España veta fumar en la calle y cierra las discotecas por el covid

España prohíbe fumar en la calle y en las terrazas de los bares y cierra sus discotecas para intentar frenar la expansión de la pandemia de covid-19. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad aplicar un paquete de medidas extraordinarias en materia sanitaria para coordinar la lucha contra los contagios. Se trata de la primera vez en la historia de la democracia que se llega a un acuerdo de este tipo. El objetivo; evitar que rebrotes que hoy por hoy siembran el mapa español se conviertan en una segunda gran oleada de casos.

Este viernes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha puesto sobre la mesa 11 medidas de obligado cumplimiento a nivel nacional. Tres recomendaciones. Y una observación. Todas ellas quedarán reflejadas, de una manera u otra, en la normativa propia de cada comunidad autónoma. "El que presentamos hoy es un acuerdo de mínimos", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la presentación del plan. No puede descartarse, pues, que en los próximos días alguna autonomía intensifique todavía más estas restricciones. Aunque no está claro cuándo llegarán estas resoluciones a cada territorio.

Entre las medidas más contundentes, destaca la prohibición de "fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros"; algo reclamado desde hace meses por las sociedades científicas y que las autonomías llevaban unos días estudiando tras la aprobación de la medida en Galicia. 

Asimismo, también se decreta el cierre de "discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo" a nivel nacional. Estos entornos, según consta en los datos del Ministerio, son el origen de gran parte de los rebrotes detectados hasta la fecha. Con la complicación de que, a diferencia de lo que ocurre en los focos de origen familiar, es muy complicado reconstruir la cadena de contagios a partir de los locales de ocio nocturno.

Más restricciones al ocio

El coto a los botellones se extiende a todo el territorio español. A partir de ahora, el consumo de alcohol en la vía pública queda prohibido explícitamente. Las comunidades tienen previsto reforzar los controles sobre el terreno para garantizar que se cumpla esta normativa. Corresponderá a las autonomías y a los ayuntamientos establecer las sanciones correspondientes. En Catalunya, por ejemplo, esta infracción se sanciona con hasta 15.000 euros de multa.

También se refuerzan la regulación referente a la hostelería. A partir de ahora, los restaurantes, los bares, los chiringuitos y las terrazas tendrán que garantizar un metro y medio de distancia entre personas. Se permite un máximo de 10 personas por mesa, separadas por el debido espacio interpersonal. Los locales podrán admitir clientes hasta medianoche y deberán bajar la persiana por tarde a la una.

La organización de actividades multitudinarias deberá ser analizada y revisada antes de su aprobación. Los responsables de estos eventos deberán realizar una evaluación de riesgo respecto a la normativa vigente, guardando especial atención a las medidas necesarias para evitar eventuales contagios de covid-19. Corresponderá a las comunidades autónomas revisar estos informes para determinar si se aprueba (o no) la realización de los eventos.

Más controles en las residencias

Las residencias quedan blindadas por nuevas medidas de seguridad. Según lo acordado por las autonomías, se realizarán pruebas diagnósticas (PCR) a todos los nuevos residentes a los centros (con 72 horas de antelación a su entrada al centro). Los empleados que se hayan ausentado durante un tiempo del centro, o que se incorporen desde cero, también deberán pasar por esta prueba diagnóstica para certificar que no introducen el virus en estos espacios especialmente vulnerables. También se contempla la recomendación de realizar tests periódicos a los trabajadores que estén en contacto directo con los residentes.

La entrada y salida de las residencias queda regulada, a partir de ahora, según dos principios. Las visitas a los residentes de los centros se limitarán a una persona al día durante un máximo de una hora. Estos encuentros se podrán realizar "extremando las medidas de seguridad" y en función de las pautas de cada centro, que repartirá las visitas a lo largo del día. También se limita al máximo la salida de residentes de los centros.

Más rastreos sobre el terreno

Ante el aumento de casos detectado en algunas localidades, el plan nacional establece que "en caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas". De esta manera, queda escrita en negro sobre blanco una medida que, hasta ahora, muchas comunidades autónomas habían realizado por su cuenta. 

El acuerdo también lanza unas recomendaciones generales para la sociedad, que todavía no está claro cómo pasarán de la teoría a la práctica. A partir de ahora, "se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable". Asimismo, "se recomienda que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas".

Asignaturas pendientes

El documento de consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas concluye con un recordatorio sobre la necesidad de aplicar las medidas ya acordadas hace unas semanas. Bajo la premisa de "se garantizarán los medios y las capacidades de los sistemas sanitarios", se da a entender que llegarán los prometidos refuerzos en los centros de atención primaria y en el sistema de rastreadores.

En estas últimas semanas, de hecho, ya son muchas las voces de sanitarios que han denunciado las carencias del sector para hacer frente a esta crisis. La falta de rastreadores se ha convertido en la gran asignatura pendiente de estos días, que de no realizarse correctamente deja en el aire a la cadena de posibles contagios generados a partir de un caso infectado. Los epidemiólogos han expresado en más de una ocasión su temor a que estas investigaciones, básicas para frenar el aumento de casos, no se están realizando correctamente.

El pacto entre autonomías pasa por alto las medidas referentes al inicio del curso escolar. Interpelado sobre esta cuestión, Illa ha recordado que "es competencia de las comunidades autónomas". Asimismo, ha añadido que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una guía con las actuaciones básicas a contemplar, además de un fondo económico para que los centros puedan aplicar las medidas.