El riesgo de tramitar un real decreto como proyecto de ley: la mayoría quedan en el olvido

El Gobierno enfrenta este miércoles su primer gran examen de la legislatura. Hasta ahora, el Ejecutivo de coalición solo ha llevado a la Cámara Baja iniciativa que sus propios socios le han exigido -la ley de amnistía, las comisiones de investigación, el uso de las lenguas cooficiales-. Sin embargo, ahora debe lograr sacar adelante tres reales decretos, entre ellos el que contiene medidas para hacer frente a la inflación. A 24 horas de que se voten, PSOE y Sumar no tienen garantizados todos los apoyos. Junts y Podemos, necesarios para la mayoría simple, reclaman cambios o mejoras. La solución, planteada también por ERC o EH Bildu, es aprobar los reales decretos, pero tramitarlos después como proyectos de ley para introducir cambios. El Gobierno no ve problemas en ello porque sabe que muchas veces estos quedan en el olvido.

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En los últimos años, la tramitación de reales decretos como proyectos de ley ha sido una de las estrategias básicas de negociación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo funciona?

El Consejo de Ministros

Lo primero de todo es entender que los reales decretos son aprobados por el Consejo de Ministros. Es decir, son leyes que confecciona el Ejecutivo, que teóricamente deben contener medidas urgentes, y que entran en vigor al día siguiente de su aprobación. Aun así, estas normas deben lograr después la ratificación del Congreso de los Diputados, lo que nos lleva al siguiente paso.

La votación del Congreso

Tras la aprobación del real decreto por parte del Consejo de Ministros, el texto debe ser enviado al Congreso que, en el plazo de 30 días hábiles, debe aprobarlo o rechazarlo con una mayoría simple (más síes que noes). Si el real decreto no cuenta con el visto bueno de la Cámara Baja todas las medidas que contiene decaen. Es decir, si mañana el Ejecutivo no logra esa mayoría requerida quedaría sin efecto la rebaja del IVA de los alimentos o de la luz, las ayudas al transporte público o la suspensión de los desahucios.

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La negociación

Durante la última legislatura, el Gobierno se ha encontrado con que sus distintos socios reclamaban incluir más medidas en algunos reales decretos, suprimir otras o matizar algunas. Llegados a este punto, las negociaciones suelen terminar en la aprobación de la norma bajo una condición, que se tramite como un proyecto de ley. ¿Qué implica esto? La ley, al recibir el visto bueno del Congreso, sigue vigente, pero a la vez se inician los trabajos parlamentarios para modificar los aspectos acordados. Una vez efectuados esos cambios, el texto debe volver a aprobarse y ya entonces entran en vigor.

El cajón del olvido

Sin embargo, muchas veces este último paso no se llega a producir. Una vez el Gobierno ha logrado que se ratifiquen sus reales decretos, deja olvidada cualquier modificación en un cajón. ¿Cómo ocurre esto? La Mesa del Congreso, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar -antes Unidas Podemos-, puede prorrogar indefinidamente el plazo de enmiendas a cualquier proyecto de ley, impidiendo que se tramite.

En mayo de 2023, cuando Sánchez convocó las elecciones generales, había en la Cámara Baja una treinta de proyectos de ley, derivados de reales decretos, olvidados. Alguno estaba a la espera desde septiembre de 2020 y acumulaba más de 110 aplazamientos. Ese es el riesgo que corren ahora las modificaciones que reclaman los socios del Ejecutivo.

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