Catalunya limita los alquileres abusivos con el ojo puesto en el TC

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles poner coto a los alquileres abusivos en Catalunya con la mirada puesta en una posible impugnación del Tribunal Constitucional (TC) y con la primera fractura entre JxCat y el PDECat en la Cámara catalana. La ley ha salido adelante con 30 votos de ERC –los dos de Demòcrates han votado en contra–, los 8 de los ‘comuns’, los 4 de la CUP y 29 votos de JxCat, ya que los cuatro diputados con carnet del PDECat han roto la disciplina de grupo y se han desmarcado del acuerdo al que llegó JxCat con el Sindicato de Inquilinos para marcar posicionamiento propio después de que el ‘president’ expulsara al partido presidido por David Bonvehí del Govern. 

La redacción de la ley, a la que se ha opuesto Cs, PSC y PPC, fue a cargo del Departament de Justícia –en manos de ERC– y del Sindicato de Inquilinos, y contó con el aval de los cuatro grupos parlamentarios para entrar a registro, pero el 24 de julio, en el debate para tramitar el texto por la vía rápida, los posconvergentes se desdijeron y presentaron hasta ocho enmiendas avaladas por el Departament de Territori a cargo de Damià Calvet, evidenciando el choque entre Conselleries.

Después de varias reuniones zanjadas sin acuerdo, y de que el Sindicato de Inquilinos recurriera tanto al ‘president’ Quim Torra como al ‘expresident’ Carles Puigdemont para forzar una reculada, media hora antes del inicio del debate los posconvergentes rebajaron sus exigencias para escorarse hacia la izquierda y buscar un alejamiento del PDECat, en concordancia con el pretendido giro ahora bajo la marca Junts, y conscientes de que el TC puede dejar sin efecto la ley por invasión de competencias del Estado.

Las medidas

El principal escollo era la definición del propietario vulnerable que queda exento de la norma. Los impulsores y JxCat acordaron situarlo en aquel que no supera 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), lo que representa ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales por unidad familiar –pese a que JxCat pedía un 5,5, traducido en más de 3.000 euros mensuales– e introducir incrementos ponderados de precio en caso de obras de mejora en la vivienda, al margen de las obligadas por ley, hasta un máximo del 20% del precio del alquiler vigente.

La nueva ley, que se aplicará en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat. Los hogares que se alquilen por primera vez, tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona, pero la obra nueva queda exenta para incentivar la construcción de vivienda protegida. La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento.

El sector inmobiliario y las patronales cargaron contra la ley porque "paralizará el sector y reducirá la oferta". La ‘consellera’ de Justícia, Ester Capella, intervino en el debate para celebrar la medida como "un muro contra los abusos": "Somos competentes y ejerceremos las competencias", aseveró aludiendo a posibles impugnaciones.

El PP anunció que recurrirá al tribunal acogiéndose al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que dictaminó en agosto que 11 de los 15 artículos de la ley no se ajustan ni al Estatut ni a la Constitución. Cs también lo estudia. Si quien recurre es un partido, la ley estará en vigor hasta que haya una resolución, pero si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impugna la ley quedará suspendida de inmediato cuando el recurso se admita a trámite.

Fuentes de los ‘comuns’ confían en que Sánchez no la lleve ante TC porque recuerdan que "forma parte del acuerdo de gobierno" y optan por que abra una vía de negociación para una regulación estatal en el ejercicio de sus competencias que coincida con lo aprobado por la Cámara catalana.

 Para Cs esta ley es "postureo" y busca el choque con los tribunales, mientras que el PSC la tacha de "electoralista" porque aseguran que pretende hurgar en la "confrontación".