La teniente fiscal del Supremo no ve indicios para imputar a Puigdemont por el caso Tsunami

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha presentado este jueves el informe definitivo del ministerio público para dar respuesta a la exposición razonada que el juez Manuel García Castellón remitió a la Sala Segunda en el caso Tsunami Democràtic. Como se esperaba, a diferencia de la mayoría de los fiscales del alto tribunal, Sánchez Conde no aprecia indicios de delito para investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg por terrorismo. De hecho cree que los indicios que hay más bien descartan la participación del líder de Junts en la plataforma que convocó movilizaciones contra la sentencia del 'procés' en octubre de 2019.

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En su escrito, la teniente fiscal propone a la Sala Segunda del Supremo que devuelva la exposición razonada a la Audiencia Nacional para que continúe adelante con sus pesquisas porque no ve indicios suficientes para imputar a los dos aforados. Como es preceptivo en este tipo de informes, la número 1 de la carrera fiscal argumenta que la Sala de lo Penal es la competente para investigar a un eurodiputado (Puigdemont) y a un diputado del Parlament (Wagensberg) por hechos cometidos fuera de Catalunya, pero en este caso valora que no debe abrir un procedimiento, porque no hay indicios suficientes contra ninguno de los dos.

"Conjeturas o sospechas"

Sánchez Conde sostiene que "el examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal".

"Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación, ni -como se debe- tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención", afirma en su informe de 31 páginas.

La teniente fiscal explica que, al no haber indicios contra los aforados, debe ser la Audiencia Nacional la que continúe con la investigación respecto del resto de imputados, entre los que está la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, ha recurrido y ha apoyado los recursos de todos los imputados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Niega que se trate de un delito de terrorismo; considera que son desórdenes públicos.

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Indicios en sentido opuesto

El informe de Sánchez Conde resulta especialmente convincente porque realiza el ejercicio de utilizar los mismos indicios que remitió el juez García Castellón, pero en sentido opuesto. De tal forma que el mensaje en el que uno de los imputados comentaba que entendía que Òmnium Cultural habría avisado a Puigdemont de la inminencia de la puesta en marcha de Tsunami Democràtic es para la fiscal prueba de que no estaba al frente de la plataforma.

"El hecho de que se pretendiese hacer llegar información de tal extremo a Puigdemont puede ser interpretado, con naturalidad, como relevante indicador de la ajenidad del mismo en la constitución de Tsunami y la campaña que la misma iba a realizar, por cuanto, de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto", concluye la fiscal.

"Solo así se explica que, unos pocos días antes de la aparición pública de la plataforma (5 de septiembre de 2019) Puigdemont ignorara la identidad de los 'perfiles de campaña' de Tsunami, las acciones que pretendía desarrollar (distribuir 200 pancartas) o las razones que condujeron a la elección de la denominación Tsunami Democràtic. En otras palabras, esa captura de pantalla revela que Puigdemont no participó en la elección de los líderes de la organización -ignoraba sus identidades-, ni en la concreción de las acciones a ejecutar -se le informaba de ellas a fin de que tuviera conocimiento-, ni en la elección del nombre".

Los mensajes de Alay

A similar conclusión llega con los mensajes intervenidos al jefe de la oficina de Puigdemont en Bruselas, Josep Lluís Alay. "Puede deducirse de esta captura de pantalla que el 'grupo de coordinación' y los miembros de Tsunami Democràtic eran distintos a quienes participaron en las reuniones de Ginebra los días 30 y 31 de agosto de 2019 y que eran aquellos primeros quienes estaban gestionando la creación de la plataforma, pues los participantes en las reuniones de Ginebra", a las que asistió Puigdemont, pero también el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi, "podían vetar su continuación".

La fiscal considera "ilustrativo que dos días antes de celebrarse las reuniones en Suiza se pusiera en funcionamiento el canal de Tsunami en la red social Telegram". Pero va más allá y añade que "es notorio que Tsunami Democràtic fue apoyado públicamente por multitud de personas", que "desconocían posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente por la actuación de individuos descontrolados. En fin, la exposición razonada atribuye a dichas reuniones un contenido que solo se presume".

Para el ministerio público ni siquiera sirven para el objetivo del juez García Castellón los mensajes en los que Puigdemont mostraba su temor a que se produjera algún muerto en las protestas. "Esta conversación también permite inferir que Puigdemont, muy al contrario de lo que afirma el magistrado instructor ("con esta aseveración, Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales", decía), le preocupa la posibilidad de que, a causa de los altercados, pudieran llegar a producirse heridos de gravedad o fallecidos. Posibilidad que, como se deduce del mensaje transcrito, Puigdemont no desea que suceda", porque sus palabras muestran lo contrario. "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos", decía el expresident en los mensajes.

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Más investigación

Pese a exculpar a los aforados y no mencionar el terrorismo, la fiscalía admite que "los hechos que se imputan a la organización Tsunami Democràtic -en la que ambos estarían integrados y participarían en su dirección de acuerdo a un reparto de tareas y papeles-, sucedieron sin que pueda cuestionarse que se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía de importante gravedad, produciéndose lesiones y graves daños y los mismos son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales". Para decirlo aún más claro Sánchez Conde añade que "la naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democràtic no puede ser puesta en duda y ha quedado constatada en las diligencias previas incoadas", aunque en ningún momento menciona el terrorismo.

Pero "no se imputa a los investigados, aforados o no, la participación directa en (...) en las acciones llevadas a cabo por una multitud de personas que no se identifican en la exposición, en la que tampoco se afirma que incitasen o planificasen dichos gravísimos incidentes", solo "haber formado parte de Tsunami Democràtic en cuanto a organización, siendo indiferente la naturaleza pluriofensiva de las acciones ejercitadas por terceros bajo la cobertura del Tsunami, aunque, es obvio, que la integración en una organización criminal implica una pluralidad de partícipes".

Y eso es justo lo que aboga porque siga investigando García Castellón, en línea con el magistrado que acordó una batería de diligencias tras el auto de imputación de octubre y de que elevara la exposición razonada.