La regulación de los alquileres reabre la discusión en Junts sobre el control de precios

Junts per Catalunya es un partido ideológicamente plural. Es más, desde su nacimiento puso en marcha oficialmente tres corrientes internas: la de izquierdas, la socialdemócrata y la liberal. Por ello no es de extrañar que cuando se han de tomar decisiones no estrictamente relacionadas con el independentismo, se abra el debate. Es el caso de la nueva ley española para mejorar el acceso a la vivienda y, en concreto, sobre la regulación por ley del precio de los alquileres. Las discrepancias en Junts son antiguas y vienen de la etapa en la que convivía con la posconvergencia del PDECat. Ahora, el debate se reproduce y se evita llevar a la palestra. Para ello, se centra el mensaje público en lo que sí aglutina internamente: la denuncia de que el Gobierno invade el terreno de la Generalitat en esta materia.

El espacio convergente y posconvergente ha evolucionado desde posiciones liberales y ausentes de toda regulación en materia de vivienda, a lo que impulsó el entonces 'conseller' Santi Vila en el Govern de Mas, favorable a penalizar las viviendas vacías. Algo que le valió más de un arañazo interno, porque cuando el tripartito de Maragall planteó en ciertos casos poder expropiar pisos vacíos fue considerado por CiU una auténtica barbaridad intervencionista con aromas comunistas. Luego lo estimuló el Govern independentista en el 2020.

Votaron sí, salvo el PDECat

Con la creación de Junts, la primera prueba de fuego fue la regulación de los precios de los alquileres que incluyó la ley del 2020 del Parlament, que fue un encaje de bolillos mérito en buena medida de las entidades sociales que han hecho presión sistemática en favor del acceso a la vivienda y contra las trabas -desahucios, precios abusivos, cláusulas ilegales, falta de ayudas, pobreza energética- para acceder a un piso digno. En esa votación, los diputados del PDECat se desmarcaron del resto de miembros del grupo de Junts del que formaban parte.

Tampoco el 'conseller' de Territori, con competencias en vivienda, Damià Calvet, veía bien poner un tope a los alquileres, que sí defendía la 'consellera' de Justicia, Ester Capella, de ERC. Como tampoco lo avaló nunca la que fue candidata a alcaldesa de Barcelona, Elsa Artadi, que argumentó -con afirmaciones parciales- que en ciudades como Berlín y París se había dado marcha atrás al respecto. La ley catalana del 2020 fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional a instancias del PP, lo cual da a Junts un argumento doble: primero, se sacude la incomodidad de defender los topes al precio del alquiler porque queda en suspenso, y segundo, puede centrar su discurso en el autogobierno frente a la "invasión de competencias" del Estado.

Y llegamos a la actual regulación estatal, fruto del pacto entre el PSOE y Podemos, que entre otras medidas sí regula los precios para que el acceso a un alquiler no sea una odisea. Nada más conocerse el acuerdo interno en el Gobierno para tirar adelante esta nueva norma, se reunía la ejecutiva de los lunes, en Junts. Ahí se esbozó un primer debate, según fuentes de los participantes en la reunión. Y se constató que existen distintas miradas al respecto. Las favorables y las que lo ven como algo contraproducente porque -ese es el argumento liberal- desincentiva el mercado, desanima a los propietarios que quieren lograr un buen pellizco.

¿Cómo se resuelve este nuevo debate interno? De entrada, con una rueda de prensa una semana después en la que se pone de nuevo el acento en la invasión de competencias, cosa que permite de nuevo desplegar el argumento de que el Govern de ERC apoya la ley española y no defiende el autogobierno. El argumentario interno enviado a los cuadros del partido reza: "El Govern de Catalunya debe hacerse respetar y no lo está haciendo. El Govern de Catalunya ha de saber decir NO. No puede ser que siempre acabemos diciendo que sí a Sánchez, quien siempre gana es el PSOE". El texto también lamenta que no se proteja a los pequeños propietarios ni a sectores como el de la discapacidad.

Trias: "Se puede hacer pero nunca ha funcionado"

En la rueda de prensa, Míriam Nogueras, referente del partido en Madrid, también dejó caer que la regulación de los alquileres no ha funcionad en otros países y apuntó que Junts está por "indexar" de forma flexible y temporal estos precios. Una fórmula con la que se evita un no rotundo.

Preguntado por EL PERIÓDICO, el candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, afirmaba, a la pregunta concreta sobre la limitación del precio del alquiler: "Bueno, se puede limitar en parte, pero nunca ha funcionado bien, esto, hay cosas en la vida que no funcionan; espero que cuando se demuestre que una cosa no funciona, la cambien". Y añadía, como ejemplo, la regulación en Barcelona por la que el 30% de los nuevos bloques de pisos han de ser para uso social: "¿Verdad que se ha demostrado que lo que provoca es que pare la construcción? Pues la idea era buena, desde un punto de vida lógico, social, no está mal para que no se concentre toda la vivienda social en un sitio, pero la manera de aplicarlo es una equivocación total que paraliza la construcción". Trias apostó por cambiar estas medidas por consenso.

Mientras, las voces más progresistas de Junts sí defienden, en privado, que hay que limitar los alquileres, entre otras medidas. El debate, pues, en el partido, sigue abierto. Pero la proximidad de las elecciones municipales obliga a Junts -como a todas las fuerzas con vocación mayoritaria- a transitar por la cuerda floja de los equilibrios, las ambigüedades o los silencios. El programa marco para estas elecciones, avanzado por EL PERIÓDICO, evita referirse al precio máximo de los alquileres en el conjunto de medidas sobre vivienda, que van desde la promoción de vivienda social a la protección de los propietarios con una medida recientemente aprobada en el Parlament y que también obligó a ERC a una posición incómoda: la regulación que permite a los alcaldes expulsar más facilmente a los okupas. El PSC y Ciutadans también avalaron la norma.