Carta a sus médicos
El Institut Català d'Oncologia actualizará su código ético por los cobros de farmacéuticas
La falta de regulación permite que una doctora del ICO cobre 78.500 euros al año de farmacéuticas
Los expertos reclaman una ley de transparencia para las relaciones entre médicos y farmacéuticas
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Beatriz Pérez
Periodista
Responsable del área de sanidad/salud de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde 2018. En este tiempo he podido profundizar en temas de relevancia social y humana, como la pandemia de covid-19, el sistema de salud catalán, los avances médicos o las desigualdades en el acceso a la sanidad. En abril de 2024, gané la primera edición del Premi Salut i Drets Socials del Col.legi de Periodistes de Catalunya (demarcación de Tarragona).
El nuevo director general del Institut Català d'Oncologia (ICO), Joan Brunet, ha enviado este viernes un comunicado al personal del centro en el que les informa de que iniciará un "proceso de actualización" del código ético de la institución. El comunicado se envía el mismo día en que EL PERIÓDICO publica que la jefa de Hematología Clínica del ICO, Anna Sureda, recibió el año pasado al menos 78.500 euros de farmacéuticas cuyos medicamentos después se administran a pacientes con cánceres hematológicos, su especialidad.
El director del ICO defiende la "integridad" del organismo pero anuncia una revisión para que "los profesionales lleven a cabo su actividad con claridad, transparencia y seguridad"
Brunet es el máximo dirigente del ICO desde hace unas semanas, cuando el anterior director general, Ramon Salazar, se vio obligado a dimitir después de que este diario acreditara que había recibido pagos de farmacéuticas que no declaró y que poseía una empresa familiar que estaba a nombre de su mujer.
Una investigación de EL PERIÓDICO acredita que la jefa de Hematología Clínica cobró el año pasado 78.500 euros de laboratorios cuyos fármacos después se administran a los enfermos
El objetivo de la investigación de este diario no es sembrar dudas sobre la idoneidad de estos fármacos, cuya eficacia y seguridad están altamente probadas, sino poner luz sobre los conflictos de intereses que, muy a menudo, existen entre médicos (especialmente, oncólogos) e industria farmacéutica, así como la poca transparencia y falta de regulación (tanto autonómica como estatal) que hay al respecto.
Los expertos reclaman para Catalunya y España una regulación específica sobre las relaciones de las farmacéuticas con los médicos, como sí existe en EEUU. La propia Oficina Antifrau constata una falta de regulación expresa en el ordenamiento vigente.
"El principal activo de nuestra institución son los y las profesionales que trabajan de manera íntegra con el único objetivo de beneficiar de forma directa a nuestros pacientes", recoge el comunicado firmado por Brunet, quien defiende que muchos de los profesionales del ICO son "reconocidos por su alto grado de experiencia y conocimiento en las patologías que tratan". "Por tanto, a menudo son llamados a participar en actividades científicas, hecho que es todo un reconocimiento a su excelencia", añade.
"El principal activo del ICO son los profesionales que trabajan de manera íntegra con el único objetivo de beneficiar de forma directa a nuestros pacientes"
Sin embargo, la investigación de este diario ha podido acreditar que la doctora recibió la mayoría de pagos por "prestación de servicios", un concepto abstracto que engloba labores de consultoría o asesoramiento. Pero no solo. Según fuentes consultadas por este diario, muchos médicos cobran comisiones de farmacéuticas por "reclutar" a pacientes para ensayos clínicos realizados por estos laboratorios.
"Propósito científico"
Brunet defiende que esta actividad siempre tiene un "propósito científico", que todos los profesionales del ICO "actúan en beneficio del paciente" y que el ejemplo de "toma de decisiones y uso de medicamentos de la institución es un ejemplo de buena práctica en el sector público". "Todos los acuerdos tomados se publican en la página web por libre consulta. Todos los miembros de la comisión cumplimentan el documento de conflicto de interés", recoge el comunicado, donde además se defienden la "transparencia, equidad y evidencia científica" de la institución.
Aun así, el director general asegura que actualizará el código ético para que "los profesionales lleven a cabo su actividad científica con claridad, transparencia y seguridad".
Los expertos consultados por este diario creen que debería haber una ley específica (y no códigos éticos, que no son vinculantes) que regulase las relaciones entre médicos y laboratorios. También, que debería fijarse un máximo de cobros por parte de farmacéuticas. Según el catedrático de Cirugía del Hospital del Mar, Antonio Sitges, ya jubilado, los conflictos de interés son "especialmente importantes" (que no "únicos") entre los oncólogos, ya que manejan fármacos "carísimos" a pesar de que algunos tienen "escaso beneficio clínico". "Los médicos y los centros en los que trabajan deberían no solo declarar su conflicto de intereses, sino también demostrar que su conducta es ética", dice Sitges.
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