La fiscalía pide 27 años de prisión para ocho de los CDR acusados de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los 12 miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 formaban parte de una célula denominada Equip de Resposta Tàctica (ERT), "de gran radicalidad" y dispuesta a usar la violencia para conseguir la independencia de Catalunya. En su escrito de acusación solicita 27 años de prisión para ocho de ellos por los delitos de integración en organización terrorismo, tenencia y fabricación de sustancias explosivas y estragos en grado de tentativa.

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A diferencia de la causa de Tsunami Democràtic, el ministerio público nunca ha dudado de que los CDR debían ser juzgados por terrorismo y por tenencia de explosivos, aunque todos fueran quedando en libertad por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que las sustancias intervenidas aún no eran explosivas porque no estaban mezcladas. Las dos causas están incluidas entre las amnistiables, al ser muy complicado que en ellas haya sentencia firme antes de que el perdón entre en vigor.

La fiscalía afirma en su escrito de acusación que los 12 procesados formaban un grupo de personas de diferentes CDR, que "habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias".

El fiscal Miguel Ángel Carballo pide la mayor pena, 27 años de cárcel (ocho por pertenencia, otros tantos por los estragos y 11 por las sustancias explosivas), a Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberán, Jordi Ros Sola y Rafael Joaquín Delgado López. Para los otros cuatro procesados, Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, solicita ocho años de cárcel al acusarles solo de pertenencia a organización terrorista.

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Para todos ellos, la fiscalía pide también penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por 10 años tras salir de prisión. Para los ocho primeros solicita ocho años de libertad vigilada.

Asaltar el Parlament

En su escrito, de 61 páginas, Carballo sostiene que "los miembros del ERT han tenido una participación activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR", entre la que cita el "vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos del 'procés' desde el Centro Penitenciario de Lledoners" o el levantamiento de las barreras de los peajes.

A continuación acusa a los miembros del ERT de "participar en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament, y defenderlo posteriormente".

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El ministerio público les atribuye para ello "importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización". El plan de ocupación del Parlament contaba con el alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y bases de “intendencia”, para permanecer en el interior al menos una semana, con antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, por unos 6.000 euros.

Roles

La acusación pública les atribuye "una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos". La dirección se la atribuye a Eduardo Garzón por su gran ascendencia sobre el resto. "La investigación evidencia su papel de coordinación con otras células dedicadas también a labores de elaboración de la sustancia denominada Termita y en la obtención del material y la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades de la organización", afirma el fiscal.

A Garzón, que tenía configurado su teléfono para evitar ser localizado, le sitúa en la primera reunión celebrada el 10 de julio de 2019, entre fuertes medidas de seguridad, en Montcada i Reixach (Barcelona), para coordinar la fabricación de sustancias explosivas e incendiarias. También asistieron Ros, García Canet y Pascual Guiral. A ambas las considera "dinamizadoras" de estas actividades.

De la primera el fiscal dice que visitaba con frecuencia el "laboratorio clandestino" instalado en el domicilio de Alexis Codina. El 9 de septiembre de 2019 asistió, junto a Aubeso, al que se encontró un manual de 'Terrorismo casero', y Delgado a las pruebas que realizaron con la termita y un lanzacohetes artesanal.

"Durante dicha estancia, ya a altas horas de la madrugada, se pudo ver desde el exterior la emisión, procedente del interior de la zona ajardinada, varias humaredas de color blanco, en intervalos de 10 minutos entre una y otra, y que resultaron idénticas o similares a las observadas en días anteriores con ocasión de la estancia de Jordi Ros (al que se intervino un documento titulado 'Esquema bomba'y apuntes para la fabricación de sustancias explosivas) en el inmueble, pero además estando precedidas de destellos de luz", describe el escrito. Estos hechos provocaron la operación Judas que supuso la detención de nueve de los 12 acusados ahora. El décimo tercer procesado fue luego exculpado al considerarse que no era capaz de responder por las graves acusaciones en su contra.

Según el fiscal, "la actividad realizada en dichos laboratorios perseguía la fabricación del agente aluminotérmico denominado termita", así como la “síntesis de explosivos rompedores”. Añade que se empleó termita "como carga principal en artefactos explosivos" y cita los artefactos colocados contra empresas de trabajo temporal de Barcelona en 2000 o en las instalaciones de la Cope en 1998. Así asevera que los acusados contaban “con los agentes precursores necesarios, manuales detallados, datos y formulaciones manuscritas correctas y material de laboratorio adecuado para poder llegar a su síntesis”.

Como objetivos la fiscalía cita, además del Parlament, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión e instalaciones en autopistas, como peajes.