El fiscal apoya los recursos de los imputados en Tsunami Democràtic contra la acusación de terrorismo a Puigdemont

El fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, ha vuelto a insistir ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en que no ve terrorismo en los altercados que se produjeron en las convocatorias de la plataforma en protesta por la sentencia del 'procés', y vuelve a cuestionar la decisión del juez Manuel García Castellón de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando de las diligencias practicadas no se desprende dato nuevo en su contra y ni siquiera la Guardia Civil le atribuía nada.

García-Castellón eleva al Supremo la causa de Tsunami Democràtic para que impute a Puigdemont

En un escrito de seis páginas el fiscal se adhiere a los recursos interpuestos por dos de los imputados, la política de ERC Marta Molina y Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas de Puigdemont, y se muestra muy crítico con el magistrado. Afirma que "hasta la fecha" las "escasas diligencias" practicadas "no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los dos aforados, siendo especialmente significativo en cuanto al expresidente de la generalidad Puigdemont, al cual, ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación".

"Las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Catalunya a finales del 2019 por diversos colectivos y por variadas personas, pero no ha incidido ninguna" de ellas "en la responsabilidad supuesta de los aforados". Añade que la práctica de diligencias se ha centrado en "la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación".

Carballo considera que ya era "muy significativa la falta de argumentos para la concreta imputación de hechos de matiz terrorista a los investigados en el auto de 6 de noviembre, puesto que el instructor se limitaba a una genérica remisión a los informes de la Guardia Civil y, tan solo, dedicaba en su auto un capítulo dedicado a la imputación de dos investigados en concreto, expresidente Puigdemont y (la secretaria general de ERC) Marta Rovira, pues bien, al día de hoy, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo se presenta totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación en tal sentido".

Confusión con los CDR

La fiscalía pide 27 años de prisión para ocho de los CDR acusados de terrorismo

El representante del ministerio público considera "incongruente" acordar una serie de diligencias en el auto de imputación y remitir la causa al Supremo sin esperar a su resultado, como ya reflejó en sus recursos. Con los presentados por Molina y Alay coincide en que el juez fundamenta algunas de sus resoluciones con argumentos en los que "llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democràtic con los CDR, cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes".

Para reforzar su crítica ve "relevante" cómo los informes de la Guardia Civil "atribuyen a alguno de los investigados interés en contactar y contar con la actuación de los CDR", porque cree que eso evidencia que "no se trata del mismo fenómeno". En la causa también instruida por García Castellón contra una célula de los CDR a la que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivas, el fiscal sí aprecia terrorismo y pide para ocho de ellos una condena de 27 años de prisión.

La fiscalía recurrió el auto de imputación contra Rovira y otras nueve personas del pasado 6 de noviembre y, más tarde, la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que procediera a asumir la causa y a imputar a los dos aforados contra los que entendía que se debería dirigir la acción: Puigdemont, por su condición de eurodiputado, y el diputado de ERC Rubén Wagensberg. Entre la primera resolución y la segunda no había aparecido dato nuevo alguno que justificara el nuevo paso. El representante del ministerio público consideró que era una "flagrante contradicción" y una forma de subsanar el primer auto, en el que se dirigía la investigación contar aforados que quedaban fuera de su competencia.