Las cuentas catalanas
Presupuestos de Catalunya: ¿en qué consiste el acuerdo Govern-PSC?
El pacto incluye una comisión para plantear que el aeropuerto "gane capacidad", 1.200 millones para sanidad y no toca la carpeta de impuestos
Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Xabi Barrena
Periodista
Periodista de la sección de Política
Tres meses y más de veinte reuniones después, hay acuerdo entre el Govern y el PSC para la aprobación de los presupuestos. Marcada por las desconfianzas mutuas y por la rivalidad electoral, la negociación ha acabado desembocando en un pacto que da oxígeno a la presidencia de Pere Aragonès pero que, al mismo tiempo, hace ganar centralidad al líder de la oposición, Salvador Illa. La entente llega tras cesiones -algunas más sonadas que otras- por ambas partes especialmente en la carpeta de los grandes proyectos que los socialistas pusieron como condición 'sine qua non' para su 'sí' definitivo.
Si bien en la B-40 ERC ha dado su brazo a torcer, la polémica ampliación del aeropuerto del Prat queda ahora en una comisión para plantear que gane capacidad. Los socialistas tampoco han hecho caballo de batalla de los nuevos impuestos pactados con los 'comuns', mientras que han centrado más esfuerzos en apuntalar los 1.200 millones adicionales para la sanidad, un 24% del presupuesto de Salut para la atención primaria y más recursos para barrios y plazas públicas de residencia. A continuación, lo que incluye y lo que no el acuerdo firmado por Aragonès e Illa, que será fiscalizado por una comisión de seguimiento trimestral.
Una comisión que plantee "más capacidad" para el aeropuerto
"Modernizar" y "ganar capacidad" han suplido la petición de "ampliación" que hacían los socialistas para el aeropuerto del Prat. Illa ha dicho sentirse "cómodo" con este planteamiento que se vehiculará a través de una "comisión técnica" entre la Generalitat y la Moncloa durante el 2023. Inicialmente, los socialistas planteaban que se llegara a un acuerdo sobre esta infraestructura durante el primer semestre del año. Además, esta "modernización" debe respetar la biodiversidad, la convivencia vecinal y las directivas ambientales europeas, poniendo énfasis en la preservación del Delta del Llobregat. El aeropuerto no es solo una materia espinosa para la filas republicanas, sino que lo es también para el gobierno de coalición de la Moncloa, ya que Podemos se opone rotundamente al crecimiento de la infraestructura.
Partidas en el aire para los macroproyectos
El PSC ha exigido por activa y por pasiva que haya un "reflejo presupuestario" para los grandes proyectos. ¿Está asegurada esta reclamación? "Cuando sea necesario, sí, cuando no sea necesario, no", ha admitido Illa. Y es que, por ejemplo, en el caso del Hard Rock se ha acordado proseguir con la tramitación ordinaria, un acto de tipo administrativo. En el caso de la B-40, ante la que ERC cedió asumiendo una contradicción interna, se recoge el compromiso de cerrar durante el primer trimestre del año el convenio de financiación. Y, en el caso de Rodalies, que los socialistas pedían que llegara a un acuerdo en dos meses para firmar el contrato programa de la financiación para que la Generalitat gestione el servicio, ha caído la referencia temporal. Para los Comuns, que no haya partidas para estos proyectos es clave para mantener su acuerdo sellado con el Govern.
1.200 millones en Salut y 2.000 plazas de residencias
El presupuesto para sanidad se incrementará en <strong>1.284 millones de euros</strong>. Además, los socialistas han arrancado que el 24% de los recursos de Salut -2.100 millones- se destinen a la atención primaria. En el acuerdo con los Comuns ese porcentaje había quedado ligeramente por debajo. También 30 millones adicionales para la salud mental y 50 millones para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas. El acuerdo con el PSC también incluye la creación de 2.000 nuevas plazas públicas de residencia, así como la reducción a la mitad de los tiempos de valoración de la ley de dependencia.
Más inversión en barrios y renovables
Salvador Illa ha destacado los 54 millones que se destinarán al programa de barrios para la rehabilitación de edificios y la mejora de su eficiencia energética en entornos de vulnerabilidad socioeconómica, unos recursos importantes en clave municipal. El pacto fija 180 millones de euros para acelerar la instalación de fuentes de producción de energía renovable para el autoconsumo doméstico e industrial, cifra que supone un incremento del 50% respecto a las anteriores cuentas. El líder del PSC ha hecho también hincapié en los 75 profesionales que se incorporarán al departamento de Acció Climàtica para acelerar la tramitación de proyectos de energía renovable.
Ninguna novedad en impuestos
El acuerdo entre el Govern y el PSC no incluye ninguna novedad en materia de impuestos. Los socialistas siempre han defendido no abrir este melón y, de hecho, fruncieron el ceño ante las subidas pactadas con los Comuns en patrimonio y pisos vacíos, así como ante el impuesto a los cruceros y los alimentos ultraprocesados. Finalmente, los socialistas no han hecho caballo de batalla de esta cuestión que era otra de las líneas rojas que podía poner en peligro la entente con el grupo de Jéssica Albiach.
El CEO y la Renta Básica, fuera del pacto
Aunque el PSC planteó el pasado 28 de diciembre su "propuesta de mínimos", hay cuestiones en las que ha acabado cediendo. Una de ellas es que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pasara a depender del Parlament, una petición de alto calibre político que finalmente ha quedado fuera. Tampoco menciona el acuerdo el plan piloto de la Renta Básica Universal, al que el Govern prevé destinar 40 millones y que el PSC pedía frenar. Según el Executiu sí que se impulsará y queda recogido en la ley de medidas fiscales y financieras. Lo que sí acepta el Executiu es un plan para reducir en un 10% los entes que dependen de la Generalitat, así como analizar -que no suprimir, como exigía inicialmente Illa- la eficiencia tanto de la delegación del Govern en Barcelona como la de las otras tres provincias.
Seguimiento trimestral
La desconfianza mutua ha impregnado la negociación entre el Govern y el PSC. Lejos de haberse disipado, han acordado una <strong>comisión para fiscalizar</strong> el cumplimiento del acuerdo que estará formada por tres representantes de cada una de las partes y que se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre. En esa comisión también se incluye un "seguimiento" de las ayudas que otorga la Generalitat a los medios de comunicación, así como la reducción de las listas de espera.
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