La "saturación" de la sanidad pública provoca "vulneraciones" de derechos en la salud mental

Una familia que recibe presiones por parte del centro educativo en el que está su hijo para que deje esa escuela y se matricule en un centro de educación especial. Una empresa pública de transporte que tiene, como criterios de exclusión en sus procesos de selección, diagnósticos de salud mental. Una persona con un trastorno de salud mental que no recibe ninguna explicación, por parte de su médico, sobre su diagnóstico ni sobre los efectos secundarios de la medicación.

Estos son solo algunos ejemplos de vulneraciones de derechos de personas con problemas de salud mental. La mayor parte de ellas (el 47,5%) se producen en la sanidad pública, debido, en parte a la "saturación" del sistema (falta de personal, dificultad para acceder a los dispositivos, desigualdad territorial). Salut Mental Catalunya, entidad que aglutina a asociaciones, familias y pacientes, acaba de publicar el 'Informe sobre derechos y salud mental en Catalunya 2022'. Es, según su principal autor, Iván Cano, el "primer informe de esta magnitud" porque pese a que en 2018 comenzó a ponerse el foco en las vulneraciones de derechos de estas personas, hasta ahora los informes anteriores eran "muy numéricos".

Contenciones mecánicas, ingresos involuntarios o medicaciones forzosas son algunas de las prácticas denunciadas

La novedad de este documento es que aporta ejemplos de discriminaciones producidas en Catalunya el año pasado. También datos. Por ejemplo: el año pasado en todo el territorio se registraron un total de 269 vulneraciones, frente a las 36 de 2021, esto es, un 87% más. Esto se debe, precisa Cano, a que "se ha mejorado la detección de las vulneraciones", y no a que la situación se desbocara el año pasado.

La detección se ha mejorado gracias en parte a la implementación de los espacios 'Situa't' (hay 15 en 17 municipios catalanes, y ofrecen orientación, información y acompañamiento). Y advierte de que todavía hay "mucha infradenuncia". "Hay muchas personas que no son conscientes de que se están vulnerando derechos", advierte Cano. Otras sienten "vergüenza" o "miedo" a la hora de denunciar.

"Hay muchas personas que no son conscientes de que se están vulnerando derechos. Otras sienten "vergüenza" o "miedo" 

Barcelona es la provincia catalana que más denuncias aglutina: el 80%. Y, además, el 70% de las personas que denunciaron fueron mujeres. Esto no quiere decir que en el 70% de los casos ellas sufrieran la discriminación, sino que este porcentaje es un reflejo de quién ejerce el rol de cuidador. Un 55% de las veces denunciaron las personas que sufrieron esa vulneración; en un 38% de las veces, sus familias; y en un 7%, los profesionales.

En un 51,7% de los casos, quienes fueron víctimas de esa vulneración eran mujeres. En un 48,3%, hombres. Tenían una media de edad de 39 años.

El 66,5% de casos, en la Administración

Hay otro dato que preocupa especialmente a Salut Mental Catalunya: en el 66,54% de casos, la Administración pública (ya sea local, autonómica, provincial o estatal) es el principal agente discriminador. Solo uno de cada seis casos son particulares o entidades privadas.

La mayor parte de estas vulneraciones de derechos se producen en el ámbito de la sanidad pública (el 47,5%), seguidas de otros espacios de la Administración pública (13,75%), espacios de ámbito privado (11,15%), el ámbito laboral (10%) y la familia (8%).

Las entidades de salud mental achacan las discriminaciones en el ámbito de la sanidad a la "saturación" del sistema, que se refleja en la falta de personal, de recursos o en las largas listas de espera para acceder a los dispositivos.

"Tenemos excelentes profesionales pero con altas cargas de trabajo, sumado a un aumento de la complejidad de las patologías", reflexiona el autor del informe. "La saturación del sistema no es de ahora. Pero ahora vivimos una situación socioeconómica que atraviesa la salud mental", explica, ya que está demostrado que la precariedad laboral provoca malestar emocional. Cano también señala que el modelo sanitario aún es muy "biomédico".

Prácticas cuestionadas

Pero el sistema también permite ciertas prácticas en los hospitales que los colectivos reclaman prohibir. El principal ejemplo que citan son las contenciones mecánicas (atar a la persona a la cama), algo "humillante", como en muchas ocasiones han manifestado las propias personas e incluso sus familias. También, los ingresos involuntarios. "Se hacen en base a curar, pero hay que tener en cuenta que se están vulnerando derechos", dice Cano. Y las medicaciones forzosas. Son prácticas que se producen en la sanidad, si bien no en todos los centros u hospitales ni tampoco recurrentemente.

La espera para acceder a los centros de salud mental de adultos (CSMA) e infanto-juveniles (CSMIJ), así como la rotación de profesionales (que dificulta la recuperación del paciente), también son vulneraciones de derechos. "No sabemos cuántas contenciones se hacen en Catalunya. Pero sí tenemos un problema en la praxis y en la voluntad de recoger datos", añade.

Además, el principal motivo de discriminación es la salud (en el 50,18% de los casos), seguido de la violencia institucional (14%) y los motivos socioeconómicos (12,3%).