El tercer sector, en números rojos: "Dependemos de donativos y créditos para garantizar servicios públicos"

Despedir personal, encomendarse a créditos bancarios o tener que suspender actividades porque los números no salen. Estas son las medidas drásticas que están tomando las entidades sociales y fundaciones que gestionan servicios públicos subcontratados por la Generalitat, ante la escalada de los precios de este último año. Centros de menores, residencias de ancianos y personas con discapacidad, pisos de inclusión, servicios de atención a las víctimas de violencia o albergues para personas sin hogar no consiguen cuadrar las cuentas. "No encontramos personal para trabajar", lamentan varias oenegés que han encajado aumentos de hasta el 300% de las facturas de la luz o el gas.

La fundación El Maresme atiende más de 3.000 personas con discapacidad en Mataró y alrededores. Entre ellos, gestiona un CDIAP (Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz), una escuela de educación especial, varias residencias, pisos con apoyo y un centro de día. Todos servicios públicos subcontratadados por la Conselleria de Drets Socials. "Los gastos se han disparado de forma brutal: el recibo de la luz ha aumentado un 89%, el gas un 93%, el combustible un 48% y la alimentación un 8%", explica su director, Albert Vidal. Los gastos crecen de forma exponencial, mientras que los ingresos siguen estancados. "Claro que afecta a la calidad del servicio, hemos tenido que prescindir de personal que hacía una función muy importante", sigue Vidal.

Despidos al límite y falta de personal

De momento, por ejemplo, han tenido que despedir a un fisio adicional de la residencia (clave para retrasar el envejecimiento de las personas con discapacidad), además de pedagogos en los centros de día o educadores sociales. "Esperemos que este año podamos mantener el servicio con el mínimo de personal", afirma Vidal. No son los únicos que han tenido que tomar medidas drásticas. "Las actividades se han acabado, ya no podremos hacer más", dice Albert Carbonell, director de la asociación MIFAS, también del ámbito de la discapacidad, en Girona.

"Los recibos de la luz y el gas se nos han triplicado pero seguimos con los mismos ingresos", explica Carbonell. La entidad organizaba salidas para los usuarios de los centros de día y residencias públicas que gestiona. Ahora ya no se las pueden permitir. "Es grave porque las salidas, el deporte... ayudan mucho a estas personas", asegura. Sus peores temores ya se precipitan para el 2023. "Queríamos pedir fondos Next Generation para mejorar las residencias, que llevan 20 años sin renovarse. Pero como nos toca avanzar dinero... nos vamos a echar atrás", admite. La falta de recursos también afecta los sueldos, que no los pueden subir. "No encuentras a nadie por el dinero que podemos ofrecer", sigue.

Reducir el consumo

La afectación llega a todos los ámbitos, incluidos los centros de menores y la atención a los jóvenes extutelados. "Nos llegan recibos de luz y gas del doble de lo que pagábamos antes", reconoce Julio Jiménez, técnico de la fundación Eveho. "Los servicios que más lo sufren son los CRAES, centros de 40 niños menores tutelados por la Generalitat", cuenta. La entidad tira de donaciones privadas. Pero para este 2023 ya han iniciado un plan de ahorro energético. "Hemos cambiado de compañía energética y hemos inculcado cambios en los chicos, especialmente en los más mayores que viven en pisos", sigue. Los chicos tienen en cuenta el derroche energético, y el educador les pide que ahorren dinero de las ayudas sociales, proporcional a lo que gastan. "De momento hemos reducido un poco el consumo", explica.

"El servicio de atención a las personas está en riesgo", sentencia Carles Descalzi, gerente de la fundación Sant Pere Claver, referente en la atención de la salud mental. De cada cuatro euros que gasta la entidad, uno va para la factura energética. "Teníamos los presupuestos aprobados cuando estalló la guerra pero el gasto se nos desvió una barbaridad, ha crecido hasta el 190% en algunos servicios", cuenta. Especialmente lo notan en las la residencia para personas con trastornos de conducta, como el albergue Cal Muns de Barcelona para personas sin hogar con trastornos psicológicos o los pisos de inserción. "Hemos reducido actividades y no podemos subir sueldos, por lo que el personal se va y es muy difícil de suplir. Nos vemos obligados a adelgazarnos y rebajar nuestro impacto", explica Descalzi.

El hermano pobre

"El tema es que no llegamos, no se llega. Hace más de 10 años que no se toca nuestra financiación y ahora esta inflación desbocada... es la tormenta perfecta", lamenta. "El sistema está en riesgo. En salud, educación... el Govern pacta incrementos de salarios y de mejora de la financiación, pero el sector social seguimos siendo el hermano pobre", lamenta Descalzi. "Necesitamos aumentar la financiación de nuestros servicios, cuando más se nos necesita deberíamos estar fuertes", añade.

Este año, la Generalitat aumentará un 4% la tarifa de los servicios de la Conselleria de Drets Socials. "Es irrisorio e insuficiente", se queja Descalzi. Una queja a la que se unen el resto de entidades. "Dependemos de donativos o de los bancos para garantizar servicios públicos, es muy grave", se queja Carbonell. El riesgo es que las entidades sociales dejen de gestionar estos servicios, como ya lleva ocurriendo en los geriátricos. "Si no, vendrán estas macroempresas multiservicio que solo les importan los números y los beneficios y les da igual la atención de las personas", augura Carbonell.

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