Junts asume que la amnistía no estará aprobada antes de la investidura y exige compensaciones

Cuando el pasado 5 de septiembre, en Bruselas, el 'expresident' Carles Puigdemont expuso sus condiciones para votar a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, e iniciar una negociación, afirmó: "Son condiciones que se tienen que poder cumplir antes de que se agote el plazo legal para convocar nuevas elecciones". Entre estas condiciones previas -en lo que Junts per Catalunya ha definido como "cobrar por adelantado"- estaba la ley de amnistía. JxCat hizo llegar hace semanas al PSOE un calendario para aprobar dicha norma antes de la investidura de Sánchez porque el partido estaba convencido de que, tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, había tiempo material para tramitar la ley, llevarla al Senado (donde el PP tiene mayoría y, probablemente, la desnaturalizaría) y volverla a ratificar en el Congreso antes de la reelección de Sánchez.

Pero el PSOE, tal como publicó EL PERIÓDICO, también hizo llegar a JxCat sus razones para no emprender este camino de forma tan rápida. Son, básicamente, dos: que no se podría justificar políticamente tal urgencia, dada la complejidad de la ley, y que si se aprueba, Junts podría evitar respaldar a Sánchez en el último minuto antes de la investidura. El partido de Puigdemont ha alegado justo lo mismo en sentido inverso: el miedo a que el PSOE logre la investidura y después se olvide de hacer efectiva la ley en el Congreso o, incluso, que algunos diputados socialistas no la voten. Ambas posiciones son fruto de la desconfianza y de la enorme distancia que separa a ambas formaciones políticas hoy por hoy.

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Así pues, la pelota está ahora en el tejado de Junts, que asume ya que, en esta materia, no podrá "cobrar por adelantado". Fuentes del partido admiten que no se va a romper la baraja ni se frustrarán las negociaciones, pese a que no hayan logrado su objetivo en este aspecto. Eso sí, los posconvergentes consideran que la única manera de avanzar es compensando este "incumplimiento" de lo reclamado por Puigdemont. ¿Cómo? Fundamentalmente, afrontando las otras carpetas clave para el 'expresident'.

Una de ellas, simbólica pero de gran carga política, es el reconocimiento del independentismo como interlocutor válido y legítimo. La reciente decisión del Ministerio del Interior de reclamar a Europol que no vincule al independentismo vasco y catalán con el terrorismo va en esta linea. A partir de ahí, otras medidas en términos de política de seguridad -para la llamada "descriminalización" del proceso independentista- o de simbología podrían servir, apuntan en Junts, para equilibrar la balanza.

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Además de la amnistía, fuentes del partido recuerdan que para plantearse el voto a Sánchez debe haber un compromiso por la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la aceptación de una mediación en la negociación que se abra a lo largo de la próxima legislatura. Junts muestra cierto optimismo respecto al reconocimiento de la lengua catalana en las instituciones comunitarias y tampoco ve insalvable el escollo de la mediación, que quiere que sea de carácter internacional.

Las conversaciones se mantienen en una absoluta discreción entre ambas partes y, en el caso de la formación independentista, bajo la batuta de Puigdemont y de un núcleo reducido del partido cuyos integrantes tampoco conocen la totalidad del paquete negociador. Todo con un doble objetivo: cohesionar a la organización mediante una ausencia de mensajes públicos que puedan generar cacofonía, y mostrar firmeza y determinación ante el PSOE.

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