Los fiscales del Supremo ven por una amplia mayoría indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont

La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el informe del fiscal Álvaro Redondo que proponía a la Sala Segunda instar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a seguir investigando Tsunami Democràtic, al considerar que los indicios para que el alto tribunal impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estaban demasiado abiertos. En contra de ese criterio se han mostrado 12 fiscales, que frente a tres aprecian que en las actuaciones hay indicios suficientes de terrorismo -en la misma línea que lo argumentado por el magistrado de la Audiencia Nacional-, y 11 frente a cuatro, que también lo son para que la Sala Segunda impute a Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, informaron fuentes fiscales a este diario.

Ahora el ministerio público deberá redactar un nuevo informe para reponder a la Sala Segunda. En lugar de repartir la ponencia a otro fiscal, para que refleje la posición mayoritaria, se ocupará de ella la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, a la que los dos fiscales jefe de Penal, que presidían la junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han elevado sus discrepancias.

Se ha aplicado el artículo 24 del Estatuto Fiscal que prevé que "los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe". Sin embargo, si esa opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, "deberá someter ambas a su superior jerárquico". Hasta que lo que realice, "el criterio del fiscal jefe gozará de ejecutividad en los extremos estrictamente necesarios".

La entrada en juego de Sánchez Conde ha dado pie a que desde un sector habitualmente crítico con las decisiones de fiscal general, Álvaro García Ortiz, se haya considerado desde antes incluso de que comenzara la junta "una maniobra" para que el dictamen que se remita a la Sala Segunda opte por la unidad de criterio fiscal y niegue el terrorismo, como ha defendido el fiscal adscrito al caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.

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Discrepancias

Durante la junta, Cadena coincidió con la inmensa mayoría de fiscales en rechazar la propuesta realizada por Redondo, que en un primer borrador era partidario de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Puigdemont por terrorismo, pero finalmente apostó por informar al alto tribunal en el sentido de instar a García Castellón a seguir instruyendo al ver demasiado abiertos todavía los indicios que presenta contra él y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg. A la posición minoritaria defendida por Redondo y Sánchez Covisa se sumó Manuel Martínez, que según las fuentes consultadas, no apreciaba terrorismo por razones técnicas, pero sí organización criminal, lo que sus compañeros no apreciaron.

A la reunión asistieron 15 fiscales de lo Penal del alto tribunal. Además del propio Cadena también participaron otros dos de los representantes del ministerio público en el juicio del 'procés': Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Alguno de los fiscales, como Manuel Dolz, intervino de forma telemática, aunque la mayoría acudió a la sede de la Fiscalía General, como el propio Redondo, que ha acabado asumiendo el criterio mayoritario sin plantear objeción alguna, tras reconocer que él no es especialista en terrorismo.

El informe que será redactado por la número dos de la Fiscalía General será remitido directamente a la Sala Segunda del alto tribunal sin necesidad de que se celebre una nueva junta. De ahí que, aunque pueda seguir el criterio mayoritario, varios de los asistentes consideren que optará por defender la unidad de acción del ministerio público, que en la Audiencia Nacional nunca ha visto ni terrorismo, ni indicios contra Puigdemont. Lo que ha dado pie a que el sector más crítico con el fiscal general considere que todo, incluida la propia celebración de la junta de los fiscales de lo Penal, era "una maniobra" para acabar imponiendo el criterio contrario a la existencia de terrorismo pese sentir mayoritario de la cúpula fiscal, dando la impresión de que García Ortiz no había intervenido en la decisión.

Una decisión vinculante

La junta comenzó su reunión pasadas la diez de la mañana. El debate se vio fuertemente condicionado por las informaciones en prensa sobre la existencia de un primer borrador de informe en el que Redondo sí apreció indicios de delito de terrorismo imputables al expresident huido a Bélgica. El fiscal negó haber recibido presión alguna para cambiar de opinión, y en un comunicado hecho público este martes se refirió a ese primer escrito como "un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal". De hecho, al comenzar la Junta de Fiscales hubo quien propuso blindarle algún tipo de apoyo ante ciertas informaciones.

El pasado 30 de enero despachó verbalmente con el fiscal general del Estado, quien "se dio por enterado", sin darle "ninguna instrucción", según la misma nota. Fuentes cercanas al fiscal general explicaron a este periódico que García únicamente tuvo conocimiento del documento que este martes ha llegado a la Junta de Fiscales, que era "el mismo al entrar y salir de su despacho" y que posteriormente Redondo distribuyó entre sus compañeros fiscales del Supremo. Otras fuentes señalan incluso que Redondo cambió su informe con anterioridad a mantener este encuentro.