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vivienda

La Generalitat sí quiere regular el precio de los alquileres

La 'conselleria' de Justícia prepara un proyecto de ley para reformar el código civil catalán que espera llevar al Parlament a finales de año

Gabriel Ubieto

Pancarta de protesta por el incremento de los alquileres en una finca del Poblenou.

Pancarta de protesta por el incremento de los alquileres en una finca del Poblenou. / ÁLVARO MONGE

El Govern de la Generalitat prepara, vía Departament de Justícia, un anteproyecto de ley con el objetivo de regular el precio de los alquileres. Así lo ha hecho público este lunes en rueda de prensa la 'consellera' de Justicia, Ester Capella, que ha previsto llevar a finales de año la iniciativa al Parlament. Capella no ha concretado como piensan articular la regulación y si estará ligada al índice de precios no vinculate del que ya dispone la Generalitat o dependerá de actuaciones concretas de los ayuntamientos. Estos y otros detalles, según ha afirmado la 'consellera', deberán ser consensuados con la 'conselleria' de Economia y con la de Territori i Sostenibilitat.

La decisión de la Generalitat llega tres dias después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara un real decreto para modificar la legislación en materia de alquileres, en el que no incluía ningun mecanismo para la limitación directa de precios. Según cálculos de la Generalitat, vía Incasòl, el precio del alquiler se ha encarecido en los últimos cinco años el 38%, lo que en términos absolutos serían 267 euros de media. "El objeto del contrato debe ser la vivienda, no la especulación", ha defendido la 'consellera'.

Actualmente el precio de los alquileres se regula mediante el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que dicta que "la renta será la que libremente estipulen las partes". La intención del Govern es puentear a la LAU mediante el código civil catalán. Fuentes de la 'conselleria' han argumentado que esta legislación tiene primacia sobre el derecho civil español en aquellos aspectos en los que exista regulación por ambos lados. Partiendo de esta interpretación jurídica, la 'conselleria' pretende ampliar la legislación que ya incorpora el código civil catalán en materia de arrendamientos, como la masovería urbana o los arrendamientos rústicos, para generar una nueva que se extienda a los arrendamientos urbanos y prime sobre la LAU.

Una de las primeras medidas que incorporará el proyecto de ley que se está ultimando desde el Departament de Justicia, a banda de la regulación de precios, es la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler. Con la reciente modificación del Gobierno, actualmente estos son de entre cinco y siete años, según si el arrendador es persona física o jurídica. La Generalitat quiere que la horquilla sea entre seis y 10 años, todavía por concretar.    

El proyecto, liderado desde la 'conselleria' de Justicia, controlada por ERC, promete no desarrollarse exento de polémica. Por un lado, los socios posconvergentes en el Govern de los republicanos pueden no ver la medida con entusiasmo. El PDECat, en el Congreso de los Diputados, se se ha manifestado contrario a una regulación directa de los precios del alquiler.

Por el otro, el real decreto aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros incluía en su disposición final primera que "los artículos primero y segundo de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación civil". Desde la 'conselleria' de Justícia no se descarta que esta iniciativa acabe en un nuevo litigio compentencial. "Pido al Gobierno central que respete las competencias propias de Catalunya", ha declarado Capella.