La enmienda del PSC para frenar el plan piloto de la renta básica prospera con el apoyo de Junts

La mayoría del Parlament ha votado tumbar el plan piloto de la renta básica que pretende impulsar el Govern a través de la ley de medidas fiscales y financieras. El PSC, que abandera la petición, ha logrado el apoyo imprescindible de Junts, así como de Ciutadans, Vox y el PP para que su enmienda haya prosperado en comisión cuando falta tan solo una semana para la votación definitiva de los presupuestos. Si esta mayoría se mantiene -hay tiempo hasta el último minuto para las negociaciones entre el PSC y ERC- el plan piloto decaerá. El partido de Pere Aragonès ha lamentado que esté operando una "alianza sociovergente" y acusa a la formación de Salvador Illa de incumplir el pacto económico sellado.

La renta básica se ha convertido en la nueva carpeta candente entre socialistas y republicanos a pesar del acuerdo alcanzado el pasado 1 de febrero. El PSC ha decidido, finalmente, rechazar las enmiendas que Junts ha presentado a la ley de medidas en defensa de los macroproyectos. Los socialistas han explicitado que, aunque están de acuerdo con la ampliación del aeropuerto del Prat, la aceleración del Hard Rock y la ejecución de la B-40, priorizan ser "leales" con el acuerdo con el Govern, en el que consideran que ya han logrado "desbloquear" estas infraestructuras. "El PSC es un grupo con palabra y cumpliremos", ha asegurado la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero.

Pero con la renta básica no ha habido entente posible con el Executiu. Por los menos hasta ahora. La dirigente socialista ha recordado que mientras que serán fieles al pacto por las cuentas, ERC impulsó la ley de medidas sin consensuarla con los socialistas y que, por lo tanto, se sienten libres de enmendarla. De nuevo, ha subrayado que para su grupo "no tiene sentido" aprobar una asignación de 40 millones para este plan piloto si el Govern se ha comprometido a que este año no se destinará "ninguna partida".

El vía crucis de la minoría

"Lo que tocaría es eliminarlo", ha pedido la portavoz. Con una mayoría incuestionable a favor de este posicionamiento, la petición de frenar el plan se incorpora en el texto de la ley que se tendrá que votar de forma definitiva el viernes 10 de marzo en el Parlament. Hasta entonces, recuerdan los socialistas, hay margen para llegar a un acuerdo con el Govern, pero las mayorías, insisten, son las que son mientras ERC cuenta con tan solo 33 diputados.

De poco han servido las peticiones de los republicanos para que el PSC retire la enmienda, que entienden que supone incumplir con el pasaje del acuerdo de presupuestos que establece que no se desvirtuará "el espíritu" ni de los presupuestos ni de la llamada ley de acompañamiento, donde se recoge el plan piloto. Para el partido de Salvador Illa, por contra, mantener la asignación para este fin supondría, precisamente, alterar lo pactado en las cuentas, en las que no se contempla ninguna partida.

La diputada republicana Raquel Sans ha lamentado la pinza entre socialistas y Junts, y también los argumentos de este último partido. "Estamos hablando de un plan piloto que debe servir para que, cuando seamos un estado independiente, podamos aprobar una medida pionera, innovadora y del siglo XXI", ha argumentado, y ha añadido que, aunque los posconvergentes reprochen los acuerdos entre ERC y PSC, en las votaciones parlamentarias muchas veces se acaba imponiendo una "sociovergencia real".

El ensayo de renta básica fue acordado por ERC y la CUP en el pacto de investidura de Pere Aragonès y es una iniciativa que defienden también los Comuns. Al salir de la comisión, los anticapitalistas han avisado a los republicanos que si finalmente decae serán ellos los "responsables". La diputada Eulàlia Reguant també ha pedido explicaciones a los Comuns y se ha quejado de que hace meses que no tienen "interlocución" con el ejecutivo.

La queja del Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector ha reclamado a los partidos políticos que no retarden más la implementación de la prueba piloto y ha mostrado preocupación por las "trabas" a una medida que considera "indispensable" para avanzar hacia un sistema efectivo para combatir la pobreza. Esta semana se ha hecho público un manifiesto firmado por un centenar de personalidades y dirigentes de la izquierda en el que interpelan a los socialistas para que no entorpezca la puesta en marcha de lo que entienden que es una medida "imprescindible" y que tiene que ser un "derecho que hay que conquistar de forma urgente". La propuesta es que 5.000 catalanes reciban 800 euros al mes durante dos años como prueba de una asignación con vocación de tener carácter universal.

Sin embargo, el PSC argumenta que hay otras prioridades en estos momentos y que esos 40 millones se pueden dedicar a aumentar las tarifas sociales y apoyar a sectores de población más vulnerables. Además, subrayan que Catalunya no tiene capacidad presupuestaria para sostener esta renta para que llegue a todo el mundo.

Aviso por el decreto sobre la sequía

Los socialistas también han sido especialmente severos hoy con el Govern por la gestión de la sequía. Romero ha criticado que Catalunya lleva "una década sin hacer nada" y que durante este tiempo, con ERC y Junts al frente de la Generalitat, se ha reducido el presupuesto de la Agència Catalana de l'Aigua en un 48% y se han reducido las inversiones para combatir la sequía en un 75%. Es por ello que el PSC estudiará si apoya o no el decreto que el Govern ha aprobado esta semana y que deberá ser validado por el Parlament. "Podrían haber buscado nuestra complicidad", ha dejado caer Romero, que ha avanzado que han pedido la comparecencia de la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, para que explique las medidas adoptadas.