Rifirrafe institucional
La Generalitat rechaza pagar al Estado los 26 millones que le reclama por Rodalies
Un traspaso que nunca ha contentado a nadie
Rodalies acumuló en 2022 retrasos equivalentes a 200 días
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV3, Catalunya Ràdio y RAC1.
La Generalitat ha hecho saber al Estado que no le pagará la factura por los servicios prestados por Renfe en 2022. En una carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, remitida al presidente de la operadora, Raül Blanco, por parte de los responsables de la Conselleria de Territori, se le comunica que no desembolsarán los 25,95 millones de euros que se reclaman. Consideran que, durante el año pasado, Rodalies no contó con un incremento de la oferta de servicios que tenga que ser sufragada por el Govern, con lo que se retornan las facturas presentadas, según fuentes y documentación de la Generalitat.
En el acuerdo de traspaso de Rodalies entre Catalunya y el Estado de 2009 se estableció que todas las mejoras que se introdujeran en el servicio ferroviario correrían a cargo de la Generalitat, es decir, que si por ejemplo se pedían más frecuencias de las pactadas, se pagaban aparte. Entre 2011 y 2016 esto se cumplió, total o parcialmente, aunque a partir de 2017 el conflicto estalla cuando el gestor de la infraestructura, Adif, incrementa el cánon por el paso de trenes y Renfe decide repercutirlo directamente en la factura del plan de acción. El Govern se opone porque asegura que este cobro no aparece en el acuerdo de traspaso.
Denuncia judicial
La discrepancia ha llegado a los tribunales. La compañía ferroviaria denuncia a la Generalitat por el impago de un total de 80,92 millones de euros del periodo 2016-2019: en el que se incluye tanto el plan de acción de cada año como los correspondientes cánones. En el otro lado, Territori solo admite una deuda de 57,56 millones por cuatro ejercicios. A partir de ese momento, desde 2020 y en adelante, no se ha reconocido la deuda que, en cambio, sí reclama Renfe, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
A pesar de que desde el Govern se han reconocido los importes de los planes de acción, el problema radica en que nunca se ha firmado el contrato programa entre la operadora ferroviaria y la propia Generalitat. Esta circunstancia provoca que, cada año, los aproximadamente 300 millones de euros que cuesta prestar el servicio de Rodalies en Catalunya van directamente del Estado a Renfe, con lo que Catalunya no tiene capacidad de maniobra.
Sin capacidad de decidir
La discusión política siempre ha sido la misma. La empresa pide a Territori que firme el contrato programa para que queden atados por una serie de condiciones mientras que, en la otra parte, el Govern critica que el dinero pasa del Estado a Renfe (que es igualmente ministerio) sin que puedan incidir en la toma de decisiones. En junio de 2022, la Generalitat pidió por carta que las actuaciones incluidas en el plan de acción formaran parte de la financiación ordinaria del servicio y, en consecuencia, fueran parte de los fondos que la Administración General del Estado les transfería.
No obstante, para ello sería necesario cambiar las cláusulas que se establecieron en su día en el traspaso de Rodalies de 2009, algo que de momento no se ha producido.
"No se corresponde" el pago
Llegados a este punto, y con la incidencia de Gavà aún en la memoria, el director general de Transport Ferroviari, Oriol Martori, ha enviado una carta a la directora de Rodalies, Mayte Castillo, en la que asegura que, una vez analizada la documentación correspondiente al 2022 donde se adjuntan facturas por un importe de 25.954.173 euros "entendemos que no se corresponde su pago". De esta cifra, 18.775.487,60 euros son del plan de acción y, el resto, de los cánones de Adif.
Con estos 25,95 millones que la Generalitat se niega a desembolsar, la suma que se adeuda alcanza los 152 millones de euros: 133,43 millones de plan de acción y 43,38 de los cánones.
Carta del secretario
A la carta de Martori del 16 de mayo se suma una segunda misiva al presidente de Renfe por parte del secretario de Movilidad e Infraestructuras, Marc Sanglas, del 18 de mayo, en la que le comunica esa misma circunstancia. Sanglas asegura que han podido "comprobar" que los "datos de producción" del ejercicio en Rodalies "se sitúan de nuevo por debajo de la oferta que se previó para 2011 en el momento de hacerse efectivo el traspaso de servicios".
Esto, prosigue el secretario, hace que como no se ha incrementado la "oferta real del servicio" durante el 2022 "no habría ningún gasto imputable por este concepto a cargo de la Generalitat".
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