Govern, PSC y Comuns chocan por el grado de cumplimiento del acuerdo de presupuestos

A escasas horas del arranque de una acalorada campaña tanto a nivel político como climático, el Govern, el PSC y los Comuns discrepan públicamente por el grado de cumplimiento del pacto de los presupuestos. El contexto electoral, más aún cuando republicanos y socialistas son los dos principales rivales del pulso de las generales en Catalunya, no es precisamente el más idóneo para que del encuentro surja una lectura compartida. El ejecutivo de Pere Aragonès saca pecho de haber consumado ya el 50,2% de los compromisos adquiridos, pero socialistas y Comuns niegan la mayor y lo acusan de incumplimientos y lentitud en la ejecución.

Desde la Generalitat presumen de haber dotado la energética pública con una partida de 25 millones, actualizado el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) en un 8% hasta situarlo en 615 euros mensuales, destinado 110 millones de euros en la atención primaria y convocado ayudas por valor de 87,6 millones de euros para el pago de alquileres. Pero para quienes han sido sus socios para aprobar las cuentas el grado de cumplimiento deja mucho que desear.

Tras salir de la primera reunión de seguimiento en el Palau de la Generalitat, el PSC ha puesto el foco en lo acordado en materia de infraestructuras. "Salimos con cierta decepción por el ritmo de desarrollo de los acuerdos. Hay incumplimientos y retrasos", ha denunciado la portavoz socialista, Alícia Romero. Ha señalado que no se está cumpliendo el calendario de licitaciones y adjudicaciones de inversiones en el metro o la red viaria, que en plena sequía la 'conselleria' de Acció Climàtica solo ha ejecutado un 25% del presupuesto y que todavía no se ha transferido a las entidades el aumento del 3% pactado en las tarifas de los servicios sociales para este año. Para el PSC, "no es verdad" que se haya cumplido ya con la mitad de lo pactado.

De hecho, justo esta semana estaba previsto que, con más de tres meses de retraso, el Govern y la Moncloa firmaran el pacto por la B-40 y la transferencia de 914 millones para infraestructuras que ERC arrancó al PSOE a cambio del 'sí' a las cuentas estatales. Sin embargo, no hay fecha para la rúbrica y Aragonès e Illa discrepan públicamente sobre cuántos carriles tendrá ese tramo de carretera. Los socialistas sostienen que será de "alta capacidad", mientras los republicanos lo niegan. "Las formas son muy importantes", ha espetado Romero, que ha reprochado a ERC que haya "filtrado" el acuerdo antes de tenerlo todo atado.

Del Hard Rock al aeropuerto

Con este aspecto en el aire y con alto riesgo de volver a postergarse, también llega con retraso la aprobación definitiva del plan director urbanístico del macrocomplejo del Hard Rock, que debía producirse, según lo puesto por escrito, antes del 30 de junio. Y el PSC también ha hecho énfasis en los últimos días en que debe empezar a encauzarse la creación de la comisión técnica que debe encargarse de la propuesta para que el aeropuerto del Prat gane en capacidad, un compromiso que debería cumplirse antes de finales de año y que tampoco está exento de discrepancias. Los socialistas siguen defendiendo la ampliación de la tercera pista, mientras que ERC descarta ese plan.

A este memorial de agravios se suma uno más, el del contrato programa entre la Generalitat y Renfe, que sigue sin firmarse. El Govern rechaza pagar al Estado los 26 millones que le reclama por los sercicios prestados en Rodalies en 2022, al mismo tiempo que le reprocha el mal funcionamiento del servicio por la desinversión acumulada de décadas, una acusación que desde el Gobierno refutan recordando el incremento de recursos destinados en el último año para mejorar la red ferroviaria.

Los Comuns reprochan incumplimientos

Y si desde el PSC ponen el foco en la carpeta de infraestructuras, los Comuns lo centran en las medidas acordadas sobre vivienda, salud y planificación ecológica. La reunión del Govern con el grupo que preside Jéssica Albiach se produjo este martes y la lectura que hacen desde En Comú Podem es que de las 15 medidas que se pactaron sobre acceso a la vivienda todavía hay siete -un 47% del total- que no se han puesto en marcha. Citan como ejemplo la ampliación de las posibilidades para adquirir pisos para el parque público por tanteo y retracto o la unificación de criterios para acceder a una vivienda de emergencia.

También lamentan que no se han tomado las medidas para garantizar que los ciudadanos obtengan visita a su médico de cabecera en un plazo máximo de cinco días desde que lo solicitan ni se ha desplegado el dentista público. Y en materia de planificación ecológica, señalan que no se ha avanzado en la instalación de placas solares, en climatización de las escuelas o la puesta en marcha del impuesto a los cruceros. A modo de conclusión, los Comuns consideran "especialmente grave" que el Govern haya "priorizado" la construcción del cuarto cinturón, que enmarcan en un acuerdo "extrapresupuestario" con el PSC, ante la mejora de las carpetas que han puesto ellos sobre la mesa. Con las espadas en alto por las elecciones del 23 de julio, lo más insólito sería que hubiera lecturas compartidas.