Derechos humanos

Salut desplegará en el segundo semestre el reglamento que permitirá a migrantes sin padrón acceder a la sanidad pública

Tras siete años sin un ordenamiento que haga efectiva la norma, las personas más vulnerables tendrán por fin una tarjeta sanitaria sin pasar por la Cruz Roja

Salut investiga al CAP de Ripoll por incumplir la ley de sanidad universal

Seis meses sin escuela ni médico en Vic a la espera del padrón: "El ayuntamiento quiere que nos vayamos

Vecinos vulnerables de Ripoll a los que se les niega el empadronamiento

Vecinos vulnerables de Ripoll a los que se les niega el empadronamiento / Jordi Otix

Beatriz Pérez

Beatriz Pérez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Conselleria de Salut tendrá por fin desplegado, en el segundo semestre de este 2024, el reglamento de la ley de universalización de la asistencia sanitaria que aprobó en 2017. Ese año el Parlament aprobó esta norma con el objetivo de sortear el real decreto de 2012 del Partido Popular, que dejaba sin sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular. 

Casos como el de Ripoll (la alcaldesa ultra Sílvia Orriols puso trabas al empadronamiento de inmigrantes, aunque finalmente fue forzada a empadronarlos tras las publicaciones de EL PERIÓDICO) o el de Vic (donde familias vulnerables no pueden acceder al médico al no estar empadronadas) ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de ese reglamento. Si estuviera en vigor, las personas no empadronadas tendrían acceso a la tarjeta sanitaria, y con ello a la sanidad pública.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha enviado a la mesa del Parlament una respuesta a una pregunta hecha el octubre pasado por la diputada de la CUP Laia Estrada, en la que esta pedía saber cuándo estaría desplegado este reglamento que servirá para proteger a los más vulnerables. "En estos momentos, el decreto ha iniciado su tramitación (...) Inicialmente es necesario que se reserve un periodo de información pública con la publicación del preceptivo informe de valoración de sus alegaciones (...) A continuación, y previamente a la aprobación final por parte del Govern, que se prevé durante el segundo semestre de 2024, hay que esperar a la emisión de los dictámenes preceptivos de los órganos consultivos", recoge la respuesta enviada por Balcells, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La ley 9/2017 de sanidad universal

En 2017, el titular de Salut era Toni Comín. Según la ley catalana 9/2017, que se hizo para esquivar la discriminación de las personas en situación irregular a la sanidad, en el caso de no estar empadronado, bastaría con demostrar el arraigo para acceder a la sanidad pública en Catalunya. Sin embargo, casi siete años después, la Conselleria de Salut (por cuyo frente han pasado hasta cuatro consellers de distinto signo político) aún no ha desplegado el reglamento de esta ley.

Esta ley establecía, en su disposición final segunda, que el reglamento debería estar desplegado en tres meses desde la entrada en vigor de la norma, que se aprobó en junio de 2017. No ayudó la ofensiva judicial: en marzo de 2018, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. En octubre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) asumió la retirada de este recurso. Para entonces ya estaba el PSOE en el Gobierno y una de sus primeras medidas fue precisamente derogar la reforma sanitaria del PP.

Como la ley no tiene aún este reglamento, de momento no queda claro cómo demostrar el arraigo. "Si este reglamento estuviera desarrollado, estas familias tendrían un mecanismo para acceder a la tarjeta sanitaria aunque el ayuntamiento de turno no las empadronara, como ocurre ahora en Ripoll [con la alcaldesa ultra Sílvia Orriols]. La ley dice esto, pero no se aplica", denunciaba hace dos meses en este diario Carlos Losana, pediatra del CAP Poblenou y miembro de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat).

A la espera del reglamento, Salut apunta que las personas vulnerables y sin padrón pueden obtener una tarjeta sanitaria a través de la Cruz Roja. Este argumento irrita a organizaciones como la Pasucat, que cree que es obligación de Salut "asegurar la sanidad de estas familias excluidas por no poderse empadronar" y no "externalizar" esta gestión.

Suscríbete para seguir leyendo