¿El decreto judicial de Sánchez torpedea la amnistía? Las claves del choque entre ERC y Junts

La incertidumbre sobre si el Gobierno podrá salvar en el Congreso sus tres primeros decretos de esta nueva legislatura ha tenido como protagonista colateral el enésimo enfrentamiento entre Junts y ERC. El conflicto nace porque los posconvergentes aseguran que uno de estos decretos, el relativo a temas judiciales, contiene una disposición que pondrá trabas a la aplicación de la ley de amnistía cuando entre en vigor. Este es uno de los motivos que esgrimen para votar en contra. Los republicanos rechazan este planteamiento y aseguran que no hay problema alguno. Es por esto que ellos, en cambio, sí votarán a favor. Pero, ¿quién tiene razón?

El artículo que ha provocado la discordia es el 43 bis del decreto de transformación digital del sistema de justicia. Allí se regula la cuestión prejudicial europea. Esto es la posibilidad que tienen los jueces, cuando duden a la hora de aplicar una norma, de elevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que les indique cómo deben hacerlo. El problema asociado a este mecanismo es que, cuando se opte por la cuestión prejudicial, eso supondrá la "suspensión de las actuaciones" del juez hasta que la justicia europea le resuelva la duda planteada. A efectos prácticos, un magistrado frenará la aplicación de la ley de amnistía -en el caso concreto que esté bajo su jurisdicción, no en términos generales- hasta que reciba la respuesta europea.

La crítica de Junts

Junts sostiene que, pese a que el Gobierno argumente que lo único que hace el decreto es transponer una directiva de la Unión Europea, eso equivale a dar ideas a los magistrados conservadores que desean torpedear la amnistía. La formación del expresidente Carles Puigdemont, que en sus actuaciones siempre trata de desmarcarse de ERC pese a haber investido a Pedro Sánchez al igual que los republicanos, afirma que es innecesario incorporar este precepto de la cuestión prejudicial.

En lugar de avanzar en la resolución del conflicto, vamos hacia atrás

Josep Rius

— Portavoz de Junts

Pero más allá de contenido de los reales decretos lo que escuece en Junts son "las formas". "Estaban avisados y han ido a hechos consumados, y luego pasa lo que pasa", denuncian en privado los de Puigdemont. En cierto sentido, Junts considera positivo este primer enfrentamiento para tratar de sentar unas bases sólidas en la relación con el PSOE. "En lugar de avanzar en la resolución del conflicto, vamos hacia atrás", dijo el lunes el portavoz de Junts, Josep Rius.

La réplica de ERC

Esquerra niega la mayor. Su argumento es que las cuestiones prejudiciales ya existen ahora y su tramitación supone la suspensión del procedimiento sobre el que se pregunta. De hecho, en la causa del 'procés' seguida en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena planteó una en relación con las euroórdenes, después de que Bélgica rechazara la solicitada contra el exconseller de Cultura Lluís Puig. El magistrado quería saber cómo debía actuar con las demás reclamaciones.

Además, se trata de un instrumento que el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha solicitado a los tribunales que utilicen para, según argumentaba, asegurar la tramitación del procedimiento en el sentido más favorable a los intereses. Si los jueces hubieran accedido a su pretensión, la causa contra el expresidente se hubiera detenido a la espera de la respuesta europea.

Junts mantiene el no a los decretos de Sánchez pese a la negociación con el PSOE

La conclusión a la que llegan los republicanos es que el decreto no constituye ninguna novedad, sino que simplemente regula formalmente la cuestión prejudicial que ya venía ejerciéndose. Es más, la portavoz de ERC, Raquel Sans, el lunes fue más allá y defendió que el decreto da "más seguridad jurídica" a los futuros beneficiarios de la amnistía. Su argumento es que todo aquello que pase por la justicia europea tendrá más garantías que lo que no lo haga.

Sans rechazó polemizar en público con los posconvergentes, pero fuentes republicanas muestran su preocupación por el hecho de que la posconvergencia podría estar poniendo "en peligro" no solo el decreto, sino la amnistía en sí misma. Su visión es que si Junts tumba los decretos y empieza a desestabilizar la legislatura, acabe desestabilizándose también la tramitación de la ley.

El trasfondo político

Tanto la lectura jurídica que hace Junts del asunto, como la que hace ERC, tiene una explicación política detrás. En el caso de Junts, su posición de complicar la aprobación de los decretos se entiende por la necesidad -nacida de una parte de las bases, más partidarias de la agitación que de la política- de compensar el pactismo con gestos de rebeldía e independencia respecto al PSOE, al que acaba de ofrecer la investidura mientras sigue denostando que ERC pacte con el PSC en Catalunya. Una posición, en definitiva, de contradicciones controladas para tratar de seguir en todos los frentes.

La posición de ERC también se entiende no solo por motivos jurídicos, sino también políticos. Los republicanos no están en estos momentos en disposición de contrariar en exceso al PSOE. No lo estarán, al menos, hasta que logren que el PSC apruebe los presupuestos catalanes de 2024. Por decirlo de otra manera: si ERC tuviera la tentación de hacer como Junts en el Congreso, pondría en peligro la estabilidad del Govern en Catalunya. Es por esto que los republicanos, esta vez, no han querido ni jugar con algo de suspense. 48 horas antes de la votación en el Congreso ya han anunciado su voto favorable.

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