Enmiendas a los presupuestos
Junts pone a prueba el acuerdo por los macroproyectos de ERC y el PSC
Los posconvergentes someterán a votación que la B-40 llegue hasta Granollers, como defienden los socialistas, y que el 'conseller' Cambray "no tenga más competencias"
Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
"El tripartito se tiene que aclarar. Ya sabemos como funciona el Dragon Khan, unos dicen una cosa y otros dicen otra". Con esta filosofía verbalizada por Albert Batet, presidente del grupo en el Parlament, Junts se ha propuesto poner a prueba cómo de robusta es la alianza de ERC, Junts y los Comuns, especialmente en los que a los macroproyectos se refiere. Es por eso que vía enmienda forzarán a republicanos y a socialistas en el pleno que debe aprobar definitivamente las cuentas a votar sobre la necesidad de "asegurar y garantizar" que se ejecuta la construcción de la B-40 hasta Granollers, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y la aprobación definitiva y rápida del plan director urbanístico del Hard Rock.
El compromiso que reclama Junts lo han vehiculado a través de las enmiendas a la ley de medidas fiscales y financieras, en la que calculan que el PSC tiene más margen para desmarcarse de la posición de ERC. De hecho, que la B-40 llegue hasta Granollers, y que no solo sea entre Sabadell y Terrassa, ha sido defendido públicamente por Salvador Illa. Los posconvergentes admiten haber mantenido conversaciones previas con los socialistas, aunque advierten de que eso no significa que sus enmiendas a las cuentas, 840 en total, hayan sido pactadas.
"Queremos que se concreten, que no haya ambigüedad", ha defendido Batet. Sobre el aeropuerto, en concreto, piden que se elabore un dictamen sobre todos los espacios protegidos que hay alrededor del aeródromo ante el "silencio clamoroso" tanto del ministerio como de la 'conselleria' de Acció Climàtica. También que se avalúe la "ampliación", concepto que ERC y el PSC esquivaron en su pacto. En el caso del complejo de ocio de Tarragona, la petición es que el PDU se apruebe durante el primer cuadrimestre del año.
Si las enmiendas de Junts sobre estos proyectos son aprobadas por mayoría, serán incluidas en la ley y, por lo tanto, serán de "obligado cumplimiento" para el Govern a pesar de que los Comuns, el tercer socio para garantizar que prosperan las cuentas, son totalmente contrarios.
Esta no es la única votación espinosa que precederá la aprobación definitiva de las cuentas. Junts también señala que a través de la ley de medidas fiscales el Govern aprovecha para dotar de "más competencias" al 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en detrimento, por ejemplo, del Consell Escolar. "Queremos que tenga las mismas, ni más ni menos. Además, tenemos dudas sobre su competencia", ha dejado caer Batet. JxCat espera recabar la complicidad de los socialistas también sobre este asunto.
En materia fiscal, los exsocios de ERC volverán a poner encima de la mesa las propuestas que ya reclamaron durante la negociación de las cuentas y que fueron rechazadas por el Govern de Pere Aragonès. Es el caso de la rebaja del tramo autonómico del IRPF a la rentas más bajas o el incremento de las bonificaciones del impuesto de sucesiones para que queden exentos de pago hasta los 700.000 euros en lugar de los 600.000 actuales. También defienden medidas fiscales para impedir la despoblación de las zonas rurales.
Acuerdos que han quedado fuera
Junts advierte también de que algunas de las 50 medidas que negociaron con ERC y que inicialmente estaban pactadas no han sido finalmente incluidas en los presupuestos, motivo por el que, por ejemplo, reclaman 30 millones para la promoción del catalán o 50 millones para la creación de nuevos contenidos y fomento de la lengua para la CCMA. En el terreno de ganar más soberanía, piden cuatro millones para abrir más delegaciones exteriores -ERC y PSC han acordado centrarse en consolidar las ya existentes- y elaborar un estudio sobre la dependencia económica que tiene Catalunya respecto España para hacer evidente el impacto del déficit fiscal.
Las enmiendas de Junts incluyen también 94 millones para pequeñas y medianas empresas, así como para comercios, para pagar ayudarles a pagar la factura energética, así como 50 millones para los ayuntamientos también para este fin. La ampliación de la desalinizadora del Prat para hacer frente a la sequía, la mejora del salario que cobran los trabajadores de las entidades del tercer sector, que se destine el 25% del presupuesto de Salut a la atención primaria -las cuentas pactadas se quedan un poco por debajo- y ampliar la bonificación por adquisición de vivienda hasta los 35 años son otras de las reclamaciones que llevarán a votación del pleno.
Batet ha defendido la "coherencia" con la que ha actuado su grupo durante toda la negociación presupuestaria y ha reiterado, como hizo ya en el debate que permitió a las cuentas superar el primer trámite, que su enmienda a la totalidad es al proyecto económico, pero también al propio 'president' Aragonès. Junts reivindican que ahora son ellos la "alternativa" al "tripartito autonómico" que, a su juicio, lidera ERC.
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