El Gobierno fía los decretos al apoyo de Junts pero advierte de que sancionar a empresas daña la "seguridad jurídica"

El Gobierno se enfrenta este miércoles a una votación de infarto en el Congreso de los Diputados: la convalidación de tres decretos ley pende de un hilo y ahora mismo no salen las cuentas. Junts per Catalunya ha anunciado que votará en contra si no hay cambios en los textos, Podemos también muestra reticencias y el PP pone condiciones que según la Moncloa impiden el acuerdo. El Ejecutivo continúa negociando y se muestra optimista. Dando por imposible el voto a favor o la abstención de los populares, todas las expectativas están depositadas, además de en los morados, en los siete diputados posconvergentes. 

Al mismo tiempo, los colaboradores de Pedro Sánchez enfrían reivindicaciones tan importantes de Junts como la aprobación de sanciones para las empresas que se marcharon de Catalunya durante el proceso independentista de 2017 y no decidan volver. 

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La Moncloa ha evitado cerrar de forma tajante esa puerta, pero ha advertido de los riesgos que pueden traer consigo los castigos a estas compañías. “Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”, ha señalado la portavoz, Pilar Alegría. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha expresado en términos similares, sin querer ir más allá, limitándose a subrayar la importancia de “seguir garantizando ese marco jurídico”.

Las consecuencias políticas

Los tres decretos que se someten a votación este miércoles son el de medidas anticrisis, la conciliación de la vida familiar y profesional y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De no salir adelante estas normas, Sánchez se encontraría en una posición de clara debilidad nada más arrancar esta incierta legislatura, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado a la vuelta de la esquina. 

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“Estamos trabajando con todos los grupos parlamentarios. Confiamos en tener el apoyo para aprobar estos decretos. Lo verdaderamente importante es el contenido, las medidas para mejorar la vida de la gente. Aprobar estos decretos significa decir sí a que 11 millones de pensionistas perciban al mes 52 euros más, es decir sí a que los jóvenes y los trabajadores puedan utilizar el transporte público gratuito, es decir sí a que se siga creando empleo, es decir sí al Iva del 0% en los alimentos básicos”, ha señalado Alegría. 

La apelación es a todos los grupos, pero fuentes de la Moncloa dejan claro que tienen pocas esperanzas depositadas en el PP. Al igual que en la reciente investidura de Sánchez, todo vuelve a depender de Junts, que también quiere incorporar incentivos fiscales a las empresas que regresen a Catalunya (una iniciativa rechazada por el propio Govern) y eliminar una disposición en uno de los decretos que recoge que las causas judiciales puedan quedar paralizadas ante una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Se trata de una cuestión habitual en el funcionamiento de los tribunales, y aparece recogida en una directiva comunitaria, pero los posconvergentes creen que podría poner en peligro la aplicación de la futura ley de amnistía. 

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Sin negociación con el PP

Mientras tanto, la vía del PP está muerta, aseguran en la Moncloa. “No tienen actitud de negociar”, aseguran estas mismas fuentes, que entienden que Alberto Núñez Feijóo“ha fijado posición” avanzando su no al reclamar que se apruebe un nuevo decreto de medidas anticrisis con sus propuestas.

Desde la sala de prensa del Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha intentado responsabilizar al PP de la posible caída de las medidas contra la inflación al no querer apoyar los reales decretos, informa Miguel Ángel Rodríguez. "¿Cuándo se jodió el PP? ¿Cuándo perdieron el norte? ¿Cuándo la estrategia del PP se decidió que iba a ser única y exclusivamente atacar a una persona?", ha cuestionado López, antes de señalar que el sí a estas medidas no va "ni de salvar ni de ahogar a Pedro Sánchez", sino de facilitar la vida de los ciudadanos. Tras afear a los conservadores que no den su apoyo a los tres reales decretos, López ha admitido que no les llamaron hasta después de aprobar los mismo en el Consejo de Ministros: "Este Gobierno primero habla con quienes posibilitaron el Gobierno y luego ampliamos el espectro".

Los contactos

El Gobierno abrió contactos con el PP el pasado domingo, con una llamada del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Este lunes volvieron a hablar, aunque sin éxito. "El Gobierno llamó para pedir, no para ofrecer", lamentaban fuentes de la dirección del PP este lunes para concluir que "el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaztambién abrió un canal de comunicación con Génova en la tarde de ayer, en su caso a través de una llamada a su portavoz nacional, Borja Sémper, que tampoco sirvió para acercar posiciones. 

De las conversaciones a varias a bandas se ha pasado así a centrar las negociaciones en los posconvergentes. En el Gobierno son optimistas respecto a superar su veto a los primeros decretos de la legislatura para poder sacarlos adelante y califican como “positivo” que sigan sentados en la mesa de negociación. “La parte positiva es que estamos en negociaciones”, explican para asegurar que sus socios no han roto las conversaciones y que negociarán hasta el último momento su apoyo porque “hay muchos temas encima de la mesa”. 

Respecto a las reticencias de Podemos, que también ha amenazado con tumbar el decreto relativo al subsidio por desempleo, fuentes de la cúpula del PSOE se mostraban convencidas de que los morados seguirán haciendo política “a favor de las mayorías sociales”. Si Podemos entra en la ecuación, el Gobierno tendría suficiente con una abstención de Junts, puesto que ERC y PNV han avanzado su voto afirmativo, fuentes de Coalición Canaria confirman que harán lo propio y tanto EH Bildu como BNG lograron pactar medidas en el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros.