, y ahora los tres viven en el piso de su madre, que sí tiene la nacionalidad española.

Al llegar a España, Paola empezó a mandar currículums. Le fue bien, la llamaron de varias empresas. Hizo entrevistas y la que más le gustó fue para un empleo en una compañía de seguros. El problema era siempre el mismo: "No tienes papeles, no te podemos contratar". Y así unas cuantas veces hasta que vio que no había otra salida. "Me tragué mi orgullo y me puse a limpiar casas, de algo tenían que comer mis hijos", relata.

Al mes puede ganar entre 300 o 500 euros. "Depende de las horas que me den, yo intento hacer las máximas", asegura. Su trabajo no está regulado, no tiene horarios y depende, en exclusiva, de lo que le manden las personas que le contratan en negro. La inseguridad es total. "Con este dinero, sobrevives, suerte que tengo a mi madre que me ayuda en cuanto puede, pero feliz ahora no lo estoy", dice. "Los inmigrantes sin papeles estamos solos", se queja.

No está claro que Paola logre regularizar su situación cuando pasen tres años de su llegada. "El dueño del piso no nos quiere empadronar", asegura. Ym sin este documento, es prácticamente imposible demostrar el arraigo social de tres años en la sociedad española.

Jonathan: "Robar o trapichear sería deshonrarme"

Jonathan, colombiano de 26 años. / FERRAN NADEU

Este joven colombiano, de apenas 26 años, aterrizó en Barcelona hace poco más de dos años. Se considera autónomo, pero en realidad, no lo es. Tiene un negocio, pero le faltan los permisos de residencia y de trabajo en España. Así pues, sus proyectos empresariales acaban sumidos en la clandestinidad.

Jonathan decidió venir a España para buscar nuevas oportunidades, pero también para dejar atrás una juventud demasiado dura. "He visto muchas muertes a mi vera, estuve a punto de ver la mía", recuerda. Formó parte de bandas juveniles en su país. "Entré en el mundo de las drogas y la violencia, pero logré salir de él", dice orgulloso. Para tirar adelante, quiso crear una marca de ropa urbana, algo que siempre le ha apasionado. Y decidió impulsarla en Barcelona.

Tiene un taller, vende su ropa y se saca un dinero a final de mes. "Es todo clandestino, me encantaría poder pagar impuestos y poder contratar, pero no me dejan", explica. Ha tenido muchos problemas, pero de momento sigue adelante. No es su único proyecto. Con un grupo de amigos, tienen un proyecto de hip-hop para jóvenes. "Intentamos ser un referente positivo, lograr que se alejen de las drogas y la delincuencia y opten por una vida sana y feliz", cuenta.

Para la Administración, sin embargo, él no existe. Está condenado a la irregularidad y a ser tratado como un extraño. "Me llegaron a cobrar 500 euros por sacarme unos cálculos en el riñón en el hospital", se queja.

Entiende que haya personas que, en su situación y ante la falta de oportunidades, opten por la vía 'fácil': robar o trapichear. Él, dice, nunca lo haría. "Ponerme a robar o vender droga sería deshonrarme y escupirme en la cara". Es feliz con sus proyectos y espera que algún día pueda decir que ya es, oficialmente, un emprendedor.