El juez procesa a 13 miembros de los CDR por pertenencia a organización terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados en la Operación Judas, en la que en septiembre de 2019 se detuvo a casi una decena de personas. El magistrado también procesa a nueve de ellos por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. La decisión de García-Castellón coincide con el criterio del fiscal, pero resulta contradictoria con la resolución de la Sala de lo Penal que les dejó en libertad, al entender que las sustancias precursoras que se encontraron en su poder "no son en sí mismas explosivos".

El auto explica que los procesados formaban, dentro de los CDR, el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que considera una célula integrada por individuos de diferentes comités que “evidencian una gran radicalidad” y a la que se les habían encargado acciones más delicadas por su mayor predisposición y entrega "a la causa". Según el juez, su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya, empleando la violencia para forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos su separación del resto de España.

"Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya, empleando la violencia para forzar a las instituciones"

El Parlament

El auto les atribuye una participación activa en las acciones más sonadas de los CDR, como cortes de carretera, vertido de aceite en la C-55, en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners o el levantamiento de la barrera de los peajes. Y también, en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado "CNI catalán” para que aportasen infraestructura logística para ocupar el Parlament, cuando se conociese la sentencia del 'procés'. Se necesitaba capacidad de movilización e los importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas de telecomunicaciones que aportaba el procesado Ferran Jolis.

La resolución detalla que la ocupación se iba a realizar por la puerta principal del Parlament, cuyo acceso supuestamente se les iba a facilitar desde el interior. Junto a un reducido grupo de personas, en cooperación con el denominado CNI, se encargarían del alquiler de inmuebles y locales para dar seguridad y establecer bases de "intendencia". La idea era permanecer en el interior del edificio al menos una semana, con la instalación de antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, lo que les costaría unos 6.000 euros.

Organización terrorista

El magistrado explica que los miembros del ERT "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía en dos domicilios particulares”.

"Los ERT habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela"

Además, en el momento de su desarticulación, la organización ya había llevado a cabo informaciones precisas de posibles objetivos, mediante la vigilancia y control de instalaciones policiales y la toma de fotografías y vídeos. En las imágenes se recogen accesos a las instalaciones, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

Objetivos

Entre los objetivos que el auto cita en Barcelona figura la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, instalaciones en autopistas, peajes y el propio Parlament. Según el magistrado, Jordi Ros, que buscó por Internet a personas vinculadas con partidos contrarios a la independencia, se ocupó junto a su pareja del reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en Sant Andreu de la Barca, en mayo de 2018.

Los procesados únicamente por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, mientras que suman a ese delito también el de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, Eduardo Garzón, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado López. El juez exige a cada uno una fianza de 1.000 euros por la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados.