El juez vuelve a dar por concluida la causa por terrorismo contra los CDR

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha vuelto a concluir la causa que ha instruido contra una presunta célula considerada de carácter terrorista de los Comités de Defensa de la República (CDR), que estaría dispuesta a utilizar la violencia para lograr la independencia de Catalunya. El magistrado ha dictado su resolución tras practicar las pruebas solicitadas por la defensa conforme le ordenó la Sala de lo Penal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se vio obligado a reabrir la causa para tomar declaración a los guardias civiles que participaron en la operación Judas en la que se detuvo a siete de los 12 presuntos miembros del Equips de Resposta Tàctica (ERT) que considera que deben ser juzgados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a las defensas y estimó sus recursos contra la negativa del magistrado a practicar las diligencias que solicitaba, así como a incluir lo investigado en procedimientos seguidos de forma simultánea en el juzgado que acabaron incluidos en la causa seguida contra los CDR.

Necesarias y útiles

En su resolución, el magistrado explica que se han practicado las diligencias que se han reputado necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos, y procedía a dictar la conclusión de sumario al constatar que la instrucción sumarial había visto cumplida su finalidad: identificar a los responsables del hecho, calificar el delito y asegurar las personas y bienes que deben responder del mismo.

Al tratarse de un sumario, dado que los delitos investigados son por terrorismo, la Sala de lo Penal será ahora la encargada de abrir juicio oral una vez la fiscalía presente su escrito de acusación y las defensas puedan oponerse a las conclusiones que alcance con sus escritos.

Pese a la gravedad de los hechos que se les atribuyen, entre los que figuran planes para tomar el Parlament, cuando se hiciese pública la sentencia del 'procés', los 12 procesados se encuentran en libertad. La Sala ordenó su excarcelación al entender que las sustancias que se les intervinieron aún no eran explosivos, puesto que para serlo debían ser convenientemente mezcladas. La fiscalía acabó mostrándose a favor de la imposición de fianzas.

El magistrado les considera responsables de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos

Objetivos

En el auto de procesamiento, el magistrado afirmaba que los miembros del ERT "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía en dos domicilios particulares”.

La organización, según el juez, ya había llevado a cabo informaciones precisas de posibles objetivos, mediante la vigilancia y control de instalaciones policiales y la toma de fotografías y vídeos. En las imágenes se recogen accesos a las instalaciones, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

Los procesados por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, mientras que suman a ese delito también el de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado López.